• Sitio en búsqueda permanente de alertas

#SeremosLasÚltimas: Mujeres denuncian haber sido víctimas de abuso sexual y violación

Quito, Ecuador
Caso Emblemático
Última Actualización: 29-04-2020
5d2d0b86105fd.jpeg
  • Tipo de Alerta Caso Emblemático
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta01-07-2019
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Salomé Torres, de 25 años, Stephanie Altamirano, de 29, Karen Barbosa, de 24, Verónica, de 28, y María, de 25 (estas dos última decidieron mantener sus nombres en reserva), fueron víctimas de abuso sexual por parte del profesor de gimnasia olímpica Alcides Patiño en un gimnasio privado. 

Según sus testimonios, el profesor, valiéndose de su posición de poder, las intimidaba y castigaba; además de hacerles comentarios inapropiados y tocamientos en sus genitales y otras partes del cuerpo contra su voluntad, alguna de ellas dijo haber sido besada por la fuerza; todo lo que ocurría mientras se encontraban a solas con él durante los entrenamientos, en el gimnasio o en la casa de este. 

De acuerdo con el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador estas conductas de naturaleza sexual se encuentran tipificadas como abuso sexual. La introducción de dedos por vía vaginal o anal, lo que manifestó haber vivido una de estas mujeres, está tipificado violación (artículo 171 del mismo Código). En cuanto al Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 68 señala que: “constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio”.

Los abusos de los que fue víctima Salomé entre agosto de 2002 y julio de 2004 fueron denunciados cuatro años después ante la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia de Quito, entidad que vela por los derechos de esta población. En enero de 2009 la Junta dispuso que el profesor no podía acercarse a la chica y que ella debía recibir ayuda psicológica considerando las afectaciones evidenciadas a su salud como llanto profuso, parálisis del sueño, anorexia, depresión, entre otras. Asimismo, acusó recibo de la solicitud de la Junta de remitir copias al Ministerio Fiscal por el presunto abuso. En junio de 2019 la Fiscalía archivó el proceso. 

 Los gimnasios privados escapan de la supervisión y vigilancia del Ministerio de Educación. Del mismo modo, el hecho de no estar registrados ni contar con personería jurídica hace que también estén por fuera de la regulación de la Secretaría del Deporte. En síntesis no hay autoridad que realice algún tipo de control a lo que sucede en estos espacios. Para ese momento, el presunto abusador seguía impartiendo clases en el mismo gimnasio.

Con la campaña #SeremosLasÚltimas liderada por la organización feminista Surkuna, la que además presta acompañamiento legal a estas mujeres, ellas hicieron pública su denuncia. A partir de ello, la Junta tomó medidas de protección: exigió el cierre inmediato del gimnasio hasta que no se garantice la integridad de las niñas y jóvenes asistentes, medida que debe ser verificada semanalmente por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescente. A Patiño le ordenó alejarse de todas ellas y le prohibió que las amenace o insulte. 

Por su parte, desde Surkuna consideraron que se presentó “un patrón de abuso sexual sistemático”, combinado con violencia física y psicológica, y en agosto anunciaron la exploración de vías legales distintas a la penal, como la creación de una comisión interventora que adopte medidas conducentes a la no repetición de hechos de este tipo.

En relación al Consenso de Montevideo

El Consenso reconoce a niños, niñas y adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y señala con preocupación la violencia que experimentan en la región, entre ella abuso y violencia sexual. En este sentido, promueve que vivan una vida libre de violencia y se les protejan sus derechos humanos (7B); y se les garantice esto mediante estrategias intersectoriales que actúen sobre los determinantes que promueven la violencia, además de asegurar justicia para las víctimas y reparación del daño (16B). El Consenso también propende por el derecho a la sexualidad plena y en condiciones seguras, con la toma de decisiones libres y voluntarias, sin coerción ni violencia (34D).

Ver más

Ubicación