• Sitio en búsqueda permanente de alertas
  • Alertas Latentes

    Medidas para enfrentar el COVID-19 alertan sobre transfobia institucional

    Policía Nacional, Panamá Detalles

      Las medidas estatales del gobierno de Panamá para enfrentar la pandemia del COVID 19, respecto a establecer circulación diferenciada durante la semana en base al sexo biológico, evidenció una vez más la vulnerabilidad de la población LGTBIQ+ frente a políticas públicas que no tienen en cuenta la diversidad. Y expuso a las personas trans a serias dificultades para enfrentar el aislamiento.

  • Alertas Latentes

    Avasallamiento de los derechos sexuales y reproductivos durante emergencia sanitaria

    Montevideo Departamento de Montevideo, Uruguay Detalles

      La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal denuncian el “avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.

  • Alertas Latentes

    Peligrosas declaraciones del Presidente Luis Lacalle Pou sobre el aborto.

    Montevideo Departamento de Montevideo, Uruguay Detalles

      Se volvió a posicionar contrario a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2012 y declaró que su gobierno tiene una agenda "provida". 

  • Alertas Latentes

    Vuelven a hostigar a la Dra. Sandra Peniche.

    Yucatán, México Detalles

      Si bien la Dra. Sandra Peniche continúa estando protegida legalmente por el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a causa de los hechos sucedidos en 2018 (Mérida, Yucatán), el pasado 26 de abril, volvió a ser blanco de agresiones por parte de la policía y autoridades estatales.

  • Alertas Latentes

    Dificultad de acceso a métodos y procedimientos anticonceptivos por crisis sanitaria.

    Brasilia - Distrito Federal, Brasil Detalles

      Servicios de salud de varios estados de Brasil cortan acceso a métodos anticonceptivos, siendo que las mujeres embarazas son consideradas población de riesgo para el COVID-19. 

  • Avance

    Lanzamiento de escuela Feminista de Abogadas

    , Ecuador Detalles

      La organización feminista Surkuna Ecuador lanzó una convocatoria de formación en La Escuela Feminista de Abogadas Teodora Vásquez, para aquellas profesionales que estén dispuestas a defender a mujeres y profesionales de salud que han sido judicializadas por aborto o  complicaciones obstétricas en partos.

  • Alertas Latentes

    56 niñas fueron violadas durante el primer mes de cuarentena

    , Perú Detalles

      En Perú 56 niñas fueron víctimas de violencia sexual durante el primer mes de cuarentena. Las niñas están en confinamiento con sus agresores. El Estado no actúa tomando medidas acorde a la situación. 

  • Caso Emblemático

    Condena de la CIDH al Estado peruano por violación de derechos a una persona LGTBIQ

    , Perú Detalles

      El 12 de marzo del 2020, la CIDH (Corte interamericana de Derechos Humanos) declaró internacionalmente responsable al estado peruano por discriminación, tortura y violación sexual de Azul Rojas, ciudadana trans.

  • Alertas Latentes

    Medidas por COVID-19 generan barreras para la denuncia de situaciones de violencia

    , Guatemala Detalles

      Las denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes disminuyeron en Guatemala durante el mes de marzo de 2020, más no así la violencia. Las medidas impuestas por el Poder Ejecutivo invisibilizan la violencia intrafamiliar.

  • Alertas Latentes

    Un aborto clandestino e inseguro al igual que el Covid-19 también puede ser mortal.

    Quito, Ecuador Detalles

      El aislamiento social impuesto como medida para frenar la propagación del Covid-19, ha limitado la libertad de quienes buscan acceder a un aborto, pero no la determinación de quienes están decididas a hacerlo.

  • Alertas Latentes

    Colombia coloca un freno respecto a la despenalización del aborto

    , Colombia Detalles

      Desde el 2006 la Corte Constitucional de Colombia, a través de su sentencia C-355/06, despenalizó el aborto para aquellos casos en que: el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que hacía inviable su vida, o cuando la gestación era causada por una violación. La legalización total del aborto se estanca en Colombia generando una fuerte restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

  • Avance

    Gobierno argentino emite un decreto para personas que se encuentran en situación de violencia

    Buenos Aires, Argentina Detalles

      Tras el aumento exponencial de los casos de feminicidios y de todos los tipos de violencia contra mujeres, niñas y población LGTBIQ, el gobierno emitió un decreto que contempla (al menos en parte) éstas situacionese determinando que no habrá sanciones para mujeres y personas LGTBI que rompan medidas de cuarentena obligatoria.

