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Justicia declara infundada demanda contra el enfoque de género en la educación

Independencia,
Avance
Última Actualización: 29-05-2019
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  • Tipo de Alerta Avance
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta04-04-2019

Descripción

A fines de 2016, Padres en Acción (PEA) interpuso una demanda contra el Ministerio de Educación (MINEDU) por la propuesta de implementar el enfoque de género en la curricula educativa. 

PEA alegó que el MINEDU no cumplió con consultar a los padres de familia sobre esta política, además de argumentar que se estaba violando la libertad de los padres a decidir qué tipo de educación desean darle a sus hijos.

La acción de PEA objetaba particularmente un párrafo de todo el acápite referido al enfoque de género en el currículo.

"Si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones", es el párrafo que PEA demandaba ser sacado del currículo.

El colectivo, asociado a organizaciones religiosas evangélicas y sectores conservadores de la Iglesia Católica, denunció que el enfoque de género se trataba de una "ideología de género" que buscaba alterar las nociones acerca del sexo a los escolares.

Con la medida tomada por el Poder Judicial el miércoles 3 de abril, la cuestión ha sido zanjada a nivel nacional y el enfoque de género podrá ser implementado en su integridad en las escuelas de Perú.

En relación al Consenso de Montevideo

Perú es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Dicho dictamen favorece el cumplimiento de las siguientes medidas:

11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;

34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas. 
 

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