• Tipo de Alerta Alertas Latentes
• Fuente Medios de prensa locales
• Fecha de la alerta28-06-2019
• Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Patricia Solorza se encontraba desde hacía 6 años presa por abortar. Un día comenzó a sentirse mal y solicitó numerosas veces atención médica por dolor abdominal, tardaron dos meses  en registrar su pedido. Cuando ingresó al hospital de José León Suárez, los médicos no pudieron operarla de urgencia debido a la inflamación de la vesícula. 

Murió días después a consecuencia de una infección generalizada, esposada a una cama de terapia intensiva del hospital de José León Suárez. Sus últimos días estuvo inconsciente, asistida por un respirador mecánico. Aún así, nunca le sacaron las esposas, ni la del tobillo, ni la de la muñeca.

Su historia:

Durante toda su vida,  soportó la violencia del sistema patriarcal. Era la mayor de cuatro hermanas y dos hermanos, y desde su infancia sufrió maltrato físico por parte de su padre. 

Se enteró de su embarazo el día que lo perdió por un aborto espontáneo que sufrió en su casa de Ezpeleta, con cinco meses de gestación. Ella se asustó tanto que guardó el feto en una bolsa y lo tiró a la basura. Un vecino la vio y avisó a la Policía. Dos meses después la detuvieron.

En el momento de ser detenida tenía un hijo de 14 años, que a consecuencia de meningitis quedó con un retraso madurativo e hipoacusia, y una hija de 4 años.

Durante el proceso judicial la perspectiva de género estuvo ausente. Le negaron el pedido de prisión domiciliaria para poder cuidar a su hijo y la acusaron de homicidio agravado por el vínculo, un delito con una expectativa de pena a cadena perpetua. 
Ante la posibilidad de pasar el resto de su vida en un penal aceptó una condena a ocho años de cárcel en un juicio abreviado.

Para soportar el encierro integraba el equipo de rugby Las Espartanas y el taller de diseño textil de la agrupación Yo No Fui, y estudiaba en el Centro Universitario San Miguel (CUSAM) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) un espacio educativo creado en el interior del penal.

En relación al Consenso de Montevideo

Argentina es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Estos hechos contravienen el cumplimiento de las siguientes medidas: 

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro,
mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la
información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción
oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos; 

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.