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Un aborto clandestino e inseguro al igual que el Covid-19 también puede ser mortal.

Quito, Ecuador
Alertas Latentes
Última Actualización: 04-08-2020
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta08-04-2020
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

En Ecuador el nuevo Código del Proceso Penal Integral aprobado en el año 2014, tipifica al aborto como un delito y en función de ello se establecen sanciones heterogéneas tanto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, así como para el personal de la salud que lo realice. 

A saber,  el Art. 444 establece que la mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o causare por sí misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco años. 

El Art. 445. dictamina que: Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o indicado con dicho fin será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, si la mujer ha consentido en el aborto; y con reclusión mayor de ocho a doce años, si la mujer no ha consentido.

En el Art. 446. se contempla que en los casos previstos por los artículos 441, 443 y 445, si el culpado es médico, tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de prisión será reemplazada con reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de doce a dieciséis años.

y el Art. 447. establece que el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere en posibilidad de prestarlo, no será punible: 1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y, 2. Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del representante legal de la mujer.

La normativa vigente en Ecuador respecto al aborto, no promueve ni respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos ni vela por la integridad y la salud de éstas; este debate normativo volvió a ponerse en pausa el pasado 2019 cuando el Parlamento rechazó la reforma legislativa para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación.

Sobre este escenario y en plena pandemia, Las Comadres (red feminista de Ecuador) expresa que han disminuído las llamadas, pero han aumentado los mensajes de texto.

“No pueden hablar porque las escuchan. No pueden decir delante de sus familias que buscan ayuda, que necesitan abortar.” Las Comadres, que ofrecen información a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos con fármacos, han tenido que cambiar en las últimas semanas sus canales habituales de comunicación.

El aislamiento, impuesto como medida de mitigación por el Covid-19, ha limitado la libertad de quienes buscan acceder a un aborto, pero no la determinación de quienes están decididas a hacerlo.

Verónica Vera, una de las sesenta ecuatorianas que responde a las solicitudes de acompañamiento, ahora a través de plataformas como Telegram, indica que en marzo aumentaron en un 25% las solicitudes en busca de apoyo. Las mujeres que quieren abortar lo harán incluso viviendo una emergencia sanitaria y el sistema de salud pública en América Latina parece no estar listo para responder. “La dificultad de movilizarse debido a las medidas adoptadas por la pandemia, los servicios médicos colapsados y la falta de privacidad dentro de prolongados encierros podría llevar a un retroceso en América Latina”, advierte.

La interrupción del embarazo con medicamentos, avalado y recomendado por la Organización Mundial de la Salud, requiere poner en marcha un modelo que permita hacer seguimiento sanitario a distancia y así “Garantizar el acceso a las pastillas y ofrecer acompañamiento médico de forma remota evitaría que las mujeres vuelvan a recurrir a métodos inseguros que ponen en riesgo su vida”, sostiene Vera. refiriéndose al uso de hierbas como: ruda, perejil o utilización de objetos como agujas de tejer, vidrios o perchas. para ejecutar prácticas peligrosas y de las que no se debería estar hablando como opción para abortar.

Según sostiene Selene Soto, abogada de la organización Women's Link, lo que está ocurriendo como consecuencia de la pandemia,  crea nuevas barreras e impedimentos a los que ya enfrentaban las mujeres en América Latina. En sus palabras “Ahora que en el mundo se pide actuar desde el aislamiento pero en comunidad para salvar vidas, las redes de feministas que lo han venido haciendo desde hace tiempo apoyando a través de internet a las que necesitan abortar, aprovechan su experiencia para actuar en esta contingencia”.

En relación al Consenso de Montevideo

Ecuador es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Estos artículos contravienen especialmente el cumplimiento de las siguientes medidas: 

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos; 

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atencion obstetrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida.

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