Associação Brasileira de Lésbicas Gays Bissexuais Travestis Transsexuais e Intersexo s(ABGLT) aciona STF que reclama a Ministério das Relações Exteriores restrições sobre uso do termo Gênero em negociações internacionais.
A Cúpula de Nairobi (CIPD25) reafirmou o Programa de Ação estabelecido na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (Cairo,1994). O governo brasileiro, no entanto, assinou declaração conunta liderada pelos EUA, rechaçando os compromissos adotados durante a CIPD25.
En Chile, diversas ONG, activistas de derechos humanos y académicas alertan por el altísimo número de objetores de conciencia, más del 51% de los médicos obstetras del sistema público se declara objetores a la hora de practicar abortos por violación, permitido por ley hasta las 14 semanas en el caso de las niñas menores de 14 años y hasta las 12 semanas para las mayores.
Militante feminista evangélica tem sua vida e de familiares ameaçada em
função de seus posicionamentos políticos e é obrigada, por motivos de segurança, a se afastar do país.
Em fevereiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde declarou que a epidemia de vírus zika constitue uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. O Brasil estava no epicentro dessa crise de saúde pública global, com quase 10 mil casos de fetos e recém-nascidos notificados para a síndrome congênita do zika.
La Articulación Feminista realizó una veeduría feminista para acompañar el estallido social ocurrido en Chile, registrar las diferentes violaciones a los derechos humanos y pensar los desafíos para adelante.
5 mujeres ecuatorianas entre los 24 y 29 años denunciaron públicamente, con el acompañamiento de la organización feminista Surkuna y en el marco de la campaña #SeremosLasÚltimas, haber sido víctimas de abuso sexual y violación durante su infancia y juventud por parte de un profesor de gimnasia olímpica de un gimnasio privado.
Amalia tiene 14 años de edad y solicitó interrumpir su embarazo porque este ponía en riesgo su vida y su salud. Aunque cumplia con todos los requisitos legales, se le negó el procedimiento debido a que la Entidad Prestadora de Salud Indígena a la que está afiliada emitió la Resolución No. 068 del 15 de julio de 2018 en la que establece las solicitudes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) deberán consultar a la autoridad indígena a la que pertenece la solicitante.
Católicas por el Derecho a Decidir y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) demandaron a un médico del Hospital Materno Neonatal en la ciudad de Córdoba que incumplía la normativa vigente sobre el método anticonceptivo quirúrgico, hecho que configura violencia institucional contra la libertad reproductiva, contemplada en la ley nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
En la localidad de Moreno y Tigre fallecieron dos jovenes por abortos clandestinos según información confirmada por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, es un instrumento elaborado en 2012 por el Ministerio de Salud de la Provincia, que vuelve a estar vigente, en la provincia de Córdoba, después de un freno de siete años por recursos judiciales.
Grupo católico fundamentalista se instala em frente ao Hospital Pérola Byington, referencia em atendimento a saúde da mulher e primeiro serviço intalado de aborto legal do Brasil (1989) para impedir/intimidar acesso aos serviços. Moradora das redondezas organiza resistencia, alcançando mobilizar ampla adesão.
Há atualmente no país uma ação da corporação médica/profissionais de saúde, com respaldo de organismos governamentais, com contraposição de instituições do Judiciário, organizações e movimentos sociais, em torno ao reconhecimento da violência obstétrica que leva, inclusive, a altas taxas de morbidade e mortalidade materna no país.
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) , inspirado em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF), apresenta ao Supremo uma Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental (ADPF) com Medida Cautelar, para descriminalização do aborto até 12 semanas de gravidez.
Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador, Nicaragua y Honduras, acuden al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para demandar a sus Estados por la falta de protección, justicia y reparación a las niñas en América Latina: El caso de Norma
Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador, Nicaragua y Honduras, acuden al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para demandar a sus Estados por la falta de protección, justicia y reparación a las niñas en América Latina: El caso de Susana
Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador, Nicaragua y Honduras, acuden al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para demandar a sus Estados por la falta de protección, justicia y reparación a las niñas en América Latina: El caso de Lucía
Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador, Nicaragua y Honduras, acuden al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para demandar a sus Estados por la falta de protección, justicia y reparación a las niñas en América Latina: El caso de Fátima.
Un centro de día para niños, niñas y adolescentes de Pueblo Esther despidió a una psicológa inmeditamente después de que está avisará que se casaría con su compañera.
Policías abusan sexualmente de tres mujeres en menos de un mes. En consencuencia, miles de mujeres mexicanas se unieron para protestar contra estos abusos.
Amelia Galisteo desde hace un tiempo se encontraba realizando el proceso de transición de género. Esto derivó en una discriminación por parte de la empresa, que le impidió el ingreso a su lugar de trabajo.
