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Solidaridad con feministas nicaragüenses ante escalada de agresiones

Managua, Nicaragua
En Campaña
Última Actualización: 26-02-2021
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  • Tipo de Alerta En Campaña
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta13-10-2020
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

COMUNICADO: SOLIDARIDAD CON FEMINISTAS NICARAGÜENSES ANTE ESCALADA DE AGRESIONES DEL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA Y ROSARIO MURILLO

Nicaragua sigue enfrentando una grave crisis política y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Continúa la persecución política contra las voces críticas y a diario se reportan ataques contra mujeres activistas, periodistas, defensoras y lideresas feministas. En septiembre, a raíz de la conmemoración de la independencia, han escalado las agresiones.

En este contexto, durante la mañana del viernes 25 de septiembre, coincidiendo con el último día hábil antes de la celebración del Día por Legalización y Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe, tres organizaciones de mujeres y feministas - el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Programa Feminista La Corriente y la Coordinadora de Mujeres Rurales - fueron objeto de asedio, arbitrariedades y agresiones por parte de la policía. Los ataques fueron precedidos por declaraciones de la vice-presidenta del Gobierno, Rosario Murillo que estigmatizaba y difamaba a las feministas nicaragüenses, acusándolas de promover y lucrarse con los abortos y ser responsables del cierre de las Comisarías de la Mujer.

Según datos del Registro Mesoamericano de agresiones contra mujeres defensoras de la IM-Defensoras, durante la primera quincena del mes se cometieron al menos 165 agresiones contra mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, incluyendo un considerable número de amenazas a través redes sociales y destacando, por su especial gravedad, dos casos de violación sexual cometidos en el mismo fin de semana. Una de esas violaciones habría sido cometido por integrantes de grupos pro-gubernamentales. Cuatro mujeres defensoras de derechos humanos continúan privadas de libertad y de manera frecuente son sometidas a tratos crueles, falta de atención médica y amenazas, claramente documentadas como violaciones a sus derechos humanos.

Esta violencia se suma a la abordada por el Tribunal de Conciencia “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua”, realizado en San José de Costa Rica el pasado 11 de septiembre. Ahí constató que entre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno nicaragüense, la tortura sexual ha tenido un papel central, incluso provocando el aborto de algunas de las presas políticas embarazadas víctimas de estos hechos.

Las organizaciones de mujeres y feministas también han sido acusadas de provocar “odio entre las familias” y de los crímenes que se cometen contra las mujeres. Según cifras del Observatorio Nacional por la vida de las mujeres, se han incrementando, reportándose 60 mujeres asesinadas desde el inicio de 2020 hasta la fecha.

Por todo ello, resulta especialmente preocupante el anuncio del gobierno el pasado 14 de septiembre de su solicitud a la Corte Suprema de Justicia para promover una ley que castigue con cadena perpetua los crímenes de odio. A esto se suman las declaraciones del día siguiente por el presidente Daniel Ortega afirmando que dicha ley también se dirigiría a sancionar a quienes difunden el odio mediante protestas contra el gobierno. No menos alarmante resulta que se haya presentado una iniciativa legislativa para “controlar a agentes extranjeros”. El contenido de ambas propuestas y el contexto de persecución política, represión y estigmatización descrito nos hace temer que se empeore la ya grave situación que enfrentan nuestras compañeras feministas en Nicaragua, quienes siempre han rendido cuentas y actuado con transparencia respecto a los recursos que reciben.

Las organizaciones y feministas nicaragüenses llevan décadas denunciando violaciones a derechos humanos contrarias a la imagen de país progresista y de izquierda que el gobierno utiliza. Algunas de ésas son: la acusación probada por violación sexual cometida por el presidente Daniel Ortega, la penalización del derecho al aborto incluso cuando la vida de las mujeres está en riesgo, los continuos pactos con poderes oligárquicos y empresariales para implantar proyectos extractivos, las acusaciones fundadas de fraude electoral o la grave oleada de violencia represiva, asesinatos y persecución política desatada desde abril de 2018.

Como feministas de todas partes del mundo hemos acompañado a las nicaragüenses y constatado cómo el gobierno de Daniel Ortega ha usurpado una revolución que prometía mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para el pueblo de Nicaragua y la emancipación de las mujeres, y cuyo legado traiciona y tergiversa sistemáticamente a través de su práctica política corrupta y autoritaria. Su actuación en nada se diferencia de la del resto de gobiernos neoliberales y autoritarios del continente.

Llamamos a las instancias regionales e internacionales de derechos humanos a cumplir con su obligación ética de observar, documentar y denunciar los actos del gobierno nicaragüense, a impedir que se perpetúen las violaciones a los derechos y se sigan cometiendo actos de injusticia y violencia contra las defensoras y los movimientos sociales auto-convocados.
Llamamos a los organismos multilaterales y la comunidad internacional a acompañar un proceso para que el pueblo nicaragüense pueda salir de esta crisis de forma pacífica y democrática, que se respete su derecho a la autonomía y autodeterminación y asegure la justicia, la reparación de daños a las víctimas y otorgue garantías de no repetición.

Llamamos a los movimientos sociales del mundo a levantar la voz, junto con nosotras, para dejar claro que el gobierno Nicaragüense no puede seguir usando una lucha histórica en beneficio de los intereses privados del grupo familiar en el poder. Hacer posibles los valores de poder popular, igualdad y justicia social por los que luchamos día tras día pasa necesariamente por frenar la impunidad en la que permanece la actuación represiva del actual gobierno.

Las feministas y defensoras de derechos humanos, así como el pueblo de Nicaragua no están solas. Junto a todas ellas estamos la comunidad feminista, democrática y de izquierda de América Latina, alzando la voz y señalando las prácticas patriarcales, autoritarias, corruptas y criminales del gobierno de Daniel Ortega. Sabemos distinguir y denunciar la violencia y los crímenes vengan de dónde vengan.

Ningún gobierno puede sostenerse con el uso de la fuerza, la barbarie y la impunidad. Por ello exigimos: ¡Alto a los ataques y la represión, alto a la criminalización del activismo! ¡Basta ya de ataques contra las defensoras de derechos humanos! ¡Ni una feminista más expulsada, criminalizada o presa! ¡Libertad inmediata a las presas políticas!

Octubre 2020.

En relación al Consenso de Montevideo

La violencia ejercida por el gobierno de Nicaragua contra activistas y defensoras de derechos humanos, van en contra de las siguientes medidas del Consenso: 

3. Establecer y fortalecer la institucionalidad pública encargada de los temas de población y desarrollo, a escala nacional y subnacional, y asegurar su integralidad y sostenibilidad, con la participación activa de otros actores no gubernamentales;

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

99. Reiterar el llamado a establecer o fortalecer un mecanismo de coordinación nacional que incluya a las organizaciones de la sociedad civil para facilitar la implementación y el seguimiento del Programa de Acción de El Cairo después de 2014 y actuar como vínculo permanente ante esta Conferencia Regional;

107. Garantizar la efectiva participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en la implementación, el monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, incorporando las medidas aquí acordadas.

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