• Tipo de Alerta Alertas Latentes
• Fuente Medios de prensa
• Fecha de la alerta01-05-2019
• Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Majandra es abogada y activista transexual, lleva más de una década de lucha por los derechos de las personas LGTBIQ. Se vió obligada a huir de su país luego de sufrir durante un año amenazas contra su vida, que se materializaron con un atentado a su integridad al salir de su hogar.

Majandra encontró en su profesión una excusa para poder viajar a Europa. Se matriculó en un curso de derechos humanos y, una vez aquí, formalizó una solicitud de asilo que fue admitida a trámite en mayo.

En una entrevista en Madrid a El Mundo, relató: "la pesadilla comenzó hace un año, cuando empecé a recibir amenazas de muerte: 'Tú sabes lo que dices y lo que piensas maricón de mierda'. Más tarde, se materializaron en un tiro que me pegaron dos hombres que me esperaban en la puerta de mi casa, y que logré esquivar. Es entonces cuando entendí que lo único que podía hacer era marcharme", explica Majandra durante la entrevista al El mundo en Madrid.

La abogada de 39 años es una de las caras visibles en las denuncias del desamparo que padece su colectivo por parte de las autoridades y de la Justicia: "El Gobierno peruano bloquea normativas relacionadas con la promoción y la protección de derechos humanos de las personas LGTBIQ. No existe una ley específica para este tipo de delitos de odio, de hecho muchos miembros del Ejecutivo nos llaman los 'no normados', porque no existimos en ninguna legislación". También denunció en los 'años del plomo' los crímenes de los grupos terroristas de su país contra los homosexuales, lo que la puso en el punto de mira de aquellos que habían quedado libres o de facciones que resisten.

La sociedad es la otra pata de la desprotección. Los grupos fundamentalistas ultra religiosos son los más agresivos contra el colectivo LGTBIQ. "Se hacen llamar 'Con mis hijos no te metas' y utilizan al niño alegando que las personas de mi condición vamos a pervertir a los menores, que las políticas progresistas están enfocadas a la  homosexualización' de sus hijos. Son grupos muy peligrosos que se están convirtiendo en formaciones políticas", explica la activista.  Advierte que  "hay una corriente de retroceso social provocada por los grupos ultraconservadores que se están enquistados en los parlamentos. Se produce una legitimación de los delitos que promueve la impunidad", advierte Majandra.

Majandra se ha hecho muchas veces la misma pregunta: ¿Por qué tanta crudeza, de dónde nace tanto odio y frustración? "El pensamiento machista imperante en América Latina odia la renuncia que hace una persona transgénero de su hombría", reflexiona.

En relación al Consenso de Montevideo

Perú es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.
El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Estos hechos contravienen especialmente las siguientes medidas del Consenso:

11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia; 

34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva; 

35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales; 

36. Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación; 

37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;

57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.