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Wendy Cañas Hernández: atención inadecuada ante embarazo ectópico

San Salvador, El Salvador
Alertas Latentes
Última Actualización: 27-07-2020
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta19-11-2019
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Una de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto que tiene graves secuelas de morbilidad materna, es que en El Salvador el personal médico no interrumpe de inmediato un embarazo ectópico cuando es detectado, es frecuente que esperen a que no haya latido fetal lo cual coincide con el rompimiento de membranas y fuertes hemorragias que ponen en riesgo la vida y la salud de la mujer gestante.

Wendy enfrentó un embarazo ectópico, el sistema de salud salvadoreño postergó la interrupción del embarazo, hasta generar una emergencia obstétrica que concluyó en la pérdida de su trompa de falopio izquierda.

Wendy enfrentó violencia obstétrica, su vida estuvo en riesgo y su integridad física fue afectada. Esto sucede en un país con una de las leyes más restrictivas en materia de aborto. 

En las instituciones de salud pública se ha generado una práctica sanitaria que niega la atención adecuada a mujeres que enfrentan un embarazo ectópico, lo cual tiene graves secuelas de morbilidad.

Esta práctica se basa en el miedo instalado entre el personal de hospitales públicos, de que eventualmente podrían ser acusados de cometer el delito de aborto (penalizado de forma absoluta), por lo que es frecuente que ante un diagnóstico de embarazo ectópico, esperen a realizar una intervención hasta que no haya latido fetal. Esto tiene graves consecuencias en la salud de las mujeres como es el caso de Wendy que se describe a continuación.

Wendy sufría de endometriosis lo cual hace que su periodo menstrual sea irregular, pero el sábado 16 de noviembre de 2019 se enteró que estaba embarazada, posteriormente, observo sangrado y pensó que el sangrado que tenía no era normal, así que el día 19 de noviembre de 2019 fue a consulta al Instituto del Seguro Social de Zacamil manifestándole que se trataba de una amenaza de aborto. Le dijeron que no era necesario mayores exámenes y le recomendaron que se pusiera en control y que reposara, dejándola que se vaya porque no había más que proceder.

Ella preocupada porque sigue sangrando opta por ir a consulta con una especialista en ginecobstetricia (clínica privada), en dónde la doctora al practicarle la ultrasonografía detecto que se trataba de un embarazo ectópico en su trompa de falopio izquierda, la doctora le ofreció hacerle una videolaparoscopia de emergencia porque corría riesgo su vida, debido a que el embrión podía hacer explotar la trompa y causar una hemorragia.

Sin embargo, la operación costaba $2,500 dólares, un costo que Wendy no podía asumir. Debido a ello la doctora la refirió al Hospital Materno Infantil 1° de Mayo solicitando de manera expresa que realizara una cirugía y de esa manera poder salvaguardar su vida e integridad física.

Al llegar al Hospital referido, en la emergencia le dijeron que no veían un embarazo ectópico. A pesar que Wendy expresaba su dolor en el ovario izquierdo y sangrado, le dijeron que podía ser el mismo embarazo, subestimando su sentir e ignorando lo que planteaba la ultra del consultorio particular. Le dejaron otros exámenes para medir niveles de embarazo y hormonas, la hicieron esperar 48 horas más. Sin embargo el dolor y sangrado no cesaban. En el hospital la hicieron esperar y le planteaban que era un aborto espontáneo. Luego de tanta angustia y espera, regresó a la emergencia, de hospital, esa noche confirmaron diagnóstico de embarazo ectópico, pero le dijeron que no le podían ingresar para una laparoscopia porque era viernes y que las hormonas del embarazo estaban bajando y el fin de semana no se le resolverían.

Le dejaron un tratamiento expectante. Wendy cansada emocionalmente siguió su indicación y esperó otras 48 horas para tomar otro examen y ver si bajaba su hormona. 

El lunes 25 de noviembre, luego de las 48 horas, el dolor y sagrado empeoró. En el hospital le quisieron dar de alta porque decían que el sangrado era normal. El martes 26 de noviembre (un día después que la quisieron dar de alta) despertó con hemorragia y dolor intenso, la refirieron a emergencia del hospital. No se podía mover, le dijeron que posiblemente el ectópico había reventado un vaso y por eso la hemorragia. Que había que hacer una operación como cesárea porque no tenían videolaparoscopia.

Sin más trámite la sometieron a una cirugía (cesárea) de emergencia en donde antes la hicieron que firmara la constancia de la operación, después de la cirugía le dijeron que “gracias a Dios estaba viva” y que podía intentar ser madre después de seis meses, pero que debían esperar los resultados, en ese momento, le manifestaron que había perdido su trompa izquierda y que tendría que guardar reposo. Estando ingresada, luego de la cirugía, la remitieron con una psicóloga la cual le manifestó que “muchas veces la casa se equivoca, pero que todavía tiene posibilidades, y que aún no era un bebé formado”.

La penalización absoluta del aborto genera obstáculos para poder implementar protocolos de salud que permitan interrumpir el embarazo, a Wendy se le negaron sus derechos sexuales y derechos reproductivos, se atentó contra su vida e integridad física. Además, se le sometió a tratos crueles y violencia obstétrica. 

Más información sobre la situación de la penalización absoluta del aborto: 
El aborto no siempre estuvo absolutamente penalizado en El Salvador. La legislación anterior contemplaba una serie de causales de no punibilidad y eximía a los abortos culposos, terapéuticos, por violación y eugenésicos. En 1997 se cambió la legislación salvadoreña convirtiéndola en una de las más restrictivas del mundo

En el 2016 se presentó propuesta para despenalizar el aborto en 4 causales: 1) Cuando la vida y salud de la mujer esté en riesgo; 2) Cuando existen malformaciones con la vida extrauterina; 3) Cuando el embarazo sea producto de violencia sexual en mujeres adultas y; 4) Cuando el embarazo sea producto de violencia sexual en niñas.  Sin embargo, la introducción de dichas modificaciones en la legislación vigente no fue posible, debido a que el debate en el pleno legislativo no se logró consensuar. Además, hubo resistencia por parte de los grupos y partidos políticos conservadores a abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, científica y laica. 

El Ministerio de Salud (MINSAL) confirmó que del 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2019 se reportaron 423 embarazos ectópicos.
 

En relación al Consenso de Montevideo

En relación con el caso de Wendy las violaciones a derechos humanos contravienen con las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo relativas a:

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia; 

35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así́ como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida.

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