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#NiñasNoMadres denuncia embarazo infantil y maternidad forzada, el caso de Fátima

, Guatemala
En Campaña
Última Actualización: 29-04-2020
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  • Tipo de Alerta En Campaña
  • Fuente ninasnomadres.org
  • Fecha de la alerta29-05-2019
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

El 29 de mayo de 2019 organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, Guatemala y Ecuador acudieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para demandar a sus Estados por la falta de protección, justicia y reparación de las niñas en América Latina. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la cual los partos en niñas aumentan. Esto es resultado de violencia sexual, falta de acceso a servicios integrales de salud y la violación de múltiples derechos de la niñas.

La demanda se centró en cuatro casos de niñas sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a la maternidad: Fátima, Lucía, Susana y Norma. 

La acción legal articulada se denomina “el Golpe Regional”, un trabajo conjunto entre, como ya se mencionó, organizaciones de derechos humanos de los tres países, Plan Parenthood Global y el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos de Estados Unidos.

El objetivo de esta acción es develar la situación que viven las niñas víctimas de violencia sexual forzadas a la maternidad en América Latina y demandar la atención de los Estados para la generación de políticas públicas efectivas en cuanto a la protección de sus derechos humanos .

Los partos en niñas menores de 14 años siguen en aumento en América Latina, impactando en su salud mental, salud física y desarrollo vital. 

El caso de de Fátima

Fátima hoy tiene 23 años, madre de dos hijos, de 9  y 5 años. Su casa está ubicada en una de las aldeas más pobres del occidente guatemalteco.

A los 12 años fue víctima de violencia sexual mientras se encontraba de viaje, por un hombre, profesor universitario y funcionario público. Este funcionario ayudaba económicamente a la familia de Fátima, lo cual le otorgaba un vínculo de confianza con la madre. Ella autorizó a la niña a viajar con él a la capital. Es así que en noviembre de 2009, este hombre irrumpe en la habitación donde Fátima dormía y la violó.

Tres meses después, la mamá de Fátima descubre que su hija estaba embarazada. Al principio, Fátima no quiso dar el nombre del violador.  Fue luego de hablar con una psicóloga que lo pudo decir.

La denuncia se realizó casi de inmediato, sin embargo, aunque nos referimos a una niña, recibió un trato como si fuese una mujer adulta, y no le permitieron realizar las primeras entrevistas acompañada por su madre. 

Se ordenó la captura del agresor y allanamientos en los lugares que frecuentaba, pero no se pudo dar con su paradero. 

Pese a las graves  afectaciones que le producían el embarazo en la salud mental y física de Fátima, fue obligada a continuarlo. 

Los meses siguientes transcurrieron entre apelaciones de la defensa e inútiles acciones de búsqueda del violador. Los contactos del mismo dentro del Estado obstaculizaron el acceso a la justicia. Los meses se convirtieron en 9 años sin noticias del culpable. “El sistema de justicia en nuestro país es nefasto” acusa Fátima, con la perspectiva que da el tiempo, “cuesta mucho poder lograr algo, pero debemos denunciar para que esto no le pase a otras niñas”.

Entretanto, Fátima se enfrenta a una maternidad para la cual no estaba preparada y por la cual sufrió rechazo social. Tuvo incluso que abandonar sus estudios durante un tiempo debido a la discriminación que vivió en su colegio.“La mayoría de la gente te tacha como si la culpa fuera de una. Para mí fue difícil… Recibí muchas críticas de mis docentes y también de mis amigos”, lamenta.

Según el expediente de su caso, hoy en manos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado de Guatemala le falló a Fátima al no brindarle atención integral y protección como niña víctima de violencia sexual, al no garantizarle acceso a sus derechos sexuales y reproductivos y atención adecuada, suficiente y oportuna para la interrupción voluntaria del embarazo. 


Sobre la situación en Guatemala

El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala, registró 1050 partos  de niñas entre 10 y 14 años y 2256 inscripciones de nacimiento en el registro civil. Esta incongruencia en los datos,  más niños/as inscritos que partos, se debe, según explica Mirna Montenegro médica cirujana y  doctora en sociología, y directora del OSAR a que "la mayoría de las niñas menores de edad no acceden a centros de salud para tener a sus hijos/as. Como el embarazo en menores de 14 años es considerado un delito, la familia prefiere mantener el parto en el hogar y no asistir al sistema de salud ya que en muchos casos, los agresores son sus padres o algún conocido"

En casos donde el abusador es un familiar y con el pretexto de protegerlas, el Estado guatemalteco saca a las niñas de su casa para alojarlas en albergues, donde solo pueden salir hasta que se garantice que el agresor no está en su entorno.

