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Prohibición de método anticonceptivo de emergencia

, Honduras
Alertas Latentes
Última Actualización: 01-09-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente http://derechosdelamujer.org/
  • Fecha de la alerta10-12-2017
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Honduras: Prohibición de método anticonceptivo de emergencia

En Honduras el aborto es penado de 3 a 10 años de cárcel y no es permitido en ninguna de sus formas según los artículos 126, 127, 128 y 132 del Código Penal. Asimismo, la Constitución Política establece en el artículo N° 65 el derecho a la vida y en el artículo N° 67 establece que “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”.

Por su lado, en abril del 2009 el Congreso de la República aprobó el Decreto N° 54/2009, que penalizaba la anticoncepción de emergencia, bajo la concepción de que el embarazo ocurre en el momento de la fecundación y no la implantación, considerando de esta manera que la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) es abortiva.

Dicho decreto, fue vetado por inconstitucional por el entonces Presidente de la República de Honduras. Sin embargo, en octubre del mismo año (cuatro meses después del Golpe de Estado) la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo N°2744, por el cual se estableció que se debía: “prohibir la promoción, el uso, venta y compra relacionada con la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia, en farmacias droguerías o cualquier otro medio de adquisición”.

La prohibición del uso de las PAE tiene consecuencias negativas en la protección de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en términos de violencia sexual, embarazo adolescente y mortalidad materna. Del mismo modo debe considerarse que el acceso a métodos anticonceptivos en general en Honduras es muy limitado, lo cual hace que previa a la anticoncepción de emergencia, las mujeres hondureñas, especialmente aquellas más vulnerables, carezcan de mecanismos para establecer el número e intervalo entre sus hijos. Por otra parte, las mujeres indígenas aparecen como especialmente afectadas, lo que agrega el factor étnico al panorama.

En relación al Consenso de Montevideo

Honduras es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Esta prohibición contraviene especialmente el cumplimiento de las siguientes medidas:

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

15. Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia;

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;

35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas

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