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Aumento de casos de criminalización de mujeres y niñas por el delito de aborto

, Colombia
Alertas Latentes
Última Actualización: 11-03-2021
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Datos del Sistema Penal Oral y Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación
  • Fecha de la alerta05-03-2021
  • Comunidad vulnerada Mujeres, niñas y adolescentes de zonas urbanas, comunidades indígenas, afrocolombianas, migrantes y zonas rurales.

Descripción

Desde el año 2006 con la sentencia C-355 del 2006[1] en Colombia se despenaliza el aborto en tres causales: “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas , o de incesto.”. Es así que hace 15 años, existe un verdadero derecho fundamental a la IVE para todas las mujeres, niñas y adolescentes en el territorio colombiano.

No obstante, de acuerdo a información obtenida del Sistema Penal Oral y Acusatorio manejado por la Fiscalía General de la Nación[2] entre los años 2007 a 2018 se han presentando un promedio de 25.8 condenas[3] por año desde la despenalización parcial del aborto en Colombia. Incluso, con medidas como la Directiva 006 del 2016 de la Fiscalía General de la Nación, que dictamina cuáles son las acciones que los fiscales pueden o no ejercer cuando están investigando el presunto delito de aborto, se observa que las sentencias condenatorias han aumentado en comparación con el año 2005 en donde solo había 7 condenas[4], aumentando en casi 19 sentencias condenatorias por año cuando existe una despenalización parcial.

Esto quiere decir que hay un aumento en las denuncias (5132 denuncias desde el 2006 al 2018[5]), una persecución activa del delito de aborto por parte del ente acusador (879 acusaciones frente a jueces[6]) y más eficiencia en el proceso penal resultando en un incremento de condenas (346 condenas[7]) para las mujeres, niñas y adolescentes que ejercen un derecho bajo una o varias de las causales despenalizadas para interrumpir un embarazo.

[1] Corte Constitucional. (2006). Sentencia  de constitucionalidad C-355. MP. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández

[2] La criminalización del aborto en Colombia. Isabel C. Jaramillo Sierra, Nicolás Santamaría Uribe y Wilson Forero Mesa. Universidad de los Andes. Con el apoyo técnico de: Ana Cristina González Vélez, Salomé Valencia y Juliana Martínez (Pendiente de públicación)

[3] Información extraida de la Ilustración 2 Número de condenas por aborto por año en: La criminalización del aborto en Colombia. Isabel C. Jaramillo Sierra, Nicolás Santamaría Uribe y Wilson Forero Mesa. Universidad de los Andes. Con el apoyo técnico de: Ana Cristina González Vélez, Salomé Valencia y Juliana Martínez (Pendiente de públicación)

[4] Información extraida de la Ilustración 2 Número de condenas por aborto por año en: La criminalización del aborto en Colombia. Isabel C. Jaramillo Sierra, Nicolás Santamaría Uribe y Wilson Forero Mesa. Universidad de los Andes. Con el apoyo técnico de: Ana Cristina González Vélez, Salomé Valencia y Juliana Martínez (Pendiente de públicación)

[5] Información extraida de la Tabla 9 Actividad procesal FGN casos aborto en: La criminalización del aborto en Colombia. Isabel C. Jaramillo Sierra, Nicolás Santamaría Uribe y Wilson Forero Mesa. Universidad de los Andes. Con el apoyo técnico de: Ana Cristina González Vélez, Salomé Valencia y Juliana Martínez (Pendiente de públicación)

[6] Ibid.

[7] Ibid.

En relación al Consenso de Montevideo

El Consenso de Montevideo dispone en las medidas 14, 40 y 42 que los Estados deben eliminar formas de aborto inseguro, asegurar la prestación integral de servicios integrales de salud sexual y reproductiva, y eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna.

Sin embargo, las anteriores medidas no pueden ser materializadas con efectividad si el delito de aborto persiste y la criminalización como forma de amenaza y coerción está vigente en el ordenamiento jurídico, impidiendo el acceso al derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la autodeterminación reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Recomendación 14: Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

Recomendación 40: Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

Recomendación 42: Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.

 

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