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Perú, país de violadores

, Perú
Alertas Latentes
Última Actualización: 11-03-2021
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente
  • Fecha de la alerta01-02-2020
  • Comunidad vulnerada Mujeres, niñas, adolescentes

Descripción

La violencia sexual es una de las formas de violencia de género que más se ha recrudecido durante la pandemia por el Covid-19, lo que demuestra el fracaso de las políticas públicas frente a este grave problema que despoja a miles de niñas, adolescentes y mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos y las coloca en un estado permanente de vulneración.

El abuso sexual es una de las expresiones del machismo que visibiliza cómo la violencia es utilizada como ejercicio del poder, convirtiendo a la víctima en un objeto, a través de un rito para la construcción de la masculinidad: de una masculinidad tóxica y completamente patriarcal.

“Los hombres no nacen agresores, el machismo es algo que se aprende. Eso es lo que se tiene que atacar, sin dejar de atender las otras dimensiones, como es la atención de las víctimas y la justicia. Urge trabajar en la prevención y en la educación con enfoque de género”, indicó Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, integrante de la Articulación Feminista Marcosur (AFM).

A esta alarmante situación se le suman las graves deficiencias en la atención a la salud sexual y reproductiva de las víctimas, a quienes el Estado les niega el acceso al aborto terapéutico (legal desde 1924), quitándoles el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus vidas, obligándolas a llevar embarazos producto de agresión sexual.

Además, durante la emergencia sanitaria se han registrado cientos de casos de mujeres víctimas de violencia sexual que no recibieron el “Kit de Emergencia”, pese a que su repartición está normada en el Perú. El Kit contiene el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), fundamental para la protección de la salud de las víctimas.

También nos enfrentamos a la impunidad, a un sistema de justicia nacional corrupto y patriarcal, que protege y libera a los agresores y que olvida a las víctimas, quienes deben de pasar por una serie de procesos que las revictimiza y violenta.

La cultura de la violación en Perú mostró, en los últimos días, cómo está calada en la sociedad. Paul Muñoz, abogado de cinco jóvenes que presuntamente violaron a una mujer en una reunión, dijo en sus declaraciones a los medios de comunicación que a la víctima “le gustaba la vida social”, pretendiendo justificar el abuso, culpando a la mujer por reunirse con otras personas.

“A mí me gusta la vida social y eso no justifica que me violen” fue el mensaje que llenó las redes sociales. Nada justificará nunca una violación sexual. Desnuda, borracha, drogada en una fiesta o en mi casa, la culpa será siempre del agresor, nunca de la víctima. Tenemos derecho a vivir libres de todas las violencias. Tenemos derecho a denunciar sin que se nos culpabilice. “Ir a fiestas” no nos hace culpables de las agresiones que sufrimos.

“Declaraciones como la del abogado estigmatizan a las víctimas que, por estos comentarios, muchas veces no denuncian. El consentimiento de la mujer no se define por si luchó o no en el acto. Intentan colocar el tema del consentimiento en escenarios que no tienen ninguna lógica”, expuso Meléndez.

La gran mayoría de los casos de violencia sexual quedan en la impunidad. No se le da prioridad al testimonio de la víctima y se buscan “pruebas” en escenarios donde muchas veces no hay testigos o una filmación del hecho. Somos un país de violadores, con una cultura de la violación que culpa a las víctimas, justifica a los agresores y los deja en la impunidad.

En relación al Consenso de Montevideo

En otras medidas, Perú incumple con las siguientes medidas del Consenso: 

12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual;

57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

58. Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia. 

65. Poner en marcha, con el apoyo de todas las tecnologías disponibles, servicios, programas y respuestas multisectoriales integrales e integrados, coordinados, interdisciplinarios, accesibles y sostenibles en todos los niveles, destinados a las mujeres, que incluyan la atención especializada y confidencial de los casos de violencia, que cuenten con recursos adecuados y que reúnan instancias tales como policía, sector justicia, atención en salud integral, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, los servicios médicos y psicológicos y asesoramiento, así como opciones de formación y generación de ingresos, para promover la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones.

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