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Última Actualización: 14-06-2018
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  • Tipo de Alerta En Campaña
  • Fuente http://las17.org/
  • Fecha de la alerta13-07-2007

Descripción

Las 17 El Salvador

Las 17 es una campaña que hace referencia a 17 casos de mujeres que fueron procesadas por el delito de homicidio y aborto.

Las 17 han sido condenadas por homicidio agravado aunque hayan presentado pruebas de que la interrupción de su embarazo había sido natural. Pero la justicia no las ha escuchado. El Salvador las ha sentenciado a penas de cárcel de entre 12 y 40 años. Estas sanciones ponen de manifiesto la discriminación que sufren las mujeres en el país y la violación flagrante a sus Derechos Humanos.

El 1° de Abril de 2014, se presentaron a la Asamblea Legislativa de El Salvador, 17 solicitudes de indulto, uno por cada mujer condenada en circunstancias sumamente injustas. Para todas ellas no hay otro camino, se han agotado las posibilidades de defensa judicial por otras vías.

Todas mujeres pobres, que por diversos problemas obstétricos durante la gestación, perdieron su embarazo sin recibir asistencia médica, por lo que llegaron desangrándose a los centros de salud, desde donde se las denunció, recibiendo procesamiento y condena por homicidio agravado, dejando el hospital para pasar a la cárcel.

Todas vieron violado su derecho fundamental de presunción de inocencia,y prescindieron de una defensa efectiva, puesto que la misma fue llevada adelante por defensores de oficio que no presentaban argumentos de peso en la defensa, llegando hasta en algunos casos a desconocer el nombre de sus defendidas.

Todo esto sucede en un contexto de penalización absoluta del aborto en El Salvador, donde el Estado no solo deja indefensas a las mujeres sino que ejerce una acción violenta sobre ellas, desde no ofrecerles una adecuada defensa y la garantía al derecho a defenderse, hasta la violación de sus derechos fundamentales en las cárceles.

El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El Código Penal de 1998 eliminó las causales en las que el aborto se encontraba despenalizado, en los siguientes casos: 1) caso de riesgo para la vida de la mujer; 2) casos de violación o estupro; y 3) caso de graves malformaciones en el feto.

Asimismo, en enero de 1999, se reformó el artículo N°1 de la Constitución Política, donde se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción.

La penalización del aborto tiene consecuencias directas en la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, en todos los casos se violan los derechos al debido proceso, a la vida, a la salud, a la integridad física y mental y a estar libre tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, se violan el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la privacidad, el derecho al trato digno en situaciones de privación de libertad y el derecho a estar libre de violencia.

Si bien el país ha recibido recomendaciones internacionales, como de la OEA a través de CIDH, así como de la ONU, y de Amnistía Internacional, y que en agosto de 2017 se presentaron más de 89.000 firmas con una petición al Parlamento para que se contemple el aborto con determinadas causales, no hay un avance en este aspecto, ni una intención en la voluntad política salvadoreña de que esto suceda. Mientras tanto muchas mujeres, en su mayoría pobres, sufren las consecuencias de que abortar en cualquier circunstancia sea tratado como un delito.

Recientemente, en febrero de 2018,  el periódico digital “El faro”, presentó un informe completo denominado “El privilegio de abortar”, donde pone de manifiesto la insostenible situación que vive El Salvador en cuanto a la interrupción del embarazo, allí se evidencia la brecha entre mujeres pobres y mujeres ricas, el calvario que viven en las cárceles aquellas acusadas de abortar, el alto índice de muerte materna a causa de embarazos de alto riesgo, las consecuencias permanentes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el rol de los médicos, pero sobre todo, la omisión del Estado Salvadoreño frente a su responsabilidad como garante del derecho a la vida, y a la salud de las mujeres.

Noviembre de 2017-CIDH realiza visita de trabajo a El Salvador.

Entre el 20 y 22 de noviembre la CIDH visitó a El Salvador con el objetivo de monitorear la situación de los derechos humanos en este país, especialmente los derechos humanos de las niñas y mujeres.

La delegación mantuvo reuniones con diversas autoridades de los tres poderes del Estado, accediendo a información relativa a la legislación, políticas nacionales y mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y de las niñas.

Del mismo modo los especialistas de la CIDH se reunieron con representantes de diversas agencias de Naciones Unidas presentes en el país y con organizaciones de la sociedad civil. En estas instancias abordaron especialmente la situación de las mujeres y niñas en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, a la participación política, a la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes y a los desafíos que siguen enfrentando las niñas y las adolescentes en el país.

En particular, las organizaciones enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez destacaron la prevalencia de la discriminación y de la violencia de género contra las niñas y las mujeres, que abarca además un tratamiento diferencial a las mujeres con discapacidad, las cuales sufren la práctica de esterilizaciones forzadas y de interrupciones forzadas del embarazo.

Por otra parte, diversas organizaciones de derechos humanos informaron principalmente sobre los desafíos relacionados con las violaciones a los derechos humanos derivadas de la situación de inseguridad ciudadana, así como los obstáculos a los que se enfrentan personas pertenecientes a grupos en situación de especial de vulnerabilidad, como las personas LGBTI, las mujeres defensoras de derechos humanos, las mujeres periodistas y las mujeres con discapacidad.

Las conclusiones de la visita en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, es que la situación es preocupante. Las informaciones obtenidas por la Comisión demuestran que los esfuerzos realizados por el Estado son insuficientes. Representantes de la sociedad civil han informado que la disponibilidad de métodos anticonceptivos es insuficiente en el territorio nacional. De la misma forma, ante la prevalencia del virus Zika en el país y los potenciales riesgos para mujeres y niñas ligados a la infección del virus, la CIDH llama al Estado a implementar campañas de prevención y de educación sexual, y a fortalecer los mecanismos y protocolos de atención de salud y de atención materna a las mujeres en riesgo o afectadas por este virus.

La actuación del Estado salvadoreño ha sido pobre, y no alcanza para reparar los derechos lesionados tanto de las 17 como de todas las mujeres que en ese país se practiquen un aborto: 

-  En las solicitudes de 17 indultos únicamente dos fueron aprobados por la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, argumentando razones de equidad y de justicia, pero negándolo a las otras 15 mujeres que sufrieron situaciones similares.

- Se ha conseguido que 3 Tribunales de Sentencia reconozcan error jurídico después de 7 años de cárcel, sin embargo no aprobaron reparación a ninguna por los daños causados.

- Se ha conseguido la conmutación de pena a 5 mujeres y a otras beneficios penitenciarios, mediante los cuales han logrado salir de la cárcel, pero con la condena vigente.

En relación al Consenso de Montevideo

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