  • En Campaña

    La cuarentena no congela tus derechos. #AislamientoNoEsSilencio

    , Argentina Detalles

      Bajo la consigna “La cuarentena no congela tus derechos”, tres directoras de cine y publicidad se unieron para promover una campaña en redes sociales y medios nacionales alertando a las autoridades y al resto de la población acerca de las consecuencias que conlleva el aislamiento dispuesto por el gobierno. El confinamiento  agrava las situaciones de violación de los derechos de las mujeres y niñas.

Salió a luz caso de trata con fines de explotación sexual y laboral

Las Piedras Departamento de Canelones, Uruguay
Alertas Latentes
Última Actualización: 23-07-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Fiscalía General de la Nación
  • Fecha de la alerta21-03-2019
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

La Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras inició la investigación luego de conocer que una joven de 20 años era víctima de trata con fines de explotación sexual y laboral.

El caso

Una mujer de 42 años y su hija de 23 fueron detenidas por el delito de trata con fines de explotación sexual y laboral.

Hace seis años estas mujeres le dieron lugar para vivir en su casa a una adolescente que en ese momento tenía 14 años. La joven, que actualmente tiene 20 años, fue obligada a prostituirse y a trabajar en la casa en tareas domésticas. 

De acuerdo al documento de Fiscalía, al poco tiempo de que fue llevada a vivir a la casa, fue obligada a ocuparse de todos los quehaceres, obligándola a trabajar diariamente desde las 05.00 am hasta las 01.00 am del día siguiente.

Según el pedido de formalización de Fiscalía "Lo único que recibía era un plato de comida al día. Prácticamente a diario la mujer de 42 años la castigaba físicamente con golpes de puño, golpes con palos, y arañazos en la cara entre otros maltratos.

Nunca recibió salario por su trabajo, no se le compraba ropa, usaba la que dejaban en mal estado otros miembros de la familia, y muchas veces la comida a la que accedía era la de descarte, la que otros dejaban, las sobras. 

Cuando la victima tenia 16 años se fueron a vivir a una quinta ubicada en Canelon Chico allí ademas de continuar con las tareas del hogar debía alimentar y limpiar los cerdos que criaban. Era común verla en invierno descalza, sin ropa adecuada trabajando a la intemperie.

Varios testigos manifestaron en su interrogatorio que la víctima se encontraba en régimen de esclavitud. Pero lo peor aun fue cuando una de las victimarias comenzó a recibir dinero de empleados del establecimiento a cambio de mantener relaciones sexuales con esta menor, así fue como quedó embarazada de dos hijos cuya paternidad no se conoce con certeza todavía".

En Marzo de 2018 la coimputada comenzó a llevar a la víctima para que ejerciera la prostitución contra su voluntad, hizo y repartió tarjetas con datos y contactos para obtener clientes. El resto de las meretrices que paraban en el lugar la veían llegar golpeada, con hematomas, la cara rasgada y llorando.

Investigación:

La investigación preliminar comenzó los primeros días de setiembre de 2018 por parte de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Fiscalía. 

De forma inmediata pusieron en conocimiento a la Unidad de Víctimas y Testigos (UvyT) de la Fiscalía General de la Nación y se comenzó a abordar la situación a los efectos de brindar los primeros auxilios psicológicos a la víctima, generando mecanismos para su protección.

En tal sentido, se relocalizó a la víctima de forma transitoria en un lugar seguro y en acuerdo con el equipo fiscal y la UvyT se dispuso custodia policial. Al mismo tiempo, se coordinaron con otros servicios del Estado para la atención integral de la víctima, entre ellos ASSE y el servicio de atención del INMUJERES.

En relación al Consenso de Montevideo

Uruguay es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Este tipo de hechos contravienen, entre otras medidas: 

7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;

16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño;

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;

57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo 24 culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

58. Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.
 

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