• Sitio en búsqueda permanente de alertas
  • Alertas Latentes

    Medidas para enfrentar el COVID-19 alertan sobre transfobia institucional

    Policía Nacional, Panamá Detalles

      Las medidas estatales del gobierno de Panamá para enfrentar la pandemia del COVID 19, respecto a establecer circulación diferenciada durante la semana en base al sexo biológico, evidenció una vez más la vulnerabilidad de la población LGTBIQ+ frente a políticas públicas que no tienen en cuenta la diversidad. Y expuso a las personas trans a serias dificultades para enfrentar el aislamiento.

  • Alertas Latentes

    Avasallamiento de los derechos sexuales y reproductivos durante emergencia sanitaria

    Montevideo Departamento de Montevideo, Uruguay Detalles

      La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal denuncian el “avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.

  • Alertas Latentes

    Peligrosas declaraciones del Presidente Luis Lacalle Pou sobre el aborto.

    Montevideo Departamento de Montevideo, Uruguay Detalles

      Se volvió a posicionar contrario a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2012 y declaró que su gobierno tiene una agenda "provida". 

  • Alertas Latentes

    Vuelven a hostigar a la Dra. Sandra Peniche.

    Yucatán, México Detalles

      Si bien la Dra. Sandra Peniche continúa estando protegida legalmente por el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a causa de los hechos sucedidos en 2018 (Mérida, Yucatán), el pasado 26 de abril, volvió a ser blanco de agresiones por parte de la policía y autoridades estatales.

  • Alertas Latentes

    Dificultad de acceso a métodos y procedimientos anticonceptivos por crisis sanitaria.

    Brasilia - Distrito Federal, Brasil Detalles

      Servicios de salud de varios estados de Brasil cortan acceso a métodos anticonceptivos, siendo que las mujeres embarazas son consideradas población de riesgo para el COVID-19. 

  • Avance

    Lanzamiento de escuela Feminista de Abogadas

    , Ecuador Detalles

      La organización feminista Surkuna Ecuador lanzó una convocatoria de formación en La Escuela Feminista de Abogadas Teodora Vásquez, para aquellas profesionales que estén dispuestas a defender a mujeres y profesionales de salud que han sido judicializadas por aborto o  complicaciones obstétricas en partos.

  • Alertas Latentes

    56 niñas fueron violadas durante el primer mes de cuarentena

    , Perú Detalles

      En Perú 56 niñas fueron víctimas de violencia sexual durante el primer mes de cuarentena. Las niñas están en confinamiento con sus agresores. El Estado no actúa tomando medidas acorde a la situación. 

  • Caso Emblemático

    Condena de la CIDH al Estado peruano por violación de derechos a una persona LGTBIQ

    , Perú Detalles

      El 12 de marzo del 2020, la CIDH (Corte interamericana de Derechos Humanos) declaró internacionalmente responsable al estado peruano por discriminación, tortura y violación sexual de Azul Rojas, ciudadana trans.

  • Alertas Latentes

    Medidas por COVID-19 generan barreras para la denuncia de situaciones de violencia

    , Guatemala Detalles

      Las denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes disminuyeron en Guatemala durante el mes de marzo de 2020, más no así la violencia. Las medidas impuestas por el Poder Ejecutivo invisibilizan la violencia intrafamiliar.

  • Alertas Latentes

    Un aborto clandestino e inseguro al igual que el Covid-19 también puede ser mortal.

    Quito, Ecuador Detalles

      El aislamiento social impuesto como medida para frenar la propagación del Covid-19, ha limitado la libertad de quienes buscan acceder a un aborto, pero no la determinación de quienes están decididas a hacerlo.

  • Alertas Latentes

    Colombia coloca un freno respecto a la despenalización del aborto

    , Colombia Detalles

      Desde el 2006 la Corte Constitucional de Colombia, a través de su sentencia C-355/06, despenalizó el aborto para aquellos casos en que: el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que hacía inviable su vida, o cuando la gestación era causada por una violación. La legalización total del aborto se estanca en Colombia generando una fuerte restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

  • Avance

    Gobierno argentino emite un decreto para personas que se encuentran en situación de violencia

    Buenos Aires, Argentina Detalles

      Tras el aumento exponencial de los casos de feminicidios y de todos los tipos de violencia contra mujeres, niñas y población LGTBIQ, el gobierno emitió un decreto que contempla (al menos en parte) éstas situacionese determinando que no habrá sanciones para mujeres y personas LGTBI que rompan medidas de cuarentena obligatoria.

  • En Campaña

    La cuarentena no congela tus derechos. #AislamientoNoEsSilencio

    , Argentina Detalles

      Bajo la consigna “La cuarentena no congela tus derechos”, tres directoras de cine y publicidad se unieron para promover una campaña en redes sociales y medios nacionales alertando a las autoridades y al resto de la población acerca de las consecuencias que conlleva el aislamiento dispuesto por el gobierno. El confinamiento  agrava las situaciones de violación de los derechos de las mujeres y niñas.

Condena de la CIDH al Estado peruano por violación de derechos a una persona LGTBIQ

, Perú
Caso Emblemático
Última Actualización: 30-04-2020
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  • Tipo de Alerta Caso Emblemático
  • Fuente Medios de prensa locales
  • Fecha de la alerta12-03-2020
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

El 12 de marzo del 2020, la CIDH (Corte interamericana de Derechos Humanos) declaró internacionalmente responsable al estado peruano por discriminación, tortura y violación sexual de Azul Rojas, ciudadana trans.

