• Tipo de Alerta Avance
• Fuente Redes feministas
• Fecha de la alerta24-09-2019
• Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, es un instrumento elaborado en 2012 por el Ministerio de Salud de la Provincia, que vuelve a estar vigente, en la provincia de Córdoba, después de un freno de siete años por recursos judiciales. 

La legislación argentina permite interrumpir la gestación sin consecuencias penales cuando deviene de una violación, cuando pone en riesgo la salud o vida de la madre o ante la inviabilidad de supervivencia del feto fuera del útero.

El Ministerio de Salud provincial en Córdoba dictó en diciembre del 2018 la Resolución 93/12 sobre los protocolos para practicar un aborto no punible.

La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, es un instrumento elaborado en 2012 por el Ministerio de Salud de la Provincia, que vuelve a estar vigente después de un freno de siete años por recursos judiciales que solicitó la asociación civil El Portal de Belén a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el recurso extraordinario federal propuesto por esa asociación civil, que planteaba examinar la constitucionalidad de la resolución de la cartera sanitaria local sobre el protocolo del aborto no punible en los casos previstos por la ley. 

El Ministro de salud de la provincia de Córdoba manifestó que el sistema está en condiciones de garantizar el acceso a la salud de las mujeres que así lo soliciten, en cumplimiento del artículo 86 del Código Penal (CP) y del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el voto de la mayoría, la Corte reconoce que hubo una mera discrepancia de la asociación civil con las hipótesis de no punibilidad del aborto que prevé el Código Penal. El TSJ cita en la resolución que desde ningún punto de vista el artículo 43 ampara el accionar judicial de la asociación en este tipo de causas, porque no se puede “colectivizar las tragedias humanas”. Lo que está en juego, dice el tribunal, es en realidad un derecho individual de las mujeres.

Entonces, quedó sin efecto la medida cautelar que impedía la ejecución de la guía o protocolo para atender a quienes demandaran la interrupción de la gestación en las situaciones en que tal práctica es admisible sin consecuencias penales.

En caso de violación no es necesaria la denuncia judicial, sino la declaración jurada de la persona gestante, ese documento hace innecesaria la participación de la Justicia. Es un derecho de la mujer que debe ser receptado y documentado dentro del sistema de salud.  En caso de que la persona gestante sea menor de edad, la declaración jurada debe ser firmada por la persona a cargo. Se podrá hacer la consulta en cualquier institución de atención de la salud y según el nivel de complejidad de la práctica podrá ser derivada a centros de mayor complejidad según los criterios de los equipos de profesionales de la salud, que analizarán caso por caso.

En relación al Consenso de Montevideo

Siendo Argentina uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

En ese Consenso se enuncian medidas prioritarias para garantizar los derechos vulnerados. En relación al Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, estos hechos obstaculizan el poder asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley.