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Criminalización: Activista venezolana presa por ayudar a una menor violada a abortar

Mérida, Venezuela
Alertas Latentes
Última Actualización: 20-04-2021
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta16-04-2021
  • Comunidad vulnerada

Descripción

Información extraída de https://www.nytimes.com/

El ataque a una niña de 13 años en Venezuela y el arresto de su madre y la profesora que la ayudaron a interrumpir el embarazo han suscitado un debate nacional sobre la legalización del aborto en el país.

En Mérida, Venezuela una niña de 13 años fue violada un hombre del vecindario que la amenazó con tomar represalias contra su familia si hablaba, quedando embarazada.

Junto con su madre, buscaron a una doctora, que le dijo que el embarazo ponía en peligro su vida, y luego a una antigua profesora, que le proporcionó pastillas que la indujeron a abortar.

Interrumpir un embarazo es ilegal en casi todas las circunstancias en Venezuela y por ello la profesora que la ayudo, Vannesa Rosales, esta en la cárcel, enfrentándose a más de una década de prisión por ayudarla a interrumpir un embarazo, mientras el acusado de su violación seguía libre.

El código penal del país, que data del siglo XIX, penaliza el aborto en casi todos los casos, con penas de seis meses a dos años para las mujeres embarazadas y de uno a casi tres años para quienes practican abortos.Una excepción permite a los médicos realizar abortos “para salvar la vida” de la embarazada.

La historia

En octubre, la niña le contó a su madre que había sido abusada sexualmente en repetidas ocasiones y que había dejado de tener la regla. Su madre la llevó con Rosales, una activista de los derechos de la mujer que sabía cómo acceder al misoprostol, un medicamento utilizado en todo el mundo, legalmente en muchos lugares, para inducir un aborto.

“No me arrepiento de lo que hice”, dijo la madre de la chica, “Cualquier madre lo hubiese hecho en mi lugar”.

Rosales dijo que entregó las píldoras y la niña puso fin a su embarazo. Un día después, su madre acudió a la policía para denunciar los abusos.

Pero la policía empezó a interrogar a la madre, descubrió el aborto y, en cambio, le ordenaron que los llevara a la profesora.

En diciembre, Rosales llevaba dos meses bajo custodia policial, y dormía en el suelo de una celda con más de una docena de mujeres, incluida, durante un tiempo, la madre de la niña, que también fue detenida durante tres semanas.

Rosales pronto se enteró por sus abogadas de que sería acusada no solo de facilitar un aborto, sino de asociación para delinquir, un cargo que podría llevarla a prisión durante más de una década.

Ese mismo mes, la novia de Rosales, Irina Escobar, y un grupo de simpatizantes se sentaron a las puertas del tribunal del municipio, donde se suponía que Rosales iba a tener su primera audiencia.

Ese día, un juez podría desestimar el caso o dejar a Rosales en libertad para esperar el juicio en su casa.

En enero, Faddoul y otros activistas decidieron hacer público el caso. La historia causó tanta indignación en internet que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, acudió a Twitter para aclarar que había emitido una orden de detención contra el hombre acusado de la violación.

Las autoridades de Mérida no tardaron en liberar a Rosales para que esperara el juicio bajo arresto domiciliario.

Rosales sigue en el limbo jurídico. Seis meses después de su detención, aún no ha tenido su primera audiencia en el tribunal. El acusado sigue libre.

“Esto va más allá de ser un Estado negligente”, dijo. “Este es un Estado activo contra las mujeres”.

En relación al Consenso de Montevideo

El Consenso de Montevideo dispone en las medidas 14, 40 y 42 que los Estados deben eliminar formas de aborto inseguro, asegurar la prestación integral de servicios integrales de salud sexual y reproductiva, y eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna.

Sin embargo, las anteriores medidas no pueden ser materializadas con efectividad si el delito de aborto persiste y la criminalización como forma de amenaza y coerción está vigente en el ordenamiento jurídico, impidiendo el acceso al derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la autodeterminación reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Recomendación 14: Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

Recomendación 40: Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

Recomendación 42: Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