1.jpg)
.jpg)
- Tipo de Alerta Caso Emblemático
- Fuente Redes feministas
- Fecha de la alerta11-07-2017
- Comunidad vulnerada Mujeres
Descripción
Laura es una chica de 18 años con una discapacidad intelectual y cognitiva que la instala en una edad mental de 5 años de edad. Vive en Zapopan, Jalisco en México y acudió a la Secretaría de Salud (Hospital General de Occidente, Zoquipan) el 11 de julio de 2017 cuando su madre se dio cuenta que la chica tenía un embarazo de 16 semanas.
La médica particular que atendió primero a Laura le indicó que por ser el embarazo producto de una violación y que ponía en riesgo la salud de la adolescente (debido al retraso mental severo y a la epilepsia que padece, está siendo tratada con Topiramato de 100 ml y Valproato de magnesio 600), debía llevarla a la Secretaría de Salud para que le hicieran el procedimiento de interrupción.
La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos se dio al manipular y sesgar, el personal de salud, la información brindada a la madre y a la adolescente para que desistieran de la interrupción. No se aplicaron los protocolos de laicidad y objetividad, insistiendo en que el producto venía grande y sano, señalando las piernas y el corazón, preguntándoles si quería conocer el sexo del bebé y dándoles la fecha probable de parto.
Esto desconcertó mucho a la madre de la adolescente, quien se retiró del hospital y no regresó a la cita para realizar el procedimiento. Se vieron afectados también el derecho a la salud y a vivir una vida libre de violencia,
pues el personal de salud no generó una interconsulta con un neurólogo o psiquiatra con experiencia en estos casos y le pidieron a la mamá que consultara a su neurólogo pues debían considerar que los medicamentos que la chica tomaba para la discapacidad cognitiva y la epilepsia, podían contraindicarse con la anestesia que deberían usar en el legrado.
Nunca consideraron la posibilidad de realizar otro procedimiento (AMEU o aborto con medicamento). Además, se incumplió el protocolo de referencia en casos de violencia sexual, considerando sobre todo la condición de salud de la adolescente, ya que la Secretaría de Salud nunca notificó al Ministerio Público para investigar si Laura vive una situación de violencia sistemática dentro de la familia, o su círculo cercano.
La movilización de la sociedad civil se realizó en una reunión donde se discutía la implementación del Programa Estatal de Interrupción del Embarazo justamente para atender estos casos, con la participación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (ddeser), Católicas por el derecho a decidir, Yocoyani,
Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, entre otras.
La respuesta del Estado fue nula, pues, aunque la sociedad civil dio aviso a la Dirección de Salud Reproductiva, al Programa de Atención a Violencia, a la Oficina del Coordinador del Gabinete del Gobierno del Estado, al Instituto Jalisciense de las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, no fue posible recuperar el contacto con la madre de Laura, por lo que el seguimiento del caso no se realizó.
La instancia responsable de atender este caso en el Estado de Jalisco es la Secretaría de Salud Estatal, pues está obligada a brindar la atención a las mujeres que se encuentren en los casos definidos por la ley y ceñirse a lo que establece la NOM 046, con respecto a embarazos producto de violación y que ponen en riesgo la salud de la mujer.
Marco legal: el Art. 229 del Código Penal de Jalisco establece que es legal interrumpir un embarazo cuando es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud de la mujer, y este caso cumple con las dos condiciones. Además, se encuentra dentro del marco de la Norma Oficial Mexicana 046 para víctimas de violencia sexual.
En relación al Consenso de Montevideo
El caso refleja un retroceso en los indicadores de maternidad adolescente y protección ante el acoso sexual, y va en contra de las medidas:
7.“Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades para tener una
vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la
disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud;
14.“Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante el acceso oportuno a servicios de calidad”;
33.“Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos
reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social”;
42.“Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la
legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las
mujeres que cursan embarazaos no deseados y no aceptados”.
