• Sitio en búsqueda permanente de alertas
  • Alertas Latentes

    Medidas para enfrentar el COVID-19 alertan sobre transfobia institucional

    Policía Nacional, Panamá Detalles

      Las medidas estatales del gobierno de Panamá para enfrentar la pandemia del COVID 19, respecto a establecer circulación diferenciada durante la semana en base al sexo biológico, evidenció una vez más la vulnerabilidad de la población LGTBIQ+ frente a políticas públicas que no tienen en cuenta la diversidad. Y expuso a las personas trans a serias dificultades para enfrentar el aislamiento.

  • Alertas Latentes

    Avasallamiento de los derechos sexuales y reproductivos durante emergencia sanitaria

    Montevideo Departamento de Montevideo, Uruguay Detalles

      La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal denuncian el “avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.

  • Alertas Latentes

    Peligrosas declaraciones del Presidente Luis Lacalle Pou sobre el aborto.

    Montevideo Departamento de Montevideo, Uruguay Detalles

      Se volvió a posicionar contrario a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2012 y declaró que su gobierno tiene una agenda "provida". 

  • Alertas Latentes

    Vuelven a hostigar a la Dra. Sandra Peniche.

    Yucatán, México Detalles

      Si bien la Dra. Sandra Peniche continúa estando protegida legalmente por el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a causa de los hechos sucedidos en 2018 (Mérida, Yucatán), el pasado 26 de abril, volvió a ser blanco de agresiones por parte de la policía y autoridades estatales.

  • Alertas Latentes

    Dificultad de acceso a métodos y procedimientos anticonceptivos por crisis sanitaria.

    Brasilia - Distrito Federal, Brasil Detalles

      Servicios de salud de varios estados de Brasil cortan acceso a métodos anticonceptivos, siendo que las mujeres embarazas son consideradas población de riesgo para el COVID-19. 

  • Avance

    Lanzamiento de escuela Feminista de Abogadas

    , Ecuador Detalles

      La organización feminista Surkuna Ecuador lanzó una convocatoria de formación en La Escuela Feminista de Abogadas Teodora Vásquez, para aquellas profesionales que estén dispuestas a defender a mujeres y profesionales de salud que han sido judicializadas por aborto o  complicaciones obstétricas en partos.

  • Alertas Latentes

    56 niñas fueron violadas durante el primer mes de cuarentena

    , Perú Detalles

      En Perú 56 niñas fueron víctimas de violencia sexual durante el primer mes de cuarentena. Las niñas están en confinamiento con sus agresores. El Estado no actúa tomando medidas acorde a la situación. 

  • Caso Emblemático

    Condena de la CIDH al Estado peruano por violación de derechos a una persona LGTBIQ

    , Perú Detalles

      El 12 de marzo del 2020, la CIDH (Corte interamericana de Derechos Humanos) declaró internacionalmente responsable al estado peruano por discriminación, tortura y violación sexual de Azul Rojas, ciudadana trans.

  • Alertas Latentes

    Medidas por COVID-19 generan barreras para la denuncia de situaciones de violencia

    , Guatemala Detalles

      Las denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes disminuyeron en Guatemala durante el mes de marzo de 2020, más no así la violencia. Las medidas impuestas por el Poder Ejecutivo invisibilizan la violencia intrafamiliar.

  • Alertas Latentes

    Un aborto clandestino e inseguro al igual que el Covid-19 también puede ser mortal.

    Quito, Ecuador Detalles

      El aislamiento social impuesto como medida para frenar la propagación del Covid-19, ha limitado la libertad de quienes buscan acceder a un aborto, pero no la determinación de quienes están decididas a hacerlo.

