Organização de ultraconservadores católicos, o Centro Dom Bosco Fé e Cultura, entrou, em 2018, com processo junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para impedir que Católicas pelo Direito de Decidir utilizem a palavra católicas no nome. CDD apelou de decisão da 2ª instancia, que favoreceu o Centro. O processo está em fase de decisão se seguirá ou não para instâncias superiores (STJ e STF).
Tras 20 horas de debate y con 131 votos a favor y 117 en contra, Diputados le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto.
La ONG Chicas Poderosas Argentina lanzó su investigación “Los derechos no se aíslan”, un conjunto de historias contadas en diversos formatos sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de coronavirus en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.
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Elas também têm menos acesso a anestesia durante o parto normal e morrem mais em decorrência da gestação
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) presentó su Protocolo de atención y actuación ante casos de acoso sexual. La decana, Carmen Midaglia, destacó que el documento establece las conductas «que no van a ser más aceptadas y que van a ser sancionadas en esta casa de estudios».
Las medidas de confinamiento para la prevención de contagio implicó un mayor uso de internet, dejando en evidencia, entre otras ocsas, que la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes tiene una expresión en dicho entorno que debe ser contemplada por la legislación en esa materia.
La "Ley OlimpiA" introduce reformas al Código Penal que sancionan con severidad la violencia digital y mediática, además de combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales.La iniciativa lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, originaria de Huachinango, Puebla, que es una víctima de ciberviolencia.
En el marco del “Día Internacional para la prevención del Abuso Infantil”, México ha sido protagonista de cientos de titulares de prensa a nivel internacional por encabezar la lista de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores tasas de abuso sexual infantil. A través de organizaciones de la sociedad civil y varios actores políticos, la sociedad mexicana ha sido llamada a reflexionar sobre este problema cuya gravedad ya se conocía antes de la pandemia de COVID 19, pero que tras las medidas de confinamiento forzoso tomó una dimensión sin precedentes.
El presidente argentino, Alberto Fernandez, anunció hoy martes 17 de noviembre el envío del proyecto de ley de legalización del aborto. El mismo contemplará los consensos básicos recogidos del debate parlamentario del 2018.
El envío de este proyecto es un compromiso asumido por el presidente en su camapaña electoral. Según varios medios de prensa el proyecto de ley ya se encontraba listo para ser enviado pero debió postergarse a raíz de crisis sanitaria.
El actual gobierno de Brasil, a pesar de los acuerdos que éste país ha ratificado, propuso de manera conjunta a los gobiernos de Estados Unidos, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda la firma de una declaración contra el derecho al aborto y en defensa de la salud de las mujeres y del papel de la familia como unidad fundamental de la sociedad.
La denominada "Declaración del Consenso de Ginebra" (VER TEXTO) fue firmada por los países promotores del acuerdo junto a otros 31 Estados el pasado 22 de Octubre y permanece abierta a nuevas adhesiones.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) aprobó el informe “Prevención del Embarazo en Adolescentes en el actual contexto de emergencia por COVID-19” que presentará nuevas recomendaciones para la prevención del embarazo en adolescentes en el Perú.
IPS decide retirar nuevamente un anticonceptivo del mercado, esta vez el Conti-Marlon 20, debido a un “error en el esquema de administración (...)”. Este se suma a los tres anticonceptivos que han sido retirados durante este año.
En el mes de septiembre se cumplieron 30 años de la declaración de San Bernardo, como también 3 años de la vigencia de la Ley IVES. En tiempos de pandemia la situación ha empeorado, el Estado no ha garantizado el acceso a una salud que certifique el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como tampoco el acceso a la ley Ives, por lo que muchas mujeres siguen abortan peligrosamente en clandestinidad.
En el contexto de la Pandemia, se denuncia un alto número de casos en que a las mujeres se les niega la posibilidad de entrar al parto con acompañante y solo pueden ser acompañadas por el personal de salud a pesar de no tener un contagio positivo confirmado. Los hospitales y el gremio de matronas piden lineamientos técnicos que salgan desde el gobierno para, entre otras cosas, regular el acompañamiento durante el parto y la aplicación de PCR preventivo para mujeres embarazadas, los cuales frente a la ausencia han mostrado sesgos importantes de clase.
Previo a la celebración del 28S, tres organizaciones de mujeres y feministas - el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Programa Feminista La Corriente y la Coordinadora de Mujeres Rurales - fueron objeto de asedio, arbitrariedades y agresiones por parte de la policía.
El proyecto fue elaborado por la Red de Padres Responsables y establece que la educación sexual “atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas” y que todo padre tiene “derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos”
Celia, de 34 años,es una activista y mujer transgénero con gran liderazgo en la Isla de Ometepe (Moyogalpa, departamento de Rivas) que ha sido detenida arbitrariamente en dos ocasiones. Desde el 30 de setiembre permanece en huelga de hambre como medida de protesta ante las condiciones inhumanas que viven en la prisión y en demanda de libertad ante su injusto encarcelamiento.
Luz estuvo con prisión preventiva dos años, acusada de un intento de homicidio del que no habían pruebas firmes. Durante el juicio su defensa trató de enseñarle al tribunal claves sobre las violencias estructurales que hacen que las personas T sean criminalizadas. Hoy la absolvieron de todos los cargos.
