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Criminalización: Mujer es procesada por supuesto aborto autoadministrado

Jutiapa, Guatemala
Alertas Latentes
Última Actualización: 09-04-2021
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta04-04-2021
  • Comunidad vulnerada Mujeres, niñas, adolescentes

Descripción

El pasado 1 de abril de 2021, una mujer de 26 años, fue acusada por un médico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de haberse practicado un aborto de manera intencional, debido a que supuestamente localizaron restos de un medicamento no autorizado.

Después de la audiencia, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla estableció un plazo de cuatro meses para que los fiscales del Ministerio Púbico puedan desarrollar la investigación.

Mientras tanto se enfrenta a un proceos judical por el delito de "aborto procurado" que contempla una pena de prisión de hasta tres años

Mientras se investiga la causa, se encuentra en prisión domiciliario y tiene la obligación de presentarse al Ministerio Público del municipio de Tiquisate una vez al mes y de presentarse las veces que sea citada al juzgado competente o a la fiscalía del Ministerio Público.

El juez de turno, también pidió que se investigara si la mujer sufrió algún síndrome postraumático, pues se tiene "la sospecha de que es víctima de violencia contra la mujer en su modalidad sexual y psicológica".

Criminalización

Ada Valenzuela, del colectivo Libélulas, dice que lo que ocurrió en Tiquisate fue una violación a los derechos humanos de la mujer porque considera que el médico no puede asumir que su intención era provocarse un aborto, hasta que no se haga un proceso de investigación.

Criminalizar a las mujeres las aleja de los centros de salud y que al empezar a perseguir a las que buscan ayuda, se tendrá más pacientes vulnerables a daños permanentes o a muertes “debido a que no les estamos abriendo la puerta, si sabe que va al hospital la van a acusar de que lo hizo a propósito, mejor no va”.

Además, cada médico tiene que salvar la vida de las mujeres cuando se trata de una emergencia y atender a las pacientes bajo el secreto profesional.

Según el Código Deontológico del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, aprobado en 2017, en su capítulo VI que aborda el tema dice: “el secreto profesional es la obligación de no revelar sobre hechos vistos, oídos o relatados acerca del paciente, en el ejercicio de su profesión y fuera de ella”. Por tanto, es inherente al ejercicio de la medicina, se impone para la protección del paciente y el profesional está obligado a guardarlo.

En relación al Consenso de Montevideo

El Consenso de Montevideo dispone en las medidas 14, 40 y 42 que los Estados deben eliminar formas de aborto inseguro, asegurar la prestación integral de servicios integrales de salud sexual y reproductiva, y eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna.

Sin embargo, las anteriores medidas no pueden ser materializadas con efectividad si el delito de aborto persiste y la criminalización como forma de amenaza y coerción está vigente en el ordenamiento jurídico, impidiendo el acceso al derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la autodeterminación reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Recomendación 14: Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

Recomendación 40: Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

Recomendación 42: Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.

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