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La mitad de los obstetras del sistema público chileno sigue declarándose objetores de conciencia

, Chile
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-04-2020
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta01-10-2019
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

La práctica de la ley de interrupción del embarazo (IVE) estuvo penalizada en Chile por una ley de la dictadura de Augusto Pinochet hasta el año 2017, fecha en que se aprobó solamente para tres causales: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Dos años después de la promulgación de esa ley el Ministerio de Salud reportó 188 casos de niñas y mujeres donde se constituyó la tercera causa, de las que 150 realizaron un aborto.

Según la ONG Corporación Miles se trata de una cifra notablemente inferior a la proyectada por las autoridades en 2012, cuando en medio de la discusión parlamentaria se estimaba que más de 1.000 mujeres decidirían anualmente interrumpir sus embarazos producto de ataques sexuales.

La Corporación Miles, que trabaja para construir y promover el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, capacitando a profesionales en el tema y judicializando los casos de personas chilenas a las que se les ha negado el acceso a un aborto. Su coordinadora del área legal comenta: Nos llaman mujeres a las
que no las han dejado abortar porque los médicos les dicen: ‘No tienes cara de violada y como no te ves afectada, no puedes interrumpir”.

Por lo tanto, para las chilenas sigue siendo mucho más fácil el mercado negro, con los riesgos de vida que eso conlleva.

En la misma línea de trabajo la Mesa de Acción por el Aborto, formada por 14 organizaciones, activistas, académicas y defensoras de derechos humanos, denuncian que, en la atención primaria de la salud, donde se detecta la gran mayoría de casos que podrían estar dentro de las tres causales, la posibilidad de la interrupción del embarazo no es informada, por lo que las mujeres no saben que tienen ese derecho.

Además, en la causal de violación no hay acción para detectar la violencia sexual, principalmente en el caso de niñas y jóvenes, no existiendo política pública que permita prevenir y atender la violencia sexual y sus consecuencias, como el caso del embarazo forzado.

De los 1.148 médicos gineco-obstetras del sistema público de salud, 580
profesionales se declaran objetores de conciencia para practicar abortos. El Ministerio de Salud facilita al máximo la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia disponiendo que para ello basta completar un formulario tipo, sin que se requiera ninguna clase de fundamentación,

Lo que agudiza este problema central es que a los establecimientos de salud no se les exige contar con al menos un equipo no objetor, situación que permitiría derivar hacía otro centro a la mujer o niña, garantizando sus derechos sexuales y reproductivos ya consagrados por ley.

En relación al Consenso de Montevideo

Estos hechos contravienen el cumplimiento de las siguientes medidas:

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no
aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida
y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos;

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley.

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