  • Alertas Latentes

    Colombia coloca un freno respecto a la despenalización del aborto

    , Colombia Detalles

      Desde el 2006 la Corte Constitucional de Colombia, a través de su sentencia C-355/06, despenalizó el aborto para aquellos casos en que: el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que hacía inviable su vida, o cuando la gestación era causada por una violación. La legalización total del aborto se estanca en Colombia generando una fuerte restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

  • Avance

    Gobierno argentino emite un decreto para personas que se encuentran en situación de violencia

    Buenos Aires, Argentina Detalles

      Tras el aumento exponencial de los casos de feminicidios y de todos los tipos de violencia contra mujeres, niñas y población LGTBIQ, el gobierno emitió un decreto que contempla (al menos en parte) éstas situacionese determinando que no habrá sanciones para mujeres y personas LGTBI que rompan medidas de cuarentena obligatoria.

  • En Campaña

    La cuarentena no congela tus derechos. #AislamientoNoEsSilencio

    , Argentina Detalles

      Bajo la consigna “La cuarentena no congela tus derechos”, tres directoras de cine y publicidad se unieron para promover una campaña en redes sociales y medios nacionales alertando a las autoridades y al resto de la población acerca de las consecuencias que conlleva el aislamiento dispuesto por el gobierno. El confinamiento  agrava las situaciones de violación de los derechos de las mujeres y niñas.

Niegan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a niña indígena.

Cauca, Colombia
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-04-2020
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
  • Fecha de la alerta03-09-2019
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Amalia tiene 14 años de edad y solicitó interrumpir su embarazo porque este ponía en riesgo su vida y su salud. Aunque cumplia con todos los requisitos legales, se le negó el procedimiento debido a que la Entidad Prestadora de Salud Indígena a la que está afiliada emitió la Resolución No. 068 del 15 de julio de 2018 en la que establece las solicitudes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) deberán consultar a la autoridad indígena a la que pertenece la solicitante, lo que contradice la jurisprudencia constitucional según la cual la decisión es únicamente de la niña o la mujer.

Amalia pertenece a un resguardo indígena ubicado en zona rural del departamento de Cauca, al sur de Colombia. Debido a la ausencia de su padre y a la negligencia de su madre en su cuidado, ha sido ubicada varias veces, de manera temporal, en instituciones de protección y hogares sustitutos. Está afiliada a una Entidad Promotora de Servicios de Salud indígena, llamada  Asociación Indígena del Cauca AIC (EPS-I AIC) y fue diagnosticada con una “CARDIOPATÍA TIPO CIV SUBAORTICA CON REPERCUSIÓN HEMODANAMICA”, la que es tratada con medicamentos anti falla cardiaca. 

En el mes de marzo de 2019 intentó suicidarse mediante la ingesta de 18 de las pastillas prescritas para el tratamiento de su cardiopatía. Mientras estuvo en el hospital y aun cuando estaba residiendo en su núcleo familiar, no contó con su acompañamiento, razón por la que se inició nuevamente un proceso de restablecimiento de derechos en su favor que resultó en dejarla al cuidado de su tío paterno y su esposa.

En el mes de julio de este mismo año, Amalia se enteró que estaba embarazada, producto de una relación sexual ocasional. En razón a su embarazo debió suspender el tratamiento farmacológico anti falla cardiaca, así como una cirugía urgente que tenía programada para reparar este defecto, situación que puso en riesgo su vida y su salud. 

Amalia no quería continuar con el embarazo considerando que su salud física, mental y emocional se había agravado. Por lo que a las 14 semanas de embarazo solicitó ante una Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública de un municipio cercano a su residencia interrumpir el embarazo. El área de psicología de dicha institución certificó las afectaciones y riesgos que estaba viviendo, en la historia clínica señaló que “se desconoce si la paciente desarrolle un empeoramiento de su falla cardiaca durante su embarazo ya que la carga volemica se irá aumentando a medida que aumente su estado de gestación”.

La EPS-I AIC, a la que está afiliada Amalia, expidió lineamientos internos que disponen que la toma de decisión sobre la IVE debe pasar por una primera instancia a cargo de la autoridad indígena (Resolución No. 068 de 2018). Aun cuando esto desconoce que la sentencia C-355 de 2006 y su desarrollo jurisprudencial posterior, en particular, la sentencia SU-096 de 2018, ha reconocido que todas las mujeres independientemente de su etnia o su edad tienen plena autonomía para decidir sobre la IVE, la autoridad del resguardo al que pertenece Amalia fue consultada. 

