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Indulto humanitario a Fujimori

Cercado de Lima, Perú
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-05-2018
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Ministerio de Justicia de Perú
  • Fecha de la alerta24-12-2017

Descripción

28 de mayo de 2018: A un mes de que el Fiscal Landa ordenó la denuncia de Alberto Fujimori, la encargada de formalizar la denuncia, Fiscal Marcelita Gutiérrez no lo ha hecho aún. 

En conferencia de prensa, el 28 de mayo de 2018, sobrevivientes a las esterilizaciones forzadaas, llevadas adelante por el gobierno de Fujimori, brindan testimonio y exigen a la fiscal Gutiérrez que no dilate más la formalización de la denuncia contra el ex presidente y sus ex ministros. 

En dicha conferencia, afirmaron: "Así como llegaron a nuestras comunidades para ligarnos a la fuerza, así que vengan a registrarnos para hacernos justicia. Que el Estado asuma su responsabilidad así como el Congreso tiene plata para televisores " 

25 de abril de 2018: Revés para Fujimori y ex miembros de su gobierno implicados en los casos de esterilizaciones forzadas.

El Fiscal Luis Landa ordenó denunciar a Alberto Fujimori, los exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, así como al ex director del Programa Nacional de Planificación Familiar, Jorge Parra Vergara; y el ex asesor del sector, Ulises Jorge Aguilar como autores mediatos en los casos de esterilizaciones forzadas de cinco víctimas. Decisión en el marco de la interpelación realizada a la decisión anterior de archivamiento parcial de los casos.

A su vez, el Fiscal ordenó denunciar a Fujimori, exministros y exdirectores del programa como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de 2166 mujeres más que figuran en la denuncia fiscal.

Landa,  también ordena denunciar a Segundo Henry Aliaga Pinedo quien se desempeñó como Director General de la Región Salud IV de Cajamarca y otros coautores mediatos por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos.

Con esta resolución, se marca un hito en la lucha contra la impunidad al destacar que la política nacional de esterilizaciones forzadas en agravio de miles de mujeres quechuahablantes, campesinas, indígenas y nativas en extrema pobreza, perpetró graves violaciones a los derechos humanos. Sin duda, esta decisión es un primer paso hacia el cumplimiento de la obligación internacional del Estado de individualización y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa suscrita por el Estado de Perú y la representación de las víctimas sobrevivientes en el caso de Mamérita Mestanza (2003).

Diciembre de 2017: El Presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió indulto humanitario a Fujimori sentenciado a  25 años de presión por crímenes de lesa humanidad. 

Indulto

En el 2017 presentaron 45 pedidos de Gracias Presidenciales a favor de Alberto Fujimori. El último fue presentado el 11 de diciembre con la firma del ex mandatario ante el Instituto Nacional Penitenciario solicitando indulto humanitario y derecho de gracia por razones humanitarias.

El pasado domingo 24 de diciembre de 2017, la Comisión de Gracias Presidenciales llega a la conclusión que el interno se encuentra comprendido en el supuesto señalado en el literal a) del inciso 6.4 del art. 6 lo señalado en el DS Nº 004-2007-JUS, modificado por el DS Nº 008-2010-JUS, que creó la Comisión de Gracias Presidenciales, “pues se trata de una persona que padece de una enfermedad no terminal grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y que además las condiciones carcelarias en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, colocan en grave riesgo su vida, salud e integridad”; por lo que recomienda la concesión del indulto y derecho de gracia por razones humanitarias, conforme fue publicada en la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS, el domingo 24 de diciembre.

Crímenes de Lesa Humanidad

Según un informe realizado por una comisión parlamentaria independiente en el 2002, entre los 1995-2001 en el marco del Programa Nacional Salud Reproductiva y  Planificación Familiar llevado a cabo por el gobierno de Fujimori, fueron esterilizadas forzosamente 346.219 mujeres y 24.535 varones.

El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10 % de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel período dieron su “consentimiento genuino”.

A principios de 2016 comenzó a funcionar el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), con el objetivo de registrar y documentar los casos de todas las víctimas de las esterilizaciones forzadas en el Perú.

Con el indulto al ex Presidente Fujimori, Perú enfrenta un retroceso frente al tibio avance que había hecho el Estado al reconocer la existencia del delito de esterilizaciones forzadas durante su mandato, puesto que con la aplicación de ese mecanismo, se impide que sea juzgado en un futuro. Al indulto, se suma la mínima mención que de este tema se hace  en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, publicado el 1° de febrero de 2018,  invisibilizando nuevamente a las víctimas de las esterilizaciones forzadas, dado que  en las 174 páginas que se extiende el informe sólo se propone la conformación de una mesa de trabajo para “ analizar y resolver la problemática de las personas víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001” (p. 164).

Raquel Reynoso, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a las mujeres víctimas de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori, en una entrevista a el diario.es, destaca que la lucha de las mujeres por un juicio justo sigue en pie pese al indulto, y describe las dificultades a las que estas víctimas se enfrentan, desde no contar con recursos para poder trasladarse y registrarse  en el Reviesfo, hasta que el Ministerio de la Mujer suspendió, en diciembre de 2017, la ayuda psicológica alegando falta de presupuesto. Todo esto va en detrimento de una reparación integral a las mujeres víctimas.

El 2 de marzo de 2018, en el marco del 167 Período de Sesiones de la CIDH, se celebró la audiencia “Derechos humanos y el indulto al ex presidente Fujimori”, donde fueron convocados representantes del gobierno, y diversas organizaciones de Derechos Humanos. Allí, María Ysabel Cedano (DEMUS) y Diana Carolina Moreno (CDR), expusieron los peligros que implica la gracia presidencial otorgada a Fujimori en el caso de las esterilizaciones forzadas, destacando que Perú incumple con compromisos internacionales de justicia vigentes a partir de 2003, vulnerando una vez más los derechos a las garantías y la protección judicial de las víctimas y de sus familiares. La CIDH llamó la atención al Estado peruano por conceder el indulto , y pidió se sancione el delito de las esterilizaciones forzadas. La Presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, exigió respeto al Estado peruano para las víctimas de los crímenes de Fujimori , y para la sociedad, alegando que “Nuestra responsabilidad es con las víctimas, y las víctimas sienten que indulto es una cachetada del Estado”

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