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Ministro de Salud de Jujuy interpone barreras para negar acceso a la ILE a una niña violada

Jujuy, Argentina
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-05-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Pagina12
  • Fecha de la alerta18-01-2019

Descripción

La niña de 12 años acudió con su mamá al Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" por un fuerte dolor abdominal. Luego de realizarle estudios médicos, se constató que la menor estaba embarazada de más de 5 meses producto de una violación por parte de un hombre de más de 60 años. 

Inmediatamente, madre e hija solicitaron acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE). El personal de Hospital interpuso barreras para evitar el acceso.

Finalmente la obligaron a un parto forzado mediante la realización de una césarea ya que querían que el recién nacido fuera dado en adopción. El recién nacido falleció a los 4 días de nacer.

El caso esta en vía judicial y la niña asistió a Cámara Gesell y realziaron pruebas de ADN que confirman la identidad del violador. 

El reclamo de las organizaciones feministas

Integrantes de la Asamblea Ampliada de Organizaciones e Independientes por los Derechos de las Mujeres reclaman que no se respetó el protocolo ILE. Piden la renuncia del ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, al que denuncian penalmente junto a los directivos del hospital de San Pedro y del Materno Infantil, por incumplimiento de deberes de funcionario.

En relación al Consenso de Montevideo

Argentina es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Este tipo de hechos contravienen entre otras medidas: 

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;

35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos. 

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.
 

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