La Corte constató que en la sociedad peruana existían al momento de los hechos y aún hoy, fuertes prejuicios con relación a la población LGBTIQ, que en casos concretos, se manifiesta en hechos de violencia. Algunos de estos hechos violentos en ciertas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos policiales de Perú y del serenazgo.

“Azul Rojas Marín nació el 30 de noviembre de 1981. Al momento de su detención, el 25 de febrero de 2008, se identificaba como hombre gay. Actualmente, se identifica como mujer. El 25 de de febrero de 2008 a las 00:30 horas, la señora Rojas Marín se encontraba caminando sola a su casa cuando se acercó un vehículo policial, uno de sus ocupantes le preguntó a dónde se dirigía y le dijo: “¿a estas horas? Ten cuidado porque es muy tarde”. Veinte minutos después los agentes estatales regresaron, la registraron, la golpearon, y la obligaron a subir al vehículo policial mientras le gritaban “cabro concha de tu madre”. Los insultos y palabras despectivas con clara referencia a su orientación sexual continuaron mientras estuvo detenida. Fue conducida a la Comisaría de Casa Grande, donde fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, y fue víctima de tortura y violación sexual ya que en dos oportunidades los agentes estatales le introdujeron una vara policial en el ano. La víctima permaneció hasta las 6 de la mañana en la Comisaría sin que se registrara su detención.

El 27 de febrero de 2008 la víctima presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Casa Grande. El 24 de marzo de 2008 la fiscalía dispuso promover una investigación preliminar contra el personal policial de la Comisaría de Casa Grande por el delito contra la libertad sexual en perjuicio de Azul Rojas Marín. El 2 de abril de 2008 la fiscalía dispuso la formalización de la investigación preparatoria por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad en contra de tres oficiales de policía. Integrada por la jueza y jueces siguientes: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; Humberto Antonio Sierra Porto; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique. El Juez Eduardo Vio Grossi no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia por razones de fuerza mayor, aceptadas por el Pleno del Tribunal.

El 5 de mayo de 2008, la señora Rojas Marín solicitó la ampliación de la denuncia y de la investigación para incluir el delito de tortura.

El 16 de junio de 2008 la fiscalía resolvió no proceder a la ampliación de la investigación. Esta decisión fue apelada por la señora Rojas Marín y confirmada el 28 de agosto de 2008.

El 21 de octubre de 2008, la fiscalía requirió el sobreseimiento del proceso seguido contra los tres oficiales de policía.

El 9 de enero de 2009 el juzgado sobreseyó el proceso por los delitos de violación sexual agravada y abuso de autoridad, ordenando el archivo del expediente.

El 20 de noviembre de 2018, en cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe de Fondo por la Comisión Interamericana en el presente caso, la fiscalía dispuso la reapertura de la investigación contra los presuntos responsables por el delito de tortura en agravio de la señora Rojas Marín.

El 16 de enero de 2019 la fiscalía solicitó al juez penal la nulidad de las actuaciones en el proceso seguido contra los tres oficiales de policía por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad en contra de Azul Rojas Marín.

El 14 de agosto de 2019, el juzgado declaró improcedente el pedido de nulidad. La fiscalía presentó un recurso de apelación, el cual fue declarado como inadmisible. 

La sentencia de la Corte IDH, marca un precedente histórico de reconocimiento a los derechos de las personas trans en el país, dado que es el primer caso de discriminación hacia una persona LGTBIQ en llegar a la Corte.

Su caso fue llevado a esta instancia internacional gracias al Centro de promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y REDRESS, organización que trabaja para erradicar la trata de personas.

La sentencia de la Corte IDH, se emitió el 12 de marzo del 2020, se resolvió por unanimidad y, supone una serie de medidas concretas para reparar el daño causado a Azul Rojas; y que el es Estado peruano debe cumplir para garantizar la protección de las personas trans en el país.

Entre las medidas dispuestas se encuentran: investigar y sancionar a las personas responsables de la tortura contra Azul, pedir disculpas públicamente a la agraviada, reconocer que se ejerció violencia y vulneración de sus derechos como ser humano y como ciudadana trans.

Asimismo, se prevé que el estado peruano confeccione un protocolo de investigación y administración de justicia para casos de personas LGTBIQ que sean víctimas de violencia. También se prevé que se implemente un proyecto de sensibilización y capacitación al funcionariado policial, Ministerio Público, Poder Judicial y el Serenazgo. Asimismo, el estado deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras sobre los casos de violencia con las personas LGTBIQ y eliminar de los Planes de Seguridad Ciudadana de las regiones y distritos peruanos el indicador “erradicación de homesexuales travestis”, por ser altamente discriminatorio y exacerbar la discriminación a la ciudadanía que es parte de la diversidad sexual.

En relación al Consenso de Montevideo

Además de la vulneración de sus derechos como ciudadana, el estado peruano es responsable de no respetar varios acuerdos  que suscriben el en Consenso de Montevideo:

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;

34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva;  

50. Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de género;  

77. Promover el desarrollo y el bienestar de las personas de todos los territorios, sin ningún tipo de discriminación, incluido el pleno acceso a servicios sociales básicos, y la igualación de las oportunidades dentro de las ciudades, entre zonas urbanas y rurales, entre ciudades pequeñas, intermedias y grandes y entre población dispersa y la que habita en pequeños asentamientos rurales.

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