Patricia Solorza estaba recluida desde hacía seis años cumpliendo una condena por “homicidio agravado por el vínculo”, nombre técnico utilizado para criminalizar el aborto.
Violador cumplió una condena de dos años por abusar sexualmente por más de 7 años de una niña, bajo amenazas de hacer lo mismo con sus hermanos. Al quedar en libertad, cumplió con la amenaza y abusó sexualmente de uno de sus hermanos de 14 años de edad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinará la responsabilidad del Estado colombiano en el secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya en el año 2000
La salvadoreña Evelyn Hernández, es la primer mujer absuelta luego de ser acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo
El Registro Civil de Santa Fe ordenó modificar una partida de nacimiento que rompe con el binarismo femenino-masculino. A partir de la ley de Identidad de Género se concedió a una persona solicitante que en la campo sexo se describa “autopercibido”.
Luego de un largo proceso, el Poder Judicial ratificó la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), en todos los hospitales a nivel nacional. Una vez conocido el fallo, el Ministerio de Salud (Minsa) retomará la entrega gratuita de este anticonceptivo.
Mariana Gómez fue condenada a un año de cárcel con bajo la carátula de “resistencia a la autoridad” y “lesiones” ocultando la lesbofobia de la justicia argentina y la carencia de la aplicación de la Ley de Género en el accionar policial.
Estudiantes universitarias de Costa Rica se manifiestan contra la violencia sexual en los centros de estudios. Diversos colectivos feministas declararon “estado de emergencia” en tres universidades públicas. En octubre de 2018 se creó el movimiento #MePasóEnLaUCR para visibilizar casos de agresiones sexuales y machismo en la principal universidad pública del país centroamericano.
El prerreferéndum contra la Ley Integral para las Personas Trans (19.684) que se desarrolló el pasado domingo 4 de agosto, no alcanzó el 25% del total del padrón electoral. Por lo tanto no habrá referéndum para derogar dicha ley.
La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, es un instrumento elaborado en 2012 por el Ministerio de Salud de la Provincia, que vuelve a estar vigente, en la provincia de Córdoba, después de un freno de siete años por recursos judiciales.
La legislación argentina permite interrumpir la gestación sin consecuencias penales cuando deviene de una violación, cuando pone en riesgo la salud o vida de la madre o ante la inviabilidad de supervivencia del feto fuera del útero.
El Ministerio de Salud provincial en Córdoba dictó en diciembre del 2018 la Resolución 93/12 sobre los protocolos para practicar un aborto no punible.
La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, es un instrumento elaborado en 2012 por el Ministerio de Salud de la Provincia, que vuelve a estar vigente después de un freno de siete años por recursos judiciales que solicitó la asociación civil El Portal de Belén a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el recurso extraordinario federal propuesto por esa asociación civil, que planteaba examinar la constitucionalidad de la resolución de la cartera sanitaria local sobre el protocolo del aborto no punible en los casos previstos por la ley.
El Ministro de salud de la provincia de Córdoba manifestó que el sistema está en condiciones de garantizar el acceso a la salud de las mujeres que así lo soliciten, en cumplimiento del artículo 86 del Código Penal (CP) y del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con el voto de la mayoría, la Corte reconoce que hubo una mera discrepancia de la asociación civil con las hipótesis de no punibilidad del aborto que prevé el Código Penal. El TSJ cita en la resolución que desde ningún punto de vista el artículo 43 ampara el accionar judicial de la asociación en este tipo de causas, porque no se puede “colectivizar las tragedias humanas”. Lo que está en juego, dice el tribunal, es en realidad un derecho individual de las mujeres.
Entonces, quedó sin efecto la medida cautelar que impedía la ejecución de la guía o protocolo para atender a quienes demandaran la interrupción de la gestación en las situaciones en que tal práctica es admisible sin consecuencias penales.
En caso de violación no es necesaria la denuncia judicial, sino la declaración jurada de la persona gestante, ese documento hace innecesaria la participación de la Justicia. Es un derecho de la mujer que debe ser receptado y documentado dentro del sistema de salud. En caso de que la persona gestante sea menor de edad, la declaración jurada debe ser firmada por la persona a cargo. Se podrá hacer la consulta en cualquier institución de atención de la salud y según el nivel de complejidad de la práctica podrá ser derivada a centros de mayor complejidad según los criterios de los equipos de profesionales de la salud, que analizarán caso por caso.
Siendo Argentina uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.
En ese Consenso se enuncian medidas prioritarias para garantizar los derechos vulnerados. En relación al Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, estos hechos obstaculizan el poder asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley.
Ver másLa AFM es una corriente de pensamiento y acción política feminista que tiene como eje central de su estrategia, promover el desarrollo de un campo político feminista a nivel regional y global.