Organização de ultraconservadores católicos, o Centro Dom Bosco Fé e Cultura, entrou, em 2018, com processo junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para impedir que Católicas pelo Direito de Decidir utilizem a palavra católicas no nome. CDD apelou de decisão da 2ª instancia, que favoreceu o Centro. O processo está em fase de decisão se seguirá ou não para instâncias superiores (STJ e STF).
Tras 20 horas de debate y con 131 votos a favor y 117 en contra, Diputados le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto.
La ONG Chicas Poderosas Argentina lanzó su investigación “Los derechos no se aíslan”, un conjunto de historias contadas en diversos formatos sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de coronavirus en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.
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Elas também têm menos acesso a anestesia durante o parto normal e morrem mais em decorrência da gestação
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) presentó su Protocolo de atención y actuación ante casos de acoso sexual. La decana, Carmen Midaglia, destacó que el documento establece las conductas «que no van a ser más aceptadas y que van a ser sancionadas en esta casa de estudios».
Las medidas de confinamiento para la prevención de contagio implicó un mayor uso de internet, dejando en evidencia, entre otras ocsas, que la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes tiene una expresión en dicho entorno que debe ser contemplada por la legislación en esa materia.
La "Ley OlimpiA" introduce reformas al Código Penal que sancionan con severidad la violencia digital y mediática, además de combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales.La iniciativa lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, originaria de Huachinango, Puebla, que es una víctima de ciberviolencia.
En el marco del “Día Internacional para la prevención del Abuso Infantil”, México ha sido protagonista de cientos de titulares de prensa a nivel internacional por encabezar la lista de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores tasas de abuso sexual infantil. A través de organizaciones de la sociedad civil y varios actores políticos, la sociedad mexicana ha sido llamada a reflexionar sobre este problema cuya gravedad ya se conocía antes de la pandemia de COVID 19, pero que tras las medidas de confinamiento forzoso tomó una dimensión sin precedentes.
El presidente argentino, Alberto Fernandez, anunció hoy martes 17 de noviembre el envío del proyecto de ley de legalización del aborto. El mismo contemplará los consensos básicos recogidos del debate parlamentario del 2018.
El envío de este proyecto es un compromiso asumido por el presidente en su camapaña electoral. Según varios medios de prensa el proyecto de ley ya se encontraba listo para ser enviado pero debió postergarse a raíz de crisis sanitaria.
El actual gobierno de Brasil, a pesar de los acuerdos que éste país ha ratificado, propuso de manera conjunta a los gobiernos de Estados Unidos, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda la firma de una declaración contra el derecho al aborto y en defensa de la salud de las mujeres y del papel de la familia como unidad fundamental de la sociedad.
La denominada "Declaración del Consenso de Ginebra" (VER TEXTO) fue firmada por los países promotores del acuerdo junto a otros 31 Estados el pasado 22 de Octubre y permanece abierta a nuevas adhesiones.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) aprobó el informe “Prevención del Embarazo en Adolescentes en el actual contexto de emergencia por COVID-19” que presentará nuevas recomendaciones para la prevención del embarazo en adolescentes en el Perú.
IPS decide retirar nuevamente un anticonceptivo del mercado, esta vez el Conti-Marlon 20, debido a un “error en el esquema de administración (...)”. Este se suma a los tres anticonceptivos que han sido retirados durante este año.
En el mes de septiembre se cumplieron 30 años de la declaración de San Bernardo, como también 3 años de la vigencia de la Ley IVES. En tiempos de pandemia la situación ha empeorado, el Estado no ha garantizado el acceso a una salud que certifique el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como tampoco el acceso a la ley Ives, por lo que muchas mujeres siguen abortan peligrosamente en clandestinidad.
En el contexto de la Pandemia, se denuncia un alto número de casos en que a las mujeres se les niega la posibilidad de entrar al parto con acompañante y solo pueden ser acompañadas por el personal de salud a pesar de no tener un contagio positivo confirmado. Los hospitales y el gremio de matronas piden lineamientos técnicos que salgan desde el gobierno para, entre otras cosas, regular el acompañamiento durante el parto y la aplicación de PCR preventivo para mujeres embarazadas, los cuales frente a la ausencia han mostrado sesgos importantes de clase.
Previo a la celebración del 28S, tres organizaciones de mujeres y feministas - el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Programa Feminista La Corriente y la Coordinadora de Mujeres Rurales - fueron objeto de asedio, arbitrariedades y agresiones por parte de la policía.
El proyecto fue elaborado por la Red de Padres Responsables y establece que la educación sexual “atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas” y que todo padre tiene “derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos”
Celia, de 34 años,es una activista y mujer transgénero con gran liderazgo en la Isla de Ometepe (Moyogalpa, departamento de Rivas) que ha sido detenida arbitrariamente en dos ocasiones. Desde el 30 de setiembre permanece en huelga de hambre como medida de protesta ante las condiciones inhumanas que viven en la prisión y en demanda de libertad ante su injusto encarcelamiento.
Luz estuvo con prisión preventiva dos años, acusada de un intento de homicidio del que no habían pruebas firmes. Durante el juicio su defensa trató de enseñarle al tribunal claves sobre las violencias estructurales que hacen que las personas T sean criminalizadas. Hoy la absolvieron de todos los cargos.
