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Crean Comité Técnico para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia

Presidencia de la República de Guatemala, Guatemala
Alertas Latentes
Última Actualización: 09-04-2021
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Organización de Mujeres Tierra Viva
  • Fecha de la alerta16-03-2021
  • Comunidad vulnerada Mujeres, niñas, adolescentes

Descripción

La normativa establece que el comité tendrá las siguientes atribuciones:

Elaborar el análisis de la propuesta de la política de protección a la vida y la institucionalidad de la familia en un plazo de tres meses, a partir de entrada en vigor del acuerdo gubernativo.

Asesorar a las dependencias del Organismo Ejecutivo en la promoción e implementación de acciones, así como coordinar con las dependencias del Organismo Ejecutivo en la planificación e implementación de programas.

Fortalecer las instituciones y dependencias de gobierno para que ejerzan su función de proteger la vida, basados en el respeto, la igualdad y la equidad.

Promover acciones positivas en beneficio de la familia fortaleciendo la forma de decisiones que se verán reflejadas en la sociedad guatemalteca, todo lo anterior con base a mecanismos en materia de protección a la vida y la institucionalidad de la familia.

El plazo de vigencia de este comité es de seis meses contando a partir de la vigencia del acuerdo y se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se considere necesario hacer por alguno de sus integrantes.

Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación tras la creación de un Comité Técnico, que depende de la Presidencia de la República, a cargo de Alejandro Giammattei, el cual busca la elaboración de una Política de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia.

Estas mostraron su preocupación ante la postura de la política que podría generarse en ese espacio y ser influenciada subjetivamente por credos, indicaron en un comunicado de prensa. Además, plantean una serie de temas que podrían abordarse en ese espacio con la participación de más sectores.

PIDEN ABORDAR OTRAS PROBLEMÁTICAS

Las organizaciones indicaron que esperarían antes que se atendiera la problemática que enfrentan las niñas guatemaltecas ante el abuso sexual, que como consecuencia genera embarazos forzados debido a las violaciones sexuales.

Como segundo punto, consideran necesario un impulso y apoyo al Ministerio de Educación (MINEDUC), para fortalecer la Educación Integral en Sexualidad en las escuelas.

En el marco de la prevención de violencia sexual, recordaron que se firmó la Carta Prevenir con Educación 2021-2025, entre el Mineduc y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por lo tanto, piden que estas coordinaciones sean implementadas.

Asimismo, reconocen la importancia que las familias en su diversidad tengan acceso a información laica y científica acerca de derechos sexuales y reproductivos, contar con servicios integrales de salud pública, acceso a justicia en casos de violación y crímenes de odio a ciudadanos por su orientación sexual.

En la misma línea, esperan que la elaboración de esta política sea basada en esfuerzos que busquen proteger la vida y la familia, donde participen representantes de las diversas expresiones ciudadanas, por ser un tema de interés público.

EXIGENCIAS POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Las organizaciones que acuerpan este pronunciamiento exigen al mandatario que detenga la creación de dicha política debido a que atenta contra las garantías del Estado Laico.

Además, solicitaron que vele por el cumplimiento de las políticas públicas ya existentes, como la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Entre sus exigencias, también resaltó el cumplimiento de tratados y convenciones sobre derechos humanos que el Estado ha suscrito, como la Convención Americana, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. Que centran sus esfuerzos en fortalecer los derechos de humanos.

Ante la situación de violencia actual, finalizaron solicitando agilizar el proceso para la implementación de la Política Pública de Reparación Digna y Transformadora para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes. Además de la Carta Prevenir con Educación 2021-2025, destacando que los derechos sexuales y reproductivos, también son derechos humanos.

En relación al Consenso de Montevideo

Este Comté es contrario a las medidas mencionadas abajo, entre otras: 

9. Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI;

11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos. 

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