El martes 11 de febrero en Guatemala diputados aliados al oficialismo aprobaron las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo.
El Decreto Nº04/2020 contiene artículos que provocarían la desaparición de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) relacionadas al tema de derechos humanos, transparencia y fiscalización, permite más control por parte del Estado y establece sanciones penales a directivos de estas organizaciones que alteren el orden público.
Diversas han sido las organizaciones que se han manifestado en contra de esta ley.
Acción Ciudadana en conjunto con otras ONG y sindicatos, presentó un recurso de amparo en la Corte contra dicha ley. Ennumeraron algunas de las irregularidades que contiene el decreto, entre ellas: atenta contra la libertad de acción, organización, manifestación y resistencia pacífica a que tienen derecho todos los y las ciudadanas y quienes se organizan como ONG.
Por su lado la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) dijo en Twitter que que se debe respetar y garantizar las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos. “La reforma a la ley de ONG podría afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada”.
La diputada Sonia Gutiérrez dice que el objetivo del decreto es criminalizar a las organizaciones que realizan protesta social.
El diputado Román Castellanos dijo “Esta norma busca coartar las libertades y es una forma autoritaria de tener el poder”.
“Se criminalizan las luchas sociales y esta nueva ley es para vengarse de las ONG”, dijo la diputada de la bancada MLP, Vicenta Jerónimo.