Las cifras en Guatemala son imprecisas, no se sabe con exactitud cuántas son las niñas madres. Lo cual se debe a varios factores, entre ellos la falta de acceso de éstas niñas a centros de salud para tener a sus hijos/as.

Según datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSM), recopilados entre 2014 y 2015, una quinta parte del total de adolescentes de 15 a 19 años ya eran madres o estaban embarazadas al momento de realizar esa encuesta. 

Aunque el Código Penal de Guatemala permite el aborto para evitar un riesgo en la vida o  salud de las mujeres o niñas, en 2018 se registraron 2.256 nacimientos de bebés cuyas madres fueron niñas menores de 14 años, la mayoría de ellas producto de una violación.

Estos embarazos son considerados de alto riesgo para las niñas, pues  no tienen las condiciones físicas ni mentales para la maternidad. Por eso, diversas organizaciones defensoras de derechos de la mujer insisten que negarles su derecho a decidir las obliga a la maternidad, las revictimiza y perpetúa ciclos de pobreza que les impide gozar de sus derechos humanos.

Sobre #NiñasNoMadres

Es una campaña regional para informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas y movilizar a la sociedad civil para exigir la protección de sus derechos. Desde su lanzamiento, Niñas No Madres ha estado presente en las calles, en redes sociales, en medios de comunicación y ha realizado acciones de incidencia frente a instancias internacionales y nacionales para demandar la protección de la salud y la vida de las niñas latinoamericanas.

Niñas no Madres fue lanzada en 2016 por Planned Parenthood Global, GIRE, Amnistía Internacional y CLACAI. Hoy, la campaña es un esfuerzo colectivo de diversas organizaciones y voces en toda la región.

En este marco, es que impulsan un litigio internacional para que los Estados de América Latina atiendan de forma integral este grave problema de salud y derechos humanos.

El litigio en la ONU contra los Países Latinoamericanos

En una acción sin precedentes se presentaron cuatro casos emblemáticos y representativos de diferentes países de América Latina ante las Naciones Unidas, en los cuales la violencia sexual, los embarazos y las maternidades forzadas son el eje central.
 
El objetivo de esta acción legal es promover la actuación de los Estados para prevenir y atender los embarazos y maternidades en niñas, obtener justicia y reparación para estos casos, y contribuir a generar estándares internacionales que impidan que estas situaciones se sigan repitiendo. 

Los casos presentados son las historia de Lucía, Susana, Fátima y Norma. Todos los casos tienen los siguientes aspectos en común: 

  • Eran menores de 14 años cuando resultaron embarazadas producto del abuso.Les negaron acceso oportuno a servicios esenciales de salud, incluyendo la interrupción legal del embarazo.
  • Su salud integral se vio afectada y su vida se puso en riesgo.
  • No tuvieron acceso a información y educación sexual.
  • Se les niega u obstaculiza la asistencia a la escuela.
  • Los agresores permanecen impunes.

El objetivo del litigio es que los Estados tomen medidas que garanticen que todas las niñas puedan vivir una niñez plena y decidir sobre su futuro; la adopción de estándares internacionales que garanticen el derecho a la salud y a la vida digna de las niñas.  Justicia y reparación para las sobrevivientes; marcos legales y políticas públicas para garantizar que estas historias no se repitan.

Catalina Martínez, directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, explica que se hicieron dos peticiones principalmente: que el Comité de Derechos Humanos reconozca el trato cruel e inhumano ocurridos en estos cuatro casos; que se garantice el acceso a la interrupción legal, segura y voluntaria del embarazo para niñas sobrevivientes de violencia sexual, entendido como un servicio de salud necesario para evitar riesgos físicos, mentales y sociales en sus proyectos de vida. “Los estados no quieren verse internacionalmente como los que violan derechos humanos y no los reparan”, explica Martínez. “Esta estrategia manda un mensaje muy fuerte y es que, inclusive cuando fallan en asumir sus obligaciones de servicios de salud y una justicia adecuada para solucionar estas controversias, la ciudadanía sigue contando con recursos internacionales para exigirle al estado que cumpla con sus obligaciones”.

En relación al Consenso de Montevideo

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