Este 28 de septiembre, la policía retuvo y agredió con excesivo uso de la fuerza a manifestantes de la marcha por la despenalización del aborto en Ciudad de México y Veracruz.
Para hacer frente a la nueva ofensiva del gobierno contra el derecho al aborto, feministas, sociedad civil y movimientos sociales se articulan. Se acciona una Alerta Feminista, mecanismo creado para momentos donde se ataca gravemente a los derechos reproductivos.
En este momento donde están surgiendo una cantidad de testimonios que describen abuso sexual, desde Cotidiano Mujer (integrante de la AFM) queremos aportar todas las herramientas que tenemos para apoyar a quienes se encuentren en esa situación. Por esa razon, difundimos esta guía antes de haber sido presentada públicamente.
“La libertad es mi causa” es la consigna bajo la cual 91 organizaciones y 134 activistas por los derechos de las mujeres, que integran el Movimiento Causa Justa, se organizaron para presentar una demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal.
Un proyecto de ley propone la creación de Casas de Partos y Nacimientos: lugares destinados y acondicionados para partos fisiológicos y de bajo riesgo, con características similares a un hogar. En estas “casas”, profesionales calificadas/os matriculadas/os, trabajadores/as especializados en el entorno del nacimiento, brindarán cuidados y asistencia a las personas con capacidad de gestar y sus familias o acompañantes, durante la etapa preconcepcional, prenatal, parto y post parto.
Son 11 los proyectos que ya empezaron a discutirse en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Más allá de las particularidades de cada uno, la ley supondría la incorporación de 40.000 personas trans y travestis al mercado laboral formal.
En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en un informe sobre violencia contra las personas LGBTI que Ecuador era el país latinoamericano en el que se habían identificado el mayor número de establecimientos de deshomosexualización.
Por su parte, la organización de la sociedad civil Taller de Comunicación Mujer ha denunciado en los últimos 19 años la existencia de las denominadas terapias de deshomosexualización, el culmen de una serie de vulneraciones a las que se ven sometidas las personas LGBT que viven en Ecuador.
Precisamente en agosto de este año la organización presentó el informe Terapias de deshomosexualización en Ecuador. El patrón de impunidad por motivos de orientación sexual e identidad de género, en el que se recogen algunos de estos casos, se explican las responsabilidades y desafíos estatales. Según las denuncias, en estos centros las personas son objeto de torturas físicas y psicológicas entre las que se incluyen insultos, humillaciones, mal trato, mala alimentación, golpes, obligar a portar prendas consideradas femeninas o masculinas, colgamientos, baños de agua fría, descargas eléctricas, “violaciones correctivas”, entre otras torturas bajo el pretexto de curar la homosexualidad o transexualidad.
Los centros ofrecen de manera discrecional y en algunos casos clandestina terapias para modificar la homosexualidad y la transexualidad, amparándose en los prejuicios familiares y sociales, y en la débil regulación y control estatal.
Aunque se han documentado casos en Quito, Manabí, Cuenca, Ibarra y Guayaquil, las denuncias están marcadas por obstáculos e impunidad, lo que permite el funcionamiento continuo de estos centros.
De acuerdo con Taller de Comunicación Mujer el primer caso data del año 2000 y entre 2012-2018 se verificó un solo caso judicializado con sentencia condenatoria de 10 días de prisión correccional y pago de una multa irrisoria de seis dólares. Es el caso de Zulema Constante, una joven de Guayaquil que a sus 22 años y en medio del rechazo familiar por su condición de lesbiana, fue internada contra su voluntad en la Comunidad Terapéutica Femenina Esperanza” para “corregir” su homosexualidad, lo que fue calificado por un juez como un delito de odio.
Otro caso es el de Paola Concha Zirith, quien en 2018 fue secuestrada y trasladada a una “clínica” de Quito donde fue violada, lo que fue justificado en que con ello cambiarían su orientación sexual.
Si bien se ha confirmado que familiares de personas LGBTI demandan este tipo de servicios, lo que le permite a la organización afirmar que existe coautoría familiar en los delitos, también es claro el incumplimiento del Estado ecuatoriano de la normatividad que protege los derechos de esta población.
En 2008 la Constitución prohibió la discriminación por orientación sexual e identidad de género, con lo cual es obligación del Estado garantizar la igualdad. No obstante, según datos de 2013 del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano en el país existían 268 de estos establecimientos.
De acuerdo con Taller de Comunicación Mujer, el Estado ecuatoriano continúa incumpliendo con su obligación de desarrollar un sistema que permita la recopilación sistemática de datos estadísticos sobre violencia contra la mujer, desagregando la violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
El Consenso de Montevideo insta a los gobiernos a proteger los derechos sexuales y derechos reproductivos sin coerción, discriminación o violencia, en especial respecto a la población LGBT, la que es situada en una posición de vulnerabilidad.
Propende por la toma de medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, prestando especial atención a las mujeres en situación de mayor riesgo como lesbianas, bisexuales y transexuales, así como hacerlas efectivas (medida E57). Igualmente, la garantía del acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad tomando en
consideración las necesidades específicas de personas LGBT se contempla en la medida D37.
La AFM es una corriente de pensamiento y acción política feminista que tiene como eje central de su estrategia, promover el desarrollo de un campo político feminista a nivel regional y global.