- Tipo de Alerta Alertas Latentes
- Fuente Redes feministas
- Fecha de la alerta21-09-2020
- Comunidad vulnerada Mujeres
Descripción
Se copia el Comunicado de prensa elaborado por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local:
Comunicado de prensa
"San Salvador, 17 de septiembre de 2020. El 6 de febrero del presente año, Valentina de 30 años y Fernanda de 26 fueron victimas del abuso de poder, detención arbitraria, tortura y lesbofobia por parte de dos agentes policiales en la Ciudad de Santa Ana.
El 6 de febrero ellas regresaban de una cena alrededor de las 10 de la noche cuando fueron interceptadas por vigilantes de la residencial en la que habitan, aludiendo que ellas levantaban mucho la voz, las detuvieron y llamaron a la policía; sin argumentos y razones fueron sometidas con brutalidad policial y bajo la complicidad de los vigilantes las golpearon hasta casi perder el conocimiento.
“ Los agentes llegaron y dijeron: qué pasa con estas putas, nosotras notamos que nos querian hacer daños” comenta Valentina. Ella les aclaró que eran pareja con Fernanda, que no pasaba nada, pero ellos se acercaron con tono amenazante, cuando Fernanda vió la actitud de los policías les advirtió que no podían hacerles nada porque ellas conocían sus derechos, pero los policias abusando de su autoridad las esposaron, tiraron al suelo y la golpearon, después las subieron a la patrulla sin decirles a dónde las llevaban.
“Creí que nos iban a matar o desaparecer, nos dolía tanto ver que la otra era abusada de esa forma, pero ninguna podía hacer nada, solo gritamos que nos dejaran, pero nuestras súplicas no fueron escuchadas, pese a que los vigilantes de la colonia vieron todo, no hicieron nada” Fernanda.
Ambas fueron llevadas a Bartolinas, donde fueron torturadas: “nos tiraron a un piso de grava y nos siguieron golpeando en las costillas y la cara, nos tiraron agua sucia y helada, nos obligaron a hincarnos como pidiéndoles perdón, después nos ordenaron que nos paráramos y nos esposaron a un poste, era ya de madrugada y hacía frío” .
Después las trasladaron a la Delegación 911, ahí fueron encerradas sin saber por qué estaban ahí, tampoco tuvieron acceso a una llamada, su familia no sabía dónde estaban, por tanto no recibieron comida, aunque algunas veces las mismas presas compartieron con ellas.
El 11 de febrero salieron de la Delegación 911 a audiencia inicial, ahí supieron que uno de los agentes las denunciaba por resistencia al arresto y lesiones. La jueza sobreseyó a Fernanda y el proceso continúa con Valentina. Es decir, ellos agredieron a las jóvenes y posteriormente las denunciaron. La audiencia contra Valentina se realizará el 21 de septiembre en Santa Ana.
El equipo de occidente de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local conoció el caso y delegó al equipo jurídico para dar acompañamiento, la primera acción fue pedir medidas de protección para salvaguarar la vida de las jovenes, debido a la persucución y amaneza que sienten de parte de los agentes policiales.
Es importante evidenciar las garantías procesales que se violaron en el caso de estas jóvenes, derecho a la defensa, derecho a la seguridad e integridad física, además de los procedimientos que se violaron en el arresto por parte de los policías, actos arbitrarios, lesiones y privación de libertad por agente de autoridad o autoridad pública.
En medio de estas acciones represivas se han presentado acciones judiciales, se ha interpuesto una demanda en la Fiscalía General de la República, oficinas de Santa Ana en contra de los agentes policiales por los delitos de lesiones, tortura, actos arbritarios y privación de libertad.
Ponemos en evidencia el abuso de poder que elementos de la PNC ejercen en contra de mujeres jóvenes y cómo pretenden usar el sistema de justicia para quedar impune y castigar a las víctimas. ¡Valentina y Fernanda son inocentes!".
"Setiembre 18, 2020: Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos – Ante los hechos de violación de derechos humanos y violencia por odio por parte de agentes uniformados de la PNC en contra de Fernanda y Valentina, desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos vemos con profunda preocupación el rol que están ejerciendo servidores públicos respecto a la violencia contra las mujeres y defensoras de derechos humanos.
Mientras que el Presidente Nayib Bukele y el Ministro de Seguridad Rogelio Rivas, aseguran que las mujeres en El Salvador estamos más seguras, en relación a la disminución de cifras de violencia feminicida, por otro lado vemos otras violencias que están ocurriendo y afectando la calidad de vida y seguridad de las mujeres.
Según el informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, elaborado a través de los datos registrados por las distintas redes de defensoras en Mesoamérica, incluida la Red Salvadoreña, se observa cómo la violencia contra las mujeres tiene muchas maneras de manifestarse. Lamentablemente, en el caso de El Salvador, el mismo funcionariado público está ejerciendo un rol que pone en riesgo la vida de mujeres y defensoras.
Se orquestan campañas de desprestigio, hostigamiento y ciber ataques en contra de defensoras de derechos humanos en redes sociales, acciones que se legitiman a través de un discurso de odio, antiderechos, sexista y de violencia.
También se hace un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, a quienes se les otorga protagonismo bajo el supuesto de ser los principales responsables de la seguridad de la ciudadanía. En contraste, vemos como el poder depositado PNC y fuerza armada, repercute en hechos lamentables como el caso de Fernanda y Valentina, así como los trágicos feminicidios de Zulma Yamileth Valencia el pasado 10 de mayo o Camila Díaz en enero 2019 en manos de la PNC.
Por tanto, este día hacemos un llamado al Estado salvadoreño para que asuma un rol reparador y la posibilidad de sentar un precedente en la lucha contra la discriminación y violencia contra las mujeres y disidencias sexuales, estableciendo los mecanismos adecuados de reparación con las sobrevivientes, y las investigaciones y sanciones correspondientes con los perpetradores. Ningún crimen de odio, ni de violencia contra las mujeres debe quedar impune. De igual forma, al funcionariado público, para que se abstengan de expresiones que legitiman la violencia contra las mujeres.
Y con la PNC, para que se limiten de perpetrar actos que van en contra de la dignidad humana, tomando en cuenta que el surgimiento de este organismo estatal ha sido resultado de los Acuerdos de Paz, con el propósito de desmilitarizar el país, y contar con un cuerpo policial que debe poner en el centro el ejercicio pleno de la ciudadanía, su protección y garantía de derechos humanos.
A la FGR para que investigue y procese a los responsables y al ISDEMU y a la PDDH a que en el cumplimiento de sus funciones brinden el debido acompañamiento a las sobrevivientes y velen por el respeto y garantía de sus derechos.
Por último, queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a las sobrevivientes de violencia. Nos sumamos a la Colectiva Feminista, el movimiento feminista y organizaciones LGBTIQ+ en este acompañamiento, y en la labor como defensoras de mantener una postura crítica y llevar hasta las últimas consecuencias hechos que violan una vida libre de violencia contra las mujeres".
En relación al Consenso de Montevideo
La violencia policial y estatal contra las mujeres y disidencias sexuales va en contra del cumplimiento de las siguientes medidas del Consenso:
36. Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación;
34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva.
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