Servicios de salud de varios estados de Brasil cortan acceso a métodos anticonceptivos, siendo que las mujeres embarazas son consideradas población de riesgo para el COVID-19. 

La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal denuncia el “avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.

El Ministerio de Salud afirma que el protocolo de atención a los derechos sexuales y reproductivos existe, pero que no ha sido firmado por las autoridades competentes. Se ha suspendido la toma de exámenes como el PAP y mamografías, además de las campañas y actividades preventivas. El equipo de profesionales advierte, también, sobre las dificultades que están teniendo las mujeres para acceder al aborto. 

Según estudio realizado por enfermeras y obstetras, el 77% de las muertes de mujeres gestantes y puérperas por Covid-19 registradas en el mundo, son de Brasil. 

En Perú desde el inicio de la cuarentena social obligatoria se suspendieron miles de consultas a mujeres embarazadas y en periodo de puerperio. 

UNFPA y ONUMujeres alertan sobre las consecuencias de la suspensión de las políticas de planificación familiar en tiempos de pandemia. 

A 8 años de la muerte de "Esperancita", Rosa Hernández y organizaciones de mujeres hacen llamado al nuevo gobierno para garantizar los derechos de las mujeres

En el marco de una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Diputadas y activistas feministas resaltaron las dificultades que enfrentan actualmente las mujeres argentinas para la garantía y cumplimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, y resaltaron la importancia de no dilatar la discusión del proyecto de Ley IVE a causa de la pandemia por Coronavirus. 

Giammattei pretende cerrar la SEPREM y suplantarla por una comisión presidencial, lo cual implicaría diluir la política de Estado en materia de equidad y derechos hacia mujeres y niñas, en una instancia transitoria, sin organicidad ni peso político o institucional frente a las demás dependencias estatales. 

Esperancita, es una adolescente que murió en 2012 obligada por el Estado Dominicano a continuar un embarazo pese a su diagnóstico de leucemia, negándosele así un tratamiento adecuado a su enfermedad. La mamá presentó el caso en 2018 ante la CIDH y hace unos días atrás este fue admitido. 

Las denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes disminuyeron en Guatemala durante el mes de marzo de 2020, más no así la violencia. Las medidas impuestas por el Poder Ejecutivo invisibilizan la violencia intrafamiliar.

Mujeres colombianas en tiempos de pandemia por coronavirus, deben enfrentar barreras para acceder a la IVE, pese a ser legal por las tres causales