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Graves retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos

Santo Domingo, República Dominicana
Alertas Latentes
Última Actualización: 19-03-2021
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta12-12-2020
  • Comunidad vulnerada Mujeres, personas con capacidad de gestar

Descripción

Santo Domingo, República Dominicana 12 diciembre 2020.

Manifiesto por los Derechos y la Vida de las Mujeres Ante una confabulación de los poderes del estado contra la vida, la salud y la dignidad de las mujeres «cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer». Mahatma Gandhi

"Estamos aquí hoy para anunciar a la nación dominicana, que no estamos dispuestas a aceptar ninguna normativa, ley, disposición o sentencia ilegítima, que pretenda despojar a las mujeres de su derecho a la ciudadanía y obligarlas a vivir una vida plagada de violencia, de violación a su dignidad y que pone en peligro su salud integral, aunque nuestra desobediencia ponga en peligro nuestro derecho a la libertad.

Pues vale más vivir con dignidad, aunque esto nos acarree dolor y cárcel, que vivir arrodilladas ante un poder misógino, inhumano y violador de los derechos fundamentales de las mujeres.

El mundo se enterará que, ninguna mujer en República Dominicana estará segura porque los poderes del Estado se confabulan para poner en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes. Por más de veinte años la sociedad dominicana, a través de las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, medios y profesionales de comunicación y de la salud, sindicalistas, mujeres del campo, pobladoras y pobladores de las ciudades, academias, la sociedad civil en general, ha reclamado que los poderes del Estado dominicano cumplan con la obligación que les corresponde de crear un marco legal que garantice derechos básicos a las mujeres con los que se ha comprometido en tratados internacionales y en la propia Constitución de la República.

Nunca como ahora había sido tan evidente una componenda del Estado con los sectores más conservadores para tratar de controlar la vida y el cuerpo de las mujeres y limitar su derecho a una vida digna y libre de toda forma de violencia. Esta convicción se fundamenta en: La decisión expresada por el presidente de la Cámara de Diputados, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora gobernante, y luego ratificada por el presidente de la Comisión de Justicia, del mismo partido, de presentar ante ese hemiciclo un proyecto de Código Penal, que no incluye el derecho de la mujer a decidir la interrupción de un embarazo que pone en peligro su vida, si es producto de una violación o si el embrión tiene una malformación que le impedirá vivir fuera del vientre de su madre, dejando así la penalización absoluta del derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo.

La introducción en el Código Penal de disposiciones que constituyen un retroceso en relación a la Ley 24-97 que sanciona la violencia contra las mujeres, lo cual constituye una afrenta a los derechos de las mujeres y coloca sobre los poderes públicos la responsabilidad en la muerte de mujeres y sus familias por la violencia machista que éstos permiten y alientan.

Lo que está pasando en la Comisión de Justicia que discute el Código Penal, no es solamente que siguen penalizando el aborto de manera absoluta, es que están borrando a las mujeres, eliminado derechos que han costado varias décadas de lucha, como la tipificación penal de la violencia contra la mujer y excluyendo del Código Penal los feminicidios que ocurren fuera del ámbito de pareja. Es que están instaurando la tortura y la crueldad contra las mujeres, en un acto inverosímil e incoherente cuando el mismo Presidente Abinader se comprometió apenas en noviembre, en el 60 aniversario del asesinato de las Hermanas Mirabal, con emprender una reforma integral que permita garantizar la vidas de las mujeres ante la violencia machista.

El 9 de diciembre de 2020 el Tribunal Constitucional publicó en su cuenta de Twitter la Sentencia TC-0966-18, sobre el recurso de revisión de amparo que presentó la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo de la Iglesia Católica contra la Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. -Profamilia- por su campaña sobre derechos sexuales y derechos reproductivos en el 2013.

Esta sentencia es una aberración jurídica que pretende expulsar a la mujer de su humanidad, pues le arranca a ella el derecho a la vida que le otorga la Declaración Universal de la Derechos Humanos y en todos los instrumentos internacionales ratificados por la República Dominicana, así como la Constitución misma, por el solo hecho de pertenecer a la especie humana, para equipararla con un ser que aún no ha nacido.

