La salvadoreña Evelyn Hernández, es la primer mujer absuelta luego de ser acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo

La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal denuncian el “avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.

Se estrenó el 1 de julio el documental: Encarceladas por aborto en el Salvador. Una producción de CBS. Ampliaremos información. 

El Ministerio de Salud afirma que el protocolo de atención a los derechos sexuales y reproductivos existe, pero que no ha sido firmado por las autoridades competentes. Se ha suspendido la toma de exámenes como el PAP y mamografías, además de las campañas y actividades preventivas. El equipo de profesionales advierte, también, sobre las dificultades que están teniendo las mujeres para acceder al aborto. 

La emergencia sanitaria ha instalado una preocupación urgente sobre la salud de las mujeres: el acceso a atención de salud sexual, reproductiva y al aborto legal.

En el marco de una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Diputadas y activistas feministas resaltaron las dificultades que enfrentan actualmente las mujeres argentinas para la garantía y cumplimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, y resaltaron la importancia de no dilatar la discusión del proyecto de Ley IVE a causa de la pandemia por Coronavirus. 

Giammattei pretende cerrar la SEPREM y suplantarla por una comisión presidencial, lo cual implicaría diluir la política de Estado en materia de equidad y derechos hacia mujeres y niñas, en una instancia transitoria, sin organicidad ni peso político o institucional frente a las demás dependencias estatales. 

El Colegio Médico de Arequipa cuestionó la Directiva Sanitaria para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19, por incluir el acceso de anticonceptivos y el aborto terapéutico (legal en Perú desde 1924 y con un protocolo desde el 2014), durante la emergencia sanitaria.

Esperancita, es una adolescente que murió en 2012 obligada por el Estado Dominicano a continuar un embarazo pese a su diagnóstico de leucemia, negándosele así un tratamiento adecuado a su enfermedad. La mamá presentó el caso en 2018 ante la CIDH y hace unos días atrás este fue admitido. 

Una adolescente de 16 años fue violada por 6 jóvenes en Chubut. El fiscal Fernando Rivarola acordó juicio abreviado y liberación de los acusados. 

Las medidas de confinamiento por la pandemia del COVID 19 aumenta la ya elevada cifra de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador

Las denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes disminuyeron en Guatemala durante el mes de marzo de 2020, más no así la violencia. Las medidas impuestas por el Poder Ejecutivo invisibilizan la violencia intrafamiliar.

Como medida para enfrentar la pandemia por COVID-19, el gobierno de Honduras decretó un estado de sitio y suspensión de las garantías constitucionales a toda la población. En este contexto, en un país donde es penalizado el aborto bajo cualquier circunstancia, se ha aprovechado para hostigar e incluso realizar hallanamientos en aquellas organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hondureñas.

Mujeres colombianas en tiempos de pandemia por coronavirus, deben enfrentar barreras para acceder a la IVE, pese a ser legal por las tres causales

El aislamiento social impuesto como medida para frenar la propagación del Covid-19, ha limitado la libertad de quienes buscan acceder a un aborto, pero no la determinación de quienes están decididas a hacerlo.

Las medidas estatales del gobierno de Panamá para enfrentar la pandemia del COVID 19, respecto a establecer circulación diferenciada durante la semana en base al sexo biológico, evidenció una vez más la vulnerabilidad de la población LGTBIQ+ frente a políticas públicas que no tienen en cuenta la diversidad. Y expuso a las personas trans a serias dificultades para enfrentar el aislamiento.

Tras el aumento exponencial de los casos de feminicidios y de todos los tipos de violencia contra mujeres, niñas y población LGTBIQ, el gobierno emitió un decreto que contempla (al menos en parte) éstas situacionese determinando que no habrá sanciones para mujeres y personas LGTBI que rompan medidas de cuarentena obligatoria.

En Perú 56 niñas fueron víctimas de violencia sexual durante el primer mes de cuarentena. Las niñas están en confinamiento con sus agresores. El Estado no actúa tomando medidas acorde a la situación. 

Servicios de salud de varios estados de Brasil cortan acceso a métodos anticonceptivos, siendo que las mujeres embarazas son consideradas población de riesgo para el COVID-19. 

Si bien la Dra. Sandra Peniche continúa estando protegida legalmente por el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a causa de los hechos sucedidos en 2018 (Mérida, Yucatán), el pasado 26 de abril, volvió a ser blanco de agresiones por parte de la policía y autoridades estatales.