Este 28 de septiembre, la policía retuvo y agredió con excesivo uso de la fuerza a manifestantes de la marcha por la despenalización del aborto en Ciudad de México y Veracruz.
Para hacer frente a la nueva ofensiva del gobierno contra el derecho al aborto, feministas, sociedad civil y movimientos sociales se articulan. Se acciona una Alerta Feminista, mecanismo creado para momentos donde se ataca gravemente a los derechos reproductivos.
En este momento donde están surgiendo una cantidad de testimonios que describen abuso sexual, desde Cotidiano Mujer (integrante de la AFM) queremos aportar todas las herramientas que tenemos para apoyar a quienes se encuentren en esa situación. Por esa razon, difundimos esta guía antes de haber sido presentada públicamente.
“La libertad es mi causa” es la consigna bajo la cual 91 organizaciones y 134 activistas por los derechos de las mujeres, que integran el Movimiento Causa Justa, se organizaron para presentar una demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal.
Un proyecto de ley propone la creación de Casas de Partos y Nacimientos: lugares destinados y acondicionados para partos fisiológicos y de bajo riesgo, con características similares a un hogar. En estas “casas”, profesionales calificadas/os matriculadas/os, trabajadores/as especializados en el entorno del nacimiento, brindarán cuidados y asistencia a las personas con capacidad de gestar y sus familias o acompañantes, durante la etapa preconcepcional, prenatal, parto y post parto.
Son 11 los proyectos que ya empezaron a discutirse en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Más allá de las particularidades de cada uno, la ley supondría la incorporación de 40.000 personas trans y travestis al mercado laboral formal.
Laura es una chica de 18 años con una discapacidad intelectual y cognitiva que la instala en una edad mental de 5 años de edad. Vive en Zapopan, Jalisco en México y acudió a la Secretaría de Salud (Hospital General de Occidente, Zoquipan) el 11 de julio de 2017 cuando su madre se dio cuenta que la chica tenía un embarazo de 16 semanas.
La médica particular que atendió primero a Laura le indicó que por ser el embarazo producto de una violación y que ponía en riesgo la salud de la adolescente (debido al retraso mental severo y a la epilepsia que padece, está siendo tratada con Topiramato de 100 ml y Valproato de magnesio 600), debía llevarla a la Secretaría de Salud para que le hicieran el procedimiento de interrupción.
La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos se dio al manipular y sesgar, el personal de salud, la información brindada a la madre y a la adolescente para que desistieran de la interrupción. No se aplicaron los protocolos de laicidad y objetividad, insistiendo en que el producto venía grande y sano, señalando las piernas y el corazón, preguntándoles si quería conocer el sexo del bebé y dándoles la fecha probable de parto.
Esto desconcertó mucho a la madre de la adolescente, quien se retiró del hospital y no regresó a la cita para realizar el procedimiento. Se vieron afectados también el derecho a la salud y a vivir una vida libre de violencia,
pues el personal de salud no generó una interconsulta con un neurólogo o psiquiatra con experiencia en estos casos y le pidieron a la mamá que consultara a su neurólogo pues debían considerar que los medicamentos que la chica tomaba para la discapacidad cognitiva y la epilepsia, podían contraindicarse con la anestesia que deberían usar en el legrado.
Nunca consideraron la posibilidad de realizar otro procedimiento (AMEU o aborto con medicamento). Además, se incumplió el protocolo de referencia en casos de violencia sexual, considerando sobre todo la condición de salud de la adolescente, ya que la Secretaría de Salud nunca notificó al Ministerio Público para investigar si Laura vive una situación de violencia sistemática dentro de la familia, o su círculo cercano.
La movilización de la sociedad civil se realizó en una reunión donde se discutía la implementación del Programa Estatal de Interrupción del Embarazo justamente para atender estos casos, con la participación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (ddeser), Católicas por el derecho a decidir, Yocoyani,
Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, entre otras.
La respuesta del Estado fue nula, pues, aunque la sociedad civil dio aviso a la Dirección de Salud Reproductiva, al Programa de Atención a Violencia, a la Oficina del Coordinador del Gabinete del Gobierno del Estado, al Instituto Jalisciense de las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, no fue posible recuperar el contacto con la madre de Laura, por lo que el seguimiento del caso no se realizó.
La instancia responsable de atender este caso en el Estado de Jalisco es la Secretaría de Salud Estatal, pues está obligada a brindar la atención a las mujeres que se encuentren en los casos definidos por la ley y ceñirse a lo que establece la NOM 046, con respecto a embarazos producto de violación y que ponen en riesgo la salud de la mujer.
Marco legal: el Art. 229 del Código Penal de Jalisco establece que es legal interrumpir un embarazo cuando es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud de la mujer, y este caso cumple con las dos condiciones. Además, se encuentra dentro del marco de la Norma Oficial Mexicana 046 para víctimas de violencia sexual.
El caso refleja un retroceso en los indicadores de maternidad adolescente y protección ante el acoso sexual, y va en contra de las medidas:
7.“Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades para tener una
vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la
disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud;
14.“Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante el acceso oportuno a servicios de calidad”;
33.“Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos
reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social”;
42.“Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la
legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las
mujeres que cursan embarazaos no deseados y no aceptados”.
La AFM es una corriente de pensamiento y acción política feminista que tiene como eje central de su estrategia, promover el desarrollo de un campo político feminista a nivel regional y global.