Entre las barreras que ha denunciado la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, se encuentran la disposición de las Entidades promotoras de Salud de entender que la IVE no es un servicio de salud prioritario en tiempos de pandemia, incumpliendo con los plazos administrativos legales para dar respuesta.

Desde hace unas semanas atrás, mujeres hartas de ser violentadas por varones machistas de diferentes ámbitos (musical, académico, cultural, etc) se han juntado para relevar testimonios de estas violencias, denunciarlas y llevarlas a la justicia. 

Las medidas estatales del gobierno de Panamá para enfrentar la pandemia del COVID 19, respecto a establecer circulación diferenciada durante la semana en base al sexo biológico, evidenció una vez más la vulnerabilidad de la población LGTBIQ+ frente a políticas públicas que no tienen en cuenta la diversidad. Y expuso a las personas trans a serias dificultades para enfrentar el aislamiento.

La emergencia sanitaria ha instalado una preocupación urgente sobre la salud de las mujeres: el acceso a la atención de la salud sexual, reproductiva y al aborto legal.

Profesionales de la salud alertan que debido al contexto de pandemia, los diferentes centros de salud han suspendido la realización de exámenes ginecológicos como el PAP y mamografías. El Ministerio de Salud continúa sin aprobar un protocolo de atención a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. 

“La libertad es mi causa” es la consigna bajo la cual 91 organizaciones y 134 activistas por los derechos de las mujeres, que integran el Movimiento Causa Justa, se organizaron para presentar una demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal.

Tras el aumento exponencial de los casos de feminicidios y de todos los tipos de violencia contra mujeres, niñas y población LGTBIQ, el gobierno emitió un decreto que contempla (al menos en parte) estas situacionese determinando que no habrá sanciones para mujeres y personas LGTBI que rompan medidas de cuarentena obligatoria.

Las Comadres, una red feminista de Ecuador que ofrece información a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos con fármacos, ha tenido que cambiar en las últimas semanas sus canales de comunicación. Las llamadas por teléfono se hacen cada vez más difíciles. El aislamiento, impuesto como medida de mitigación por el Covid-19, ha limitado la libertad de quienes buscan acceder a un aborto.

Las denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes disminuyeron en Guatemala durante el mes de marzo de 2020, más no así la violencia. Las medidas impuestas por el Poder Ejecutivo invisibilizan la violencia intrafamiliar.

Servicios de salud de varios estados de Brasil cortan acceso a métodos anticonceptivos, siendo que las mujeres embarazadas son consideradas población de riesgo para el COVID-19. 

En el marco de una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Diputadas y activistas feministas resaltaron las dificultades que enfrentan actualmente las mujeres argentinas para la garantía y cumplimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, y resaltaron la importancia de no dilatar la discusión del proyecto de Ley IVE a causa de la pandemia por Coronavirus. 

Giammattei pretende cerrar la SEPREM y suplantarla por una comisión presidencial, lo cual implicaría diluir la política de Estado en materia de equidad y derechos hacia mujeres y niñas, en una instancia transitoria, sin organicidad ni peso político o institucional frente a las demás dependencias estatales. 

El Colegio Médico de Arequipa cuestionó la Directiva Sanitaria para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19, por incluir el acceso de anticonceptivos y el aborto terapéutico (legal en Perú desde 1924 y con un protocolo desde el 2014), durante la emergencia sanitaria.

Según estudio realizado por enfermeras y obstetras, el 77% de las muertes de mujeres gestantes y puérperas por Covid-19 registradas en el mundo, son de Brasil. 

Desde que empezó el estado de emergencia en el Perú, se suspendieron los controles prenatales. Hoy unas 550 mil mujeres y sus bebés corren mayor riesgo al no contar con las indicaciones ni la atención necesaria. La decana del Colegio Nacional de Obstetras, Margarita Pérez, remarca la urgencia de que exista un protocolo de atención a mujeres embarazadas durante la pandemia.

La pandemia por COVID-19 desbordó un sistema de salud ya precario. La crisis sanitaria alcanzó también a otros servicios de salud, como el de la atención a embarazadas. El Observatorio en Salud Reproductiva de Guatemala (OSAR) expone cifras que dan cuenta de las consecuencias en la desatención de estos derechos esenciales.

Con la llegada de la pandemia, los esfuerzos del Ministerio de Salud se concentraron en frenar su propagación y atender a las personas portadoras del virus, dejando de lado la atención a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas. En concreto se dejaron de desarrollar (por falta de recursos económicos y humanos) programas que permitían el acceso a métodos anticonceptivos a las mujeres de diferentes partes del país. 

En contexto de pandemia, han aumentado de manera alarmante las barreras de acceso a métodos anticonceptivos. La suspensión de consultas en alrededor de ocho mil centros y postas del sistema público de salud impidió la entrega gratuita de métodos anticonceptivos de corta duración. Sumadas las mujeres que tendrán restricciones de acceso por ambas vía (provisión pública y adquisición privada) un total de 119.111 mujeres peruanas discontinuarán el uso de métodos anticonceptivos modernos.

La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal denuncia el “avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.

Garota de 10 anos, vítima de estupro, enfrenta batalha judicial para ter direito ao aborto garantido e após autorização sofre ataques de fundamentalistas em frente a hospital. Diversas organizações feministas estão em ampla mobilização e em vigília para proteger a vida da menina e os direitos reprodutivos de todas as mulheres brasileiras. 

Cientos de niñas y adolescentes sufren embarazos forzados producto de violación y del olvido del gobierno peruano, que las revictimiza y tortura al impedirles el acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) y al aborto terapéutico. Durante la cuarentena se denunciaron 786 violaciones sexuales, pero solo 250 víctimas recibieron el Kit de Emergencia que contiene la AOE.

Son 11 los proyectos que ya empezaron a discutirse en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Más allá de las particularidades de cada uno, la ley supondría la incorporación de 40.000 personas trans y travestis al mercado laboral formal.

Garota de 10 anos, vítima de estupro, enfrenta batalha judicial para ter direito ao aborto garantido e após autorização sofre ataques de fundamentalistas em frente a hospital.

La Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, conformada por más de 80 instituciones, y el Foro Feminista demandan la despenalización del aborto en las tres causales en el Código Penal y rechazan que las tres causales se envíen a una supuesta ley especial.

Bajo la consigna “La cuarentena no congela tus derechos”, tres directoras de cine y publicidad se unieron para promover una campaña en redes sociales y medios nacionales alertando a las autoridades y al resto de la población acerca de las consecuencias que conlleva el aislamiento dispuesto por el gobierno. El confinamiento  agrava las situaciones de violación de los derechos de las mujeres y niñas.

A 8 años de la muerte de "Esperancita", Rosa Hernández y organizaciones de mujeres hacen llamado al nuevo gobierno para garantizar los derechos de las mujeres

Esperancita, es una adolescente que murió en 2012 obligada por el Estado Dominicano a continuar un embarazo pese a su diagnóstico de leucemia, negándosele así un tratamiento adecuado a su enfermedad. La mamá presentó el caso en 2018 ante la CIDH y hace unos días atrás este fue admitido.