• Tipo de Alerta Alertas Latentes
• Fuente Redes feministas
• Fecha de la alerta02-03-2020
• Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Desde el 2006 la Corte Constitucional de Colombia, a través de su sentencia C-355/06, despenalizó el aborto para aquellos casos en que: el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que hacía inviable su vida, o cuando la gestación era causada por una violación. La legalización total del aborto se estanca en Colombia generando una fuerte restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El pasado 2 de marzo de 2020, la Corte Constitucional de Colombia estudió dos demandas que presentó la abogada Natalia Bernal en 2019, una de esas demandas solicita la prohibición total del aborto, la otra implica considerar que el feto en un vientre materno es un sujeto de derechos y por ende hay que respetar esa vida: “Todos los seres humanos, todos los seres vivientes, tienen derecho a nacer. Ninguna autoridad puede decidir quién vive y quién no. Si hay juicios de ponderación entre quiénes tienen derechos y quiénes no, y qué individuos son superiores en la sociedad, se está abriendo la puerta a los genocidios”, aseguró.

Por su parte, Alejandro Linares (otro abogado colombiano) presentó una propuesta de despenalización del aborto para el primer trimestre de embarazo. La propuesta surge luego de que la abogada Natalia Bernal presentara la suya.

Con una votación de seis votos en contra y tres a favor de estudiar la ponencia del magistrado Alejandro Linares, el alto tribunal cerró la posibilidad, por el momento, de quitar los límites que existen en el país para el aborto.

La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de no tomar una postura a favor de despenalizar el aborto representa un freno para la realización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país: “Al perder esta oportunidad histórica de avanzar hacia la despenalización del aborto en Colombia, la Corte Constitucional les ha dado la espalada a las mujeres y su lucha por acabar con los círculos de violencia y los mecanismos de control de los que han sido víctimas. Lamentamos que la corte haya decidido seguir restringiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en vez de poner un ejemplo positivo para la región,” sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El 2 de marzo de 2020, la Corte Constitucional tenía que decidir un caso en el cual podría haber avanzado con la despenalización del aborto, pero decidió no pronunciarse.

La misma Corte Constitucional ha reconocido, en múltiples sentencias, que el derecho de una mujer a abortar forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, mismos que están protegidos el artículo 12 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Colombia hace parte de este tratado desde su firma en 1980, y posterior ratificación, en 1982, por lo que queda obligado a cumplir sus disposiciones. 

Asimismo, la Corte Constitucional ha reconocido que la interrupción voluntaria del embarazo está íntimamente ligada al derecho a la salud de una mujer, el mismo está reconocido en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés). Colombia hace parte de este tratado desde su firma en 1966 y posterior ratificación en 1969, es así como no puede incumplir las obligaciones aquí asumidas.

En relación al Consenso de Montevideo

Colombia es uno de los 38 países que aprobaron el consenso de Montevideo.En este sentido se vulnera la promoción, protección y garantía en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Al tiempo que genera un freno respecto al logro de la justicia social y los compromisos sociales nacionales y regionales asumidos. 

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia.

34.Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva.

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños.