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Violencia institucional contra la salud sexual y reproductiva.

Córdoba, Argentina
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-04-2020
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta03-10-2019
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Católicas por el Derecho a Decidir y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) demandaron a un médico del Hospital Materno Neonatal en la ciudad de Córdoba que incumplía la normativa vigente sobre el método anticonceptivo quirúrgico, hecho que configura violencia institucional contra la libertad reproductiva, contemplada en la ley nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

Para que la práctica de ligadura tubaria se realice de manera regular Católicas por el Derecho a Decidir y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) con un equipo de abogadas que integran la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP), solicitan el apartamiento del jefe del Servicio de Tocoginecología del Hospital Neonatal en la ciudad de Córdoba ya que el mismo obstaculizaba el acceso a este método anticonceptivo. 

En este Hospital cuando las mujeres llegaban al servicio de Planificación Familiar les informaban que estaban suspendidas las prácticas de ligaduras tubarias o estaba ocupado el quirófano. O simplemente les negaban la intervención cuando no presentaban la firma de su pareja y/o de su madre, solicitud que no está contemplada en la normativa vigente.

La Ley provincial 9.344 de Anticoncepción Quirúrgica establece dos requisitos para acceder a la práctica: una instancia de consulta --con un equipo de profesionales (gineco - obstetra, un psicólogo y un trabajador social) -- para recibir información y el consentimiento informado, requisito necesario para toda práctica quirúrgica que implica anestesia.

Estas exigencias discriminatorias afectan sobretodo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de sectores vulnerables que solo pueden acceder a la práctica a través de la salud pública.

Según un informe elaborado a partir de la sistematización de las historias clínicas de ese centro, entre 2009 y 2016, 203 mujeres solicitaron anticoncepción quirúrgica allí. De ese número, se completaron 143 consentimientos informados para solicitud de ligaduras tubarias, de las que sólo 18 accedieron finalmente a la intervención.

Decidir sobre la vida reproductiva, el número de embarazos y cuándo tener hijos es un derecho garantizado también en la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Responsable. En esa normativa se especifica que incurren en violencia institucional contra la libertad reproductiva los profesionales de la salud que no asesoren o provean de todos los métodos anticonceptivos, o si se niegan a realizar prácticas lícitas vinculadas a la salud reproductiva.

En el Consenso de Quito se afirmó que para modificar radicalmente la situación de las mujeres de América Latina y el Caribe, debe reafirmarse su autonomía tanto en la vida privada como en la vida pública, garantizando el control sobre el propio cuerpo, la posibilidad de generar ingresos propios y manejar recursos, reconocer la contribución del trabajo no remunerado, y hacer efectiva la plena participación de las mujeres en las decisiones que afectan sus vidas y la de sus comunidades.

En relación al Consenso de Montevideo

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