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Le hicieron cesárea a niña de 11 años víctima de violencia sexual

Tucumán, Argentina
Alertas Latentes
Última Actualización: 14-03-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Medios de prensa locales
  • Fecha de la alerta23-01-2019

Descripción

La niña de 11 años de edad junto a su madre, desde el 23 de enero momento en que se enteraron que la menor estaba embarazada, han solicitado la interrupción legal del embarazo (ILE) y todavía siguen esperando el acceso a dicho procedimiento. 

El embarazo fue detectado el 23 de enero, en el Centro de en un Atención Primaria de la Salud, de la localidad de Siete de Abril, departamento de Burruyacú, cerca de la frontera con Santiago del Estero. El 31 de enero la derivaron al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán, luego de que intentará suicidarse dos veces.

No pude acceder a la ILE y en la noche del 26 de febrero le practicaron una cesárea.  

El impedimento al acceso de la ILE configura un incumpliendo al “Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual”, que aprobó el Poder Ejecutivo y el Judicial de Tucumán en julio de 2015. El mismo establece que se debe cumplir con los protocolos de Nación en casos de violencia sexual y que el sistema de salud debe ofrecer y garantizar la interrupción legal de embarazo como opción terapéutica en caso de embarazo forzado.

La Asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) realizó un relevamiento en el 2018 en los cinco hospitales que hay en dicha provincia, y constataron que hay desabastecimiento de métodos anticonceptivos. La abogada Soledad Deza de CDD manifestó que “La otra barrera para el acceso a la anticoncepción y también a los abortos legales es la fuerte presencia de objetores de conciencia en el ámbito de la salud pública”.

En concordancia con lo antes dicho, es relevante mencionar que Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable.

Según datos extraídos de un editorail de Página/12, los indicadores muestran en Tucumán las consecuencias de la ausencia políticas públicas consistentes en salud sexual y reproductiva: en 2015, 2069 mujeres ingresaron a hospitales públicos con complicaciones de abortos. Tucumán se encuentra entre las 10 provincias con tasa más alta de embarazo adolescente: el 19 por ciento de los nacimientos corresponden a chicas menores de 20 años, de acuerdo con estadísticas oficiales, cuando el promedio nacional es de alrededor de 15 por ciento. Casi 7 de cada 10 de las adolescentes que se convirtieron en madres en 2015 declaró que no había buscado quedar embarazada, de acuerdo con los registros del Sistema Informático Perinatal. Son estadísticas oficiales.

En relación al Consenso de Montevideo

Argentina es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Este tipo de sucesos contravienen entre otras medidas: 

7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;

11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva
del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;

12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional
e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos  anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes
y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual;

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo,
la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños. 

 

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