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Operación Don Quijote desmantela red de trata de personas

, Uruguay
Alertas Latentes
Última Actualización: 05-03-2021
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Diarios locales
  • Fecha de la alerta25-02-2021
  • Comunidad vulnerada Mujeres, niñas, adolescentes

Descripción

A fines de febrero de 2021, Interpol desmanteló una “importante red internacional” de trata de personas con detenidos en Uruguay y en España. 

El caso fue tratado por la Fiscalía Penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 4º turno, con sede en Montevideo, a cargo de la fiscal Sylvia Lovesio. 

Fueron formalizadas 8 personas, 3 que se encontraban en Uruguay y 5 en España. Si bien la investigación “recién está comenzando” hasta el momento no hay órdenes de captura pendientes y se cree que fueron detenidos todos los integrantes de la organización.

La primera fase de la investigación se realizó en diciembre de 2020, cuando la Interpol de España se contactó con la policía uruguaya para informar que habían detectado una organización liderada y conformada casi en su totalidad por personas uruguayas. La líder, Marylin Santos Montenegro, se encuentra detenida en España y enfrenta cargos por trata de seres humanos, lucro sobre la prostitución, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a una organización criminal. En 2009 ya había sido imputada por trata de personas, narcotráfico y lavado de activos tras la llamada Operación Monroe.

En Uruguay fueron imputados dos hombres y una mujer, quienes se encargaban de captar a las víctimas con engaños, conseguir los pasajes, tramitar los pasaportes y llevarlas al aeropuerto. Uno de ellos es un conocido empresario que dirige la agencia Nelson Falero Viajes.

El grupo criminal desmantelado en febrero secuestró, al menos, a 28 mujeres. No obstante, la fiscal de Delitos Sexuales, Sylvia Lovesio, informó en conferencia de prensa que “puede haber muchas más víctimas”.

“Captaban mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, de extrema pobreza y con muchos hijos, y les ofrecían un lugar en donde ganar dinero y enviarlo a su familia”, explicó Lovesio. Las mujeres eran enviadas a España a través de engaños, y luego las recluían en una casa al noreste de Madrid. “Vivían en condiciones inhumanas (…), en régimen de esclavitud (…). Pasaban hambre, frío, y no podían salir”, afirmó la fiscal. Las víctimas eran violadas “desde las 11 de la mañana hasta las 20hs. Las llevaban a un descampado, y eran controladas todo el tiempo”, continuó.

Cuatro de estas mujeres están en ahora en Uruguay y están siendo atendidas por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. Las que aún se encuentran en Europa están siendo asistidas por el consulado uruguayo en Madrid y la Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad.

En relación al Consenso de Montevideo

La medida número 57 del Consenso expresa que el Estado debe hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras. 

Así como también la medida número 72 menciona como deber del Estado proteger decididamente los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización de la migración, garantizando el acceso a servicios sociales básicos, de educación y de salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva cuando corresponda, para todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, prestando particular atención a los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, entre ellos, los menores no acompañados, las personas que se desplazan en situación irregular, las mujeres víctimas de la violencia, las víctimas de trata, las repatriadas y las que se desplazan forzadamente buscando refugio. 

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