1.jpg)
.jpg)
- Tipo de Alerta Alertas Latentes
- Fuente Redes feministas
- Fecha de la alerta01-08-2019
- Comunidad vulnerada Mujeres
Descripción
En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en un informe sobre violencia contra las personas LGBTI que Ecuador era el país latinoamericano en el que se habían identificado el mayor número de establecimientos de deshomosexualización.
Por su parte, la organización de la sociedad civil Taller de Comunicación Mujer ha denunciado en los últimos 19 años la existencia de las denominadas terapias de deshomosexualización, el culmen de una serie de vulneraciones a las que se ven sometidas las personas LGBT que viven en Ecuador.
Precisamente en agosto de este año la organización presentó el informe Terapias de deshomosexualización en Ecuador. El patrón de impunidad por motivos de orientación sexual e identidad de género, en el que se recogen algunos de estos casos, se explican las responsabilidades y desafíos estatales. Según las denuncias, en estos centros las personas son objeto de torturas físicas y psicológicas entre las que se incluyen insultos, humillaciones, mal trato, mala alimentación, golpes, obligar a portar prendas consideradas femeninas o masculinas, colgamientos, baños de agua fría, descargas eléctricas, “violaciones correctivas”, entre otras torturas bajo el pretexto de curar la homosexualidad o transexualidad.
Los centros ofrecen de manera discrecional y en algunos casos clandestina terapias para modificar la homosexualidad y la transexualidad, amparándose en los prejuicios familiares y sociales, y en la débil regulación y control estatal.
Aunque se han documentado casos en Quito, Manabí, Cuenca, Ibarra y Guayaquil, las denuncias están marcadas por obstáculos e impunidad, lo que permite el funcionamiento continuo de estos centros.
De acuerdo con Taller de Comunicación Mujer el primer caso data del año 2000 y entre 2012-2018 se verificó un solo caso judicializado con sentencia condenatoria de 10 días de prisión correccional y pago de una multa irrisoria de seis dólares. Es el caso de Zulema Constante, una joven de Guayaquil que a sus 22 años y en medio del rechazo familiar por su condición de lesbiana, fue internada contra su voluntad en la Comunidad Terapéutica Femenina Esperanza” para “corregir” su homosexualidad, lo que fue calificado por un juez como un delito de odio.
Otro caso es el de Paola Concha Zirith, quien en 2018 fue secuestrada y trasladada a una “clínica” de Quito donde fue violada, lo que fue justificado en que con ello cambiarían su orientación sexual.
Si bien se ha confirmado que familiares de personas LGBTI demandan este tipo de servicios, lo que le permite a la organización afirmar que existe coautoría familiar en los delitos, también es claro el incumplimiento del Estado ecuatoriano de la normatividad que protege los derechos de esta población.
En 2008 la Constitución prohibió la discriminación por orientación sexual e identidad de género, con lo cual es obligación del Estado garantizar la igualdad. No obstante, según datos de 2013 del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano en el país existían 268 de estos establecimientos.
De acuerdo con Taller de Comunicación Mujer, el Estado ecuatoriano continúa incumpliendo con su obligación de desarrollar un sistema que permita la recopilación sistemática de datos estadísticos sobre violencia contra la mujer, desagregando la violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
En relación al Consenso de Montevideo
El Consenso de Montevideo insta a los gobiernos a proteger los derechos sexuales y derechos reproductivos sin coerción, discriminación o violencia, en especial respecto a la población LGBT, la que es situada en una posición de vulnerabilidad.
Propende por la toma de medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, prestando especial atención a las mujeres en situación de mayor riesgo como lesbianas, bisexuales y transexuales, así como hacerlas efectivas (medida E57). Igualmente, la garantía del acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad tomando en
consideración las necesidades específicas de personas LGBT se contempla en la medida D37.
