• Tipo de Alerta Avance
• Fuente Redes feministas
• Fecha de la alerta17-04-2019
• Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

En las disposiciones específicas para personas víctimas de violación sexual (pp. 24-26) se menciona expresamente que:

-El personal de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) bajo responsabilidad informará a las víctimas sobre su derecho a la atención integral, lo que incluye la Anticoncepción Oral de Emergencia, antirretrovirales y el “derecho a ser evaluada integralmente por un establecimiento de salud para que se determine si […] se pone en riesgo su vida o genera un riesgo en salud grave o permanente” (XVI, literal b).

-El personal del CEM, bajo responsabilidad, garantiza la adecuada referencia a un establecimiento de salud en el más breve tiempo posible […]” (XVI, literal c)

-Los establecimientos de salud deben informar a las víctimas, bajo responsabilidad, de su derecho a ser evaluada integralmente, lo que incluye “el estado físico y mental, así como la edad de la víctima, como aspectos fundamentales para determinar el riesgo de vida o mal grave o permanente en salud y su recuperación integral. En caso el establecimiento de salud determine en la víctima la existencia de riesgo de vida o un mal grave o permanente en su salud, aplica la Guía Técnica correspondiente” (XVI, literal d).

-“Si es necesario, la víctima es trasladad al establecimiento de salud que permita la evaluación especializada, adjuntando la información inicial” (XVI, literal g).

Para ampliar más la información acceder al Decreto Supremo

En relación al Consenso de Montevideo

Perú es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Con dicho avance se favorecen el cumplimiento de las siguientes medidas:

37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;

38. Promover la prevención y la detección oportuna y garantizar el acceso universal al tratamiento integral del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual, y eliminar el estigma y la discriminación de que suelen ser víctimas las personas que viven con el virus;

39. Fortalecer las medida de detección del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas, y de prevención de la transmisión vertical del virus;

56. Establecer mecanismos de prevención, presentación de quejas y sanción de las prácticas de hostigamiento y acoso sexual y laboral, así como otras formas de asedio y violencia contra las mujeres y los hombres, especialmente en el espacio laboral y educativo.

57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.