Con el fin de “evitar que [Amalia] incurra en la realización de maniobras abortivas o ideación suicida en el medio familiar”, la enviaron a un albergue de la AIC, mientras la autoridad indígena tomaba la decisión. Una semana después, se le informó que el procedimiento no había sido autorizado, por lo que la EPS-I AIC no prestaría el servicio, pese a que Amalia contaba con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para el ejercicio del derecho fundamental a la IVE y a lo fijado por la Corte en las sentencias C-355 de 2006, T-209 de 2008, T 388 de 2009, T-841 de 2011, T-697 de 2016, T-301 de 2016 y SU-096 de 2018 sobre la autonomía de las niñas y jóvenes.

Días después, Amalia recibió la visita en la casa de sus familiares del gobernador mayor y el alguacil de su resguardo, quienes le prometieron tierra, apoyo en pañales y demás para que pudiera continuar con el embarazo. Al día siguiente y ante la persistencia de Amalia de querer interrumpir el embarazo, la enfermera y la trabajadora social de la EPS-I AIC la visitaron y le dijeron, según relato de la esposa de su tío, que: “tiene que tener ese bebé” y le recomendaron “que se encomiende a Dios”.

Amalia y la esposa de su tío buscaron apoyo en la Defensoría del Pueblo Regional, quienes a su vez contactaron a La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Desde La Mesa se sostuvo un encuentro con Amalia, en el que ella se mostró preocupada por su salud, manifestó que solo pensaba en que le habían negaron el procedimiento IVE, que lloraba recurrentemente y que seguía pensando “en la posibilidad de morirse”. 

Ante estas circunstancias se planteó la pertinencia de presentar una acción de tutela, invocando la protección de los derechos vulnerados de Amalia, a saber: el principio de interés superior de los niños y las niñas, los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad humana, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la igualdad y no discriminación, a la autonomía personal y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, la negativa de la realización del procedimiento, sus condiciones emocionales, el constante señalamiento ante el silencio sobre el hombre con quien tuvo relaciones y la exigencia de su familia a aclararlo, condujeron a que Amalia desistiera de la solicitud y continuará con su embarazo de alto riesgo.

La Resolución No. 068 de 15 de julio de 2018 “Mediante la cual se delega en la coordinación técnica del área jurídica la toma de decisión en primera instancia de las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)” viola los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, jóvenes y niñas, y con esto, sus derechos humanos, de manera que sobrepasa los límites de la jurisdicción indígena.

La interrupción voluntaria del embarazo, bajo las tres causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, es un derecho sexual y reproductivo de todas las mujeres, por consiguiente se considera un derecho humano y las decisiones de las autoridades indígenas deben respetarlo. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido los límites de la jurisdicción indígena afirmando que siempre que no se respete lo establecido en la Constitución y la Ley, y que no se respeten los derechos humanos y la dignidad humana, debe limitarse la jurisdicción especial indígena.

En relación al Consenso de Montevideo

El Consenso de Montevideo reconoce a niños, niñas adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y actores del desarrollo. En el caso de Amalia se afectan las medidas 11B y 14B, que se refieren a la implementación de educación integral para la sexualidad, respetando la autonomía progresiva y las decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro. 

El Consenso  considera que los derechos sexuales y derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos y su  ejercicio es esencial para el goce de otros derechos, en este caso se evidencian afectaciones a las medidas D33, D35, D40 y D43, que se refieren a las medidas que deben tomar los Estados para la promoción, protección y garantía del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, libre de toda discriminación y violencia, que implica la revisión de la legislación , las normas y prácticas el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Además de  eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, entre ellas evitar el aborto inseguro y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado, así como el acceso efectivo de todas las mujeres a los servicios que integren la interrupción voluntaria del embarazo.

Así mismo, el de garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y derechos reproductivos como lo prevé la medida 87H.

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