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Se juntaron firmas para derogar por referéndum la ley integral para personas transexuales

, Uruguay
Alertas Latentes
Última Actualización: 11-06-2019
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  • Fecha de la alerta11-06-2019

Descripción

El  25 de mayo se presentaron en la Corte Electoral 69.630 firmas que habilitaron la convocatoria a un pre referéndum, que se llevará a cabo el próximo 4 de agosto de 2019. Aquellos que concurran a votar y quieran que el futuro de la norma se dirima mediante una consulta popular,  tienen que alcanzar algo más de 650.000 adhesiones, un 25% del padrón electoral. 

Frente a este hecho varias instituciones declararon su preocupación. En primer lugar, Juan Faroppa, uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirmó que “las leyes que otorgan derechos, que pueden ser identificados como derechos humanos, no son sometibles a plebiscito, según una convención internacional ratificada por Uruguay”.  Faroppa declaró que los derechos universales, después que se reconocen no se puede volver atrás, son irreversibles, y, entre otras características, está que no son plebiscitables, “no pueden ser sometidos a voluntad popular derechos que ya han sido reconocidos”, explicó.

En la misma línea Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tomó nota de la “preocupante información” de que la Corte Electoral aprobó un pre-referéndum para derogar dicha ley. Teniendo en cuenta que la identidad de género es un derecho humano ve con preocupación que un derecho humano “sea refrendado”. 
 
Los integrantes de la campaña a favor de la ley presentaron una denuncia penal contra líderes visibles de la recolección por incitación al odio y de juntar las firmas con engaños. Alegando que se violaron los artículos 148, 149 bis y 347 del Código Penal. El artículo 148 dice: “El que hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. El 149 bis establece que la pena para quien “públicamente o mediante cualquier medio” incite “al odio o al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual” será de tres a dieciocho meses de prisión. El 347 dice: "El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría".

En relación al Consenso de Montevideo

Uruguay es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Estos hechos contravienen especialmente las siguientes medidas del Consenso:

34: Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva;

35: Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

36: Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación;

57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo 24 culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.
 

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