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COVID 19: Mujeres embarazadas sin acceso a consultas médicas

6a Avenida, Guatemala
Alertas Latentes
Última Actualización: 26-10-2020
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta13-08-2020
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Un artículo escrito en la Agencia Ocote llamado "Olvidadas en la pandemia: embarazadas y mujeres que requieren anticonceptivos", expone cifras del Observatorio en Salud Reproductiva de Guatemala (OSAR) que dan cuenta de las consecuencias en la desatención de estos derechos esenciales.

Cifras analizadas por el OSAR dan cuenta de que el control prenatal brindado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha disminuido en un 26%. Esto comparando los datos del periodo de enero a mayo de 2019 y 2020.  No obstante, si se confrontan únicamente los números de mayo del año pasado y los de este, se establece que hay una reducción del 60% en la atención de mujeres embarazadas, de acuerdo con las cifras que la entidad consiguió del Sistema de Información Gerencial de Salud.

Según la directora de OSAR, Mirna Montenegro, la pandemia ha hecho que el personal contratado para las clínicas de planificación familiar deje a un lado sus funciones para atender la actual emergencia sanitaria. A partir del 16 de marzo, la prioridad fue contener la pandemia. Y esa prioridad implicó enviar al personal del programa de salud reproductiva -de los distintos departamentos del país- a atender la línea telefónica habilitada por la pandemia.

La pandemia vino a quitar estos servicios de salud sexual y reproductiva, y los relegó a un segundo plano aunque sean servicios esenciales—, dice Montenegro, quien además señala que la negación de servicios de atención prenatal puede implicar una muerte materna.

Según Karin Slowling, experta integrante del Laboratorio de Datos de Guatemala, "habrá además más muertes maternas, así como muertes por hipertensión y descensos en las tasas de vacunas. Es un análisis que deberá hacerse cuando todo esto pase. Esto no hay que verlo como efectos secundarios del COVID, sino realmente como efectos de que el Ministerio de Salud no creó un plan de contingencia para mantener la prestación de sus servicios y a la vez atender la pandemia". 

Según la Estrategia Nacional de Planificación Familiar 2015-2020, de la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos, el mayor proveedor de servicios de planificación familiar es el MSPAS, el cual abarca un 50.9% de toda la cobertura nacional. A este le sigue el sector privado con un 20%, la Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam) con un 16% y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con 10%.

La Aprofam, que presta servicios de salud generales sin fines de lucro, pero prioriza la salud sexual y reproductiva, también fue afectada por la pandemia del coronavirus.

Isaac Salazar, quien trabaja para Aprofam como auditor de enfermería y formaba parte de la Unidades Móviles, un proyecto que brindaba salud sexual y reproductiva a bajo costo o de manera gratuita a pobladores de todos los departamentos de Guatemala, cuenta que el servicio dejó de funcionar con la llegada de la pandemia.

UNFPA y ONUMujeres advierten de las consecuencias que tendrá la pandemia de COVID-19 para muchas mujeres.

El documento que elaboró UNFPA identifica problemas y escenarios temporales posibles de afectación a las mujeres frente a la desatención de los derechos sexuales y reproductivos mientras dure la pandemia. 

La interrupción en las cadenas de suministros afectan la disponibilidad de anticonceptivos en muchos lugares y conlleva la posibilidad de que las mujeres no puedan utilizar su método anticonceptivo preferido y lo sustituyan con métodos a corto plazo menos eficaces, o dejen de utilizar anticonceptivos por completo. También aumentarán los embarazos no deseados.

Diversos medios y organizaciones sociales dan cuenta de cómo los derechos sexuales y reproductivos fueron relegados para atender a las personas con coronavirus. 

En relación al Consenso de Montevideo

Las omisiones del Sistema de Salúd frente a la población gestante y en periodo de puerperio así como también de las mujeres que necesitan métodos anticonceptivos, van en contra de algunos de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. 

La medida número 43 establece que el Estado debe asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;

La medida 40 establece que el Estado debe: Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños.

La medida 44 establece que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia. 

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