Las medidas estatales del gobierno de Panamá para enfrentar la pandemia del COVID 19, respecto a establecer circulación diferenciada durante la semana en base al sexo biológico, evidenció una vez más la vulnerabilidad de la población LGTBIQ+ frente a políticas públicas que no tienen en cuenta la diversidad. Y expuso a las personas trans a serias dificultades para enfrentar el aislamiento.

La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal denuncian el “avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.

Se volvió a posicionar contrario a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2012 y declaró que su gobierno tiene una agenda "provida". 

Si bien la Dra. Sandra Peniche continúa estando protegida legalmente por el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a causa de los hechos sucedidos en 2018 (Mérida, Yucatán), el pasado 26 de abril, volvió a ser blanco de agresiones por parte de la policía y autoridades estatales.

Servicios de salud de varios estados de Brasil cortan acceso a métodos anticonceptivos, siendo que las mujeres embarazas son consideradas población de riesgo para el COVID-19. 

La organización feminista Surkuna Ecuador lanzó una convocatoria de formación en La Escuela Feminista de Abogadas Teodora Vásquez, para aquellas profesionales que estén dispuestas a defender a mujeres y profesionales de salud que han sido judicializadas por aborto o  complicaciones obstétricas en partos.

En Perú 56 niñas fueron víctimas de violencia sexual durante el primer mes de cuarentena. Las niñas están en confinamiento con sus agresores. El Estado no actúa tomando medidas acorde a la situación. 

El 12 de marzo del 2020, la CIDH (Corte interamericana de Derechos Humanos) declaró internacionalmente responsable al estado peruano por discriminación, tortura y violación sexual de Azul Rojas, ciudadana trans.

Las denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes disminuyeron en Guatemala durante el mes de marzo de 2020, más no así la violencia. Las medidas impuestas por el Poder Ejecutivo invisibilizan la violencia intrafamiliar.

El aislamiento social impuesto como medida para frenar la propagación del Covid-19, ha limitado la libertad de quienes buscan acceder a un aborto, pero no la determinación de quienes están decididas a hacerlo.

Desde el 2006 la Corte Constitucional de Colombia, a través de su sentencia C-355/06, despenalizó el aborto para aquellos casos en que: el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que hacía inviable su vida, o cuando la gestación era causada por una violación. La legalización total del aborto se estanca en Colombia generando una fuerte restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Tras el aumento exponencial de los casos de feminicidios y de todos los tipos de violencia contra mujeres, niñas y población LGTBIQ, el gobierno emitió un decreto que contempla (al menos en parte) éstas situacionese determinando que no habrá sanciones para mujeres y personas LGTBI que rompan medidas de cuarentena obligatoria.

Bajo la consigna “La cuarentena no congela tus derechos”, tres directoras de cine y publicidad se unieron para promover una campaña en redes sociales y medios nacionales alertando a las autoridades y al resto de la población acerca de las consecuencias que conlleva el aislamiento dispuesto por el gobierno. El confinamiento  agrava las situaciones de violación de los derechos de las mujeres y niñas.