No conforme con esto, el Tribunal Constitucional establece que la referida campaña sobre derechos sexuales y reproductivos constituye incitación a la realización de actos prohibidos por el ordenamiento jurídico y a la realización de un acto ilícito sancionado penalmente por nuestra legislación (el aborto).

Con esto el Tribunal Constitucional dispone límites irrazonables al derecho a la libertad de expresión de mujeres, movimientos feministas, ONGs, academias, entidades públicas y privadas, en fin, de toda persona que emita argumentos a favor de las tres causales que eximirían de responsabilidad penal por interrupción del embarazo.

Más aún, limita la educación sexual a la juventud y la adolescencia, sanciona la promoción de métodos anticonceptivos, no importa si dichos procesos provengan del sector público o privado y afecta incluso la existencia misma de organizaciones sin fines de lucro que dedican sus proyectos y programas de educación integral sobre derechos sexuales y reproductivos.

Ante estos hechos bochornosos y la pretensión de, además, colocarnos una mordaza, para que las mujeres suframos calladas todos estos atropellos, les decimos: Señor presidente Luis Abinader, señores presidentes de ambas cámaras legislativas, señores y señoras del Tribunal Constitucional, ustedes nos obligan a una postura que nos impone ejercer nuestro derecho a la desobediencia civil y a elevar este atropello ante la sociedad civil internacional, embajadas adscritas en el país y sus agencias de cooperación intergubernamental, así como ante los organismos internacionales garantes de derechos humanos. Estos atropellos constituyen violaciones múltiples y sistemáticas a todos los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, de las mujeres, de las niñas y de la población joven, firmados y ratificados por el Estado dominicano y cuyo cumplimiento ha asumido el partido gobernante al tomar posesión el 16 de agosto de 2020.

Colocaremos a nivel internacional la marca país de “República Dominicana, país donde las mujeres no tienen ni siquiera el derecho a vivir”. Les advertimos que no nos vamos a detener en nuestras demandas, de un Código Penal que despenalice el ejercicio de derecho a decidir de las mujeres en las tres causales, que no abandonaremos a las mujeres víctimas de violencia, ni a aquellas que se le pretenda obligar a parir aunque con ello se ponga en peligro su vida, a aquellas que decidan no llevar hacia adelante un embarazo impuesto por uno o más delincuentes por medio de una violación, no dejaremos que se imponga a la mujer que no lo desee la tortura de un embarazo de una criatura cuya vida es inviable fuera del útero de su madre.

Acudiendo a lo dispuesto en el artículo 40.15 de la Constitución, en virtud del cual las leyes sólo pueden ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no pueden prohibir más que lo que le perjudica, nos declaramos en franca resistencia ciudadana, en desobediencia civil, y hacemos un llamado público y no violento, pero consciente, social y político, a no reconocer la Sentencia TC/0699/18 como un precedente vinculante, y a exigir a los poderes públicos que cumplan con el mandato constitucional de proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y niñas dominicanas. Anunciamos que nos declaramos en movilización permanente ante todos los poderes, en todo el territorio nacional.

El daño que representa este accionar del poder legislativo y de una de las altas cortes del poder judicial, con el silencio cómplice del poder ejecutivo, afecta no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, por lo que llamamos a todas las organizaciones a movilizarse junto a las mujeres y elevar su voz de protesta y resistencia ante esta confabulación perversa.

NO ACEPTAREMOS NINGUNA MORDAZA, NADIE NOS IMPEDIRÁ GRITAR LOS ATROPELLOS DE QUE ESTAMOS SIENDO VÍCTIMA Y LES ASEGURAMOS QUE ESTO TENDRÁ UN COSTO POLÍTICO PARA QUIENES DESDE LA OPOSICIÓN ACOMPAÑARON Y DESDE EL PODER ATROPELLAN".

En relación al Consenso de Montevideo

Estas acciones van en contra de la promoción de las siguientes medidas del Consenso:

14.Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescenciay eliminar el abortoinseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergenciasin recetay los condonesfemeninos y masculinos;

40.Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educaciónen salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42.Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional,la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificarlas leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.

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