Organização de ultraconservadores católicos, o Centro Dom Bosco Fé e Cultura, entrou, em 2018, com processo junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para impedir que Católicas pelo Direito de Decidir utilizem a palavra católicas no nome. CDD apelou de decisão da 2ª instancia, que favoreceu o Centro. O processo está em fase de decisão se seguirá ou não para instâncias superiores (STJ e STF).
Tras 20 horas de debate y con 131 votos a favor y 117 en contra, Diputados le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto.
La ONG Chicas Poderosas Argentina lanzó su investigación “Los derechos no se aíslan”, un conjunto de historias contadas en diversos formatos sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de coronavirus en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.
Acceder a "los derechos no se aislan"
Elas também têm menos acesso a anestesia durante o parto normal e morrem mais em decorrência da gestação
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) presentó su Protocolo de atención y actuación ante casos de acoso sexual. La decana, Carmen Midaglia, destacó que el documento establece las conductas «que no van a ser más aceptadas y que van a ser sancionadas en esta casa de estudios».
Las medidas de confinamiento para la prevención de contagio implicó un mayor uso de internet, dejando en evidencia, entre otras ocsas, que la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes tiene una expresión en dicho entorno que debe ser contemplada por la legislación en esa materia.
La "Ley OlimpiA" introduce reformas al Código Penal que sancionan con severidad la violencia digital y mediática, además de combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales.La iniciativa lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, originaria de Huachinango, Puebla, que es una víctima de ciberviolencia.
En el marco del “Día Internacional para la prevención del Abuso Infantil”, México ha sido protagonista de cientos de titulares de prensa a nivel internacional por encabezar la lista de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores tasas de abuso sexual infantil. A través de organizaciones de la sociedad civil y varios actores políticos, la sociedad mexicana ha sido llamada a reflexionar sobre este problema cuya gravedad ya se conocía antes de la pandemia de COVID 19, pero que tras las medidas de confinamiento forzoso tomó una dimensión sin precedentes.
El presidente argentino, Alberto Fernandez, anunció hoy martes 17 de noviembre el envío del proyecto de ley de legalización del aborto. El mismo contemplará los consensos básicos recogidos del debate parlamentario del 2018.
El envío de este proyecto es un compromiso asumido por el presidente en su camapaña electoral. Según varios medios de prensa el proyecto de ley ya se encontraba listo para ser enviado pero debió postergarse a raíz de crisis sanitaria.
El actual gobierno de Brasil, a pesar de los acuerdos que éste país ha ratificado, propuso de manera conjunta a los gobiernos de Estados Unidos, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda la firma de una declaración contra el derecho al aborto y en defensa de la salud de las mujeres y del papel de la familia como unidad fundamental de la sociedad.
La denominada "Declaración del Consenso de Ginebra" (VER TEXTO) fue firmada por los países promotores del acuerdo junto a otros 31 Estados el pasado 22 de Octubre y permanece abierta a nuevas adhesiones.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) aprobó el informe “Prevención del Embarazo en Adolescentes en el actual contexto de emergencia por COVID-19” que presentará nuevas recomendaciones para la prevención del embarazo en adolescentes en el Perú.
IPS decide retirar nuevamente un anticonceptivo del mercado, esta vez el Conti-Marlon 20, debido a un “error en el esquema de administración (...)”. Este se suma a los tres anticonceptivos que han sido retirados durante este año.
En el mes de septiembre se cumplieron 30 años de la declaración de San Bernardo, como también 3 años de la vigencia de la Ley IVES. En tiempos de pandemia la situación ha empeorado, el Estado no ha garantizado el acceso a una salud que certifique el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como tampoco el acceso a la ley Ives, por lo que muchas mujeres siguen abortan peligrosamente en clandestinidad.
En el contexto de la Pandemia, se denuncia un alto número de casos en que a las mujeres se les niega la posibilidad de entrar al parto con acompañante y solo pueden ser acompañadas por el personal de salud a pesar de no tener un contagio positivo confirmado. Los hospitales y el gremio de matronas piden lineamientos técnicos que salgan desde el gobierno para, entre otras cosas, regular el acompañamiento durante el parto y la aplicación de PCR preventivo para mujeres embarazadas, los cuales frente a la ausencia han mostrado sesgos importantes de clase.
Previo a la celebración del 28S, tres organizaciones de mujeres y feministas - el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Programa Feminista La Corriente y la Coordinadora de Mujeres Rurales - fueron objeto de asedio, arbitrariedades y agresiones por parte de la policía.
El proyecto fue elaborado por la Red de Padres Responsables y establece que la educación sexual “atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas” y que todo padre tiene “derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos”
Celia, de 34 años,es una activista y mujer transgénero con gran liderazgo en la Isla de Ometepe (Moyogalpa, departamento de Rivas) que ha sido detenida arbitrariamente en dos ocasiones. Desde el 30 de setiembre permanece en huelga de hambre como medida de protesta ante las condiciones inhumanas que viven en la prisión y en demanda de libertad ante su injusto encarcelamiento.
Luz estuvo con prisión preventiva dos años, acusada de un intento de homicidio del que no habían pruebas firmes. Durante el juicio su defensa trató de enseñarle al tribunal claves sobre las violencias estructurales que hacen que las personas T sean criminalizadas. Hoy la absolvieron de todos los cargos.
Este 28 de septiembre, la policía retuvo y agredió con excesivo uso de la fuerza a manifestantes de la marcha por la despenalización del aborto en Ciudad de México y Veracruz.
Para hacer frente a la nueva ofensiva del gobierno contra el derecho al aborto, feministas, sociedad civil y movimientos sociales se articulan. Se acciona una Alerta Feminista, mecanismo creado para momentos donde se ataca gravemente a los derechos reproductivos.
En este momento donde están surgiendo una cantidad de testimonios que describen abuso sexual, desde Cotidiano Mujer (integrante de la AFM) queremos aportar todas las herramientas que tenemos para apoyar a quienes se encuentren en esa situación. Por esa razon, difundimos esta guía antes de haber sido presentada públicamente.
“La libertad es mi causa” es la consigna bajo la cual 91 organizaciones y 134 activistas por los derechos de las mujeres, que integran el Movimiento Causa Justa, se organizaron para presentar una demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal.
Un proyecto de ley propone la creación de Casas de Partos y Nacimientos: lugares destinados y acondicionados para partos fisiológicos y de bajo riesgo, con características similares a un hogar. En estas “casas”, profesionales calificadas/os matriculadas/os, trabajadores/as especializados en el entorno del nacimiento, brindarán cuidados y asistencia a las personas con capacidad de gestar y sus familias o acompañantes, durante la etapa preconcepcional, prenatal, parto y post parto.
Son 11 los proyectos que ya empezaron a discutirse en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Más allá de las particularidades de cada uno, la ley supondría la incorporación de 40.000 personas trans y travestis al mercado laboral formal.
Honduras es un país donde las mujeres y niñas no cuentan con ninguna garantía para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Pese a ser un Estado laico, la presión que ejercen grupos religiosos y provida, hacen que sea imposible instalar esta discusión en el ámbito parlamentario en torno a estos temas, lo que atenta no sólo contra el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, sino también manteniendo la punidad del uso de pastillas anticonceptivas del día después.
Es además un país con una alta tasa de embarazo de niñas y adolescentes, en su mayoría producto de violaciones, puesto que legalmente 14 años es la edad para dar consentimiento a mantener relaciones sexuales, y sólo en 2017 la cifra de niñas de entre 10 y 14 años que fueron forzadas a parir ascendió a 820 casos.
Pese a este contexto, han surgido organizaciones que se encargan de brindar información y medios necesarios, a través de generar acceso por medio de costos más bajos de los medicamentos, brindando información sobre la salud sexual y reproductiva a través de redes sociales, líneas telefónicas, mosquitas informativas, foros científicos, festivales artísticos, entre otros.
Frente a la situación de pandemia mundial por COVID-19, el Estado de Honduras decretó temporalmente estado de sitio y suspensión de garantías constitucionales a toda la población, aprovechando esta situación para hostigar y perseguir a defensores de derechos humanos, en especial, aquellas que defienden los derechos de las mujeres. El uso de alternativas como las líneas telefónicas de información sobre el aborto seguro con medicamentos se ven interrumpidas por el alto nivel de riesgo que supone la suspensión de las garantías a todas las libertades; lo mismo sucede para establecimientos y personas que ofrecían medicamentos para abortos seguros o para anticonceptivos de emergencia, al ser acciones ilegales para garantizar derechos de las mujeres sus riesgos aumentan y además con la suspensión de la libre circulación las entregas de productos se vuelven imposibles.
Si bien la suspensión de garantías constitucionales ya no se encuentra vigente sirvió para mantener un ambiente de miedo y para recrudecer la militarización de la sociedad.
Esta situación de emergencia sanitaria, pone en dificultades las iniciativas que las mujeres hondureñas han encontrado para poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Con relación al Consenso de Montevideo, los hechos antes mencionados contravienen una serie de medidas:
3. Establecer y fortalecer la institucionalidad pública encargada de los temas de población y desarrollo, a escala nacional y subnacional, y asegurar su integralidad y sostenibilidad, con la participación activa de otros actores no gubernamentales;
33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;
35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales
Ver másLa AFM es una corriente de pensamiento y acción política feminista que tiene como eje central de su estrategia, promover el desarrollo de un campo político feminista a nivel regional y global.