Organização de ultraconservadores católicos, o Centro Dom Bosco Fé e Cultura, entrou, em 2018, com processo junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para impedir que Católicas pelo Direito de Decidir utilizem a palavra católicas no nome. CDD apelou de decisão da 2ª instancia, que favoreceu o Centro. O processo está em fase de decisão se seguirá ou não para instâncias superiores (STJ e STF).
Tras 20 horas de debate y con 131 votos a favor y 117 en contra, Diputados le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto.
La ONG Chicas Poderosas Argentina lanzó su investigación “Los derechos no se aíslan”, un conjunto de historias contadas en diversos formatos sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de coronavirus en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.
Acceder a "los derechos no se aislan"
Elas também têm menos acesso a anestesia durante o parto normal e morrem mais em decorrência da gestação
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) presentó su Protocolo de atención y actuación ante casos de acoso sexual. La decana, Carmen Midaglia, destacó que el documento establece las conductas «que no van a ser más aceptadas y que van a ser sancionadas en esta casa de estudios».
Las medidas de confinamiento para la prevención de contagio implicó un mayor uso de internet, dejando en evidencia, entre otras ocsas, que la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes tiene una expresión en dicho entorno que debe ser contemplada por la legislación en esa materia.
La "Ley OlimpiA" introduce reformas al Código Penal que sancionan con severidad la violencia digital y mediática, además de combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales.La iniciativa lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, originaria de Huachinango, Puebla, que es una víctima de ciberviolencia.
En el marco del “Día Internacional para la prevención del Abuso Infantil”, México ha sido protagonista de cientos de titulares de prensa a nivel internacional por encabezar la lista de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores tasas de abuso sexual infantil. A través de organizaciones de la sociedad civil y varios actores políticos, la sociedad mexicana ha sido llamada a reflexionar sobre este problema cuya gravedad ya se conocía antes de la pandemia de COVID 19, pero que tras las medidas de confinamiento forzoso tomó una dimensión sin precedentes.
El presidente argentino, Alberto Fernandez, anunció hoy martes 17 de noviembre el envío del proyecto de ley de legalización del aborto. El mismo contemplará los consensos básicos recogidos del debate parlamentario del 2018.
El envío de este proyecto es un compromiso asumido por el presidente en su camapaña electoral. Según varios medios de prensa el proyecto de ley ya se encontraba listo para ser enviado pero debió postergarse a raíz de crisis sanitaria.
El actual gobierno de Brasil, a pesar de los acuerdos que éste país ha ratificado, propuso de manera conjunta a los gobiernos de Estados Unidos, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda la firma de una declaración contra el derecho al aborto y en defensa de la salud de las mujeres y del papel de la familia como unidad fundamental de la sociedad.
La denominada "Declaración del Consenso de Ginebra" (VER TEXTO) fue firmada por los países promotores del acuerdo junto a otros 31 Estados el pasado 22 de Octubre y permanece abierta a nuevas adhesiones.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) aprobó el informe “Prevención del Embarazo en Adolescentes en el actual contexto de emergencia por COVID-19” que presentará nuevas recomendaciones para la prevención del embarazo en adolescentes en el Perú.
IPS decide retirar nuevamente un anticonceptivo del mercado, esta vez el Conti-Marlon 20, debido a un “error en el esquema de administración (...)”. Este se suma a los tres anticonceptivos que han sido retirados durante este año.
En el mes de septiembre se cumplieron 30 años de la declaración de San Bernardo, como también 3 años de la vigencia de la Ley IVES. En tiempos de pandemia la situación ha empeorado, el Estado no ha garantizado el acceso a una salud que certifique el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como tampoco el acceso a la ley Ives, por lo que muchas mujeres siguen abortan peligrosamente en clandestinidad.
En el contexto de la Pandemia, se denuncia un alto número de casos en que a las mujeres se les niega la posibilidad de entrar al parto con acompañante y solo pueden ser acompañadas por el personal de salud a pesar de no tener un contagio positivo confirmado. Los hospitales y el gremio de matronas piden lineamientos técnicos que salgan desde el gobierno para, entre otras cosas, regular el acompañamiento durante el parto y la aplicación de PCR preventivo para mujeres embarazadas, los cuales frente a la ausencia han mostrado sesgos importantes de clase.
Previo a la celebración del 28S, tres organizaciones de mujeres y feministas - el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Programa Feminista La Corriente y la Coordinadora de Mujeres Rurales - fueron objeto de asedio, arbitrariedades y agresiones por parte de la policía.
El proyecto fue elaborado por la Red de Padres Responsables y establece que la educación sexual “atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas” y que todo padre tiene “derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos”
Celia, de 34 años,es una activista y mujer transgénero con gran liderazgo en la Isla de Ometepe (Moyogalpa, departamento de Rivas) que ha sido detenida arbitrariamente en dos ocasiones. Desde el 30 de setiembre permanece en huelga de hambre como medida de protesta ante las condiciones inhumanas que viven en la prisión y en demanda de libertad ante su injusto encarcelamiento.
Luz estuvo con prisión preventiva dos años, acusada de un intento de homicidio del que no habían pruebas firmes. Durante el juicio su defensa trató de enseñarle al tribunal claves sobre las violencias estructurales que hacen que las personas T sean criminalizadas. Hoy la absolvieron de todos los cargos.
Este 28 de septiembre, la policía retuvo y agredió con excesivo uso de la fuerza a manifestantes de la marcha por la despenalización del aborto en Ciudad de México y Veracruz.
Para hacer frente a la nueva ofensiva del gobierno contra el derecho al aborto, feministas, sociedad civil y movimientos sociales se articulan. Se acciona una Alerta Feminista, mecanismo creado para momentos donde se ataca gravemente a los derechos reproductivos.
En este momento donde están surgiendo una cantidad de testimonios que describen abuso sexual, desde Cotidiano Mujer (integrante de la AFM) queremos aportar todas las herramientas que tenemos para apoyar a quienes se encuentren en esa situación. Por esa razon, difundimos esta guía antes de haber sido presentada públicamente.
“La libertad es mi causa” es la consigna bajo la cual 91 organizaciones y 134 activistas por los derechos de las mujeres, que integran el Movimiento Causa Justa, se organizaron para presentar una demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal.
Un proyecto de ley propone la creación de Casas de Partos y Nacimientos: lugares destinados y acondicionados para partos fisiológicos y de bajo riesgo, con características similares a un hogar. En estas “casas”, profesionales calificadas/os matriculadas/os, trabajadores/as especializados en el entorno del nacimiento, brindarán cuidados y asistencia a las personas con capacidad de gestar y sus familias o acompañantes, durante la etapa preconcepcional, prenatal, parto y post parto.
Son 11 los proyectos que ya empezaron a discutirse en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Más allá de las particularidades de cada uno, la ley supondría la incorporación de 40.000 personas trans y travestis al mercado laboral formal.
Un artículo publicado en Salud con Lupa da cuenta del aumento de las barreras de acceso a los métodos anticonceptivos en contexto de pandemia.
Susana Chávez, especialista en Salud Pública y Directora Ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) dice que: “La pandemia no ha hecho más que acentuar las desigualdades que ya existían.Y eso puede significar un aumento en los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente y los abortos inseguros. Pero, también, más muertes”.
A fines de 2019, por ejemplo, solo el 55,6% de las mujeres en edad fértil y con pareja estable tenía acceso a métodos anticonceptivos modernos, según información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Esta situación, que ya era riesgosa, se ha agravado de manera alarmante durante los meses de cuarentena obligatoria, por la suspensión de las consultas externas en alrededor de ocho mil centros y postas del sistema público de salud —algo que, en muchos casos, impidió la entrega gratuita de métodos anticonceptivos de corta duración— y las dificultades económicas que han empezado a experimentar algunas personas que adquirían los insumos en farmacias privadas.
El impacto que tendrá esta suspensión todavía es incierto. Las autoridades, si bien reconocen que han tenido dificultades en la provisión de anticonceptivos, aseguran que esta se irá regularizando con la reapertura progresiva de distintos sectores. Su optimismo, sin embargo, no se replica en otras instituciones vinculadas a los derechos de salud sexual y reproductiva. La preocupación es evidente, incluso, dentro del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): una de sus proyecciones más recientes estimó que, hasta fin de año, podría haber 1.738.410 peruanas con necesidades de planificación familiar insatisfechas.
En Perú se ha identificado que la pandemia de COVID-19 afecta al acceso a los anticonceptivos modernos tanto por la vía de las dificultades en el abastecimiento y provisión pública como por las dificultades de las mujeres para adquirir los anticonceptivos con sus propios recursos en farmacias. Seis de cada diez mujeres que discontinuarán el uso de anticonceptivos en el país lo harán afectadas por una retracción de los ingresos familiares. Mientras que 4 de cada 10 mujeres que, durante la pandemia discontinuarán el uso de anticonceptivos modernos, lo harán por dificultades de aprovisionamiento en los servicios públicos de salud.
Para estimar las restricciones en el acceso a los anticonceptivos a través de la provisión pública se utilizó información provista por ForoLAC a través del relevamiento desarrollado desde el Sistema de Precios de Medicamentos e Insumos (SEPREMI) que identificó cantidades de cada insumo disponibles, compras públicas en curso y consumos mensuales de cada anticonceptivo. Las dificultades de adquisición y provisión pública equivalen a 25,4 mil Años Pareja Protegida. Esto representa un total de 56.445 mujeres que venían recibiendo sus anticonceptivos modernos de corta duración en servicios públicos de salud peruanos y discontinuarán su uso durante 2020 como consecuencia del COVID-19.
Sumadas las mujeres que tendrán restricciones de acceso por ambas vía (provisión pública y adquisición privada) un total de 119.111 mujeres peruanas discontinuarán el uso de métodos anticonceptivos modernos. Si se considera que en el país había, antes del COVID-19 3,6 millones de usuarias de métodos anticonceptivos modernos, se puede concluir que el COVID-19 generará una retracción en la prevalencia de métodos anticonceptivos modernos del orden del 3%.
Ver aquí.
En relación a las medidas del Consenso, se contravienen las siguientes:
12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual;
15. Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia;
40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;
44. Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia.
Ver másLa AFM es una corriente de pensamiento y acción política feminista que tiene como eje central de su estrategia, promover el desarrollo de un campo político feminista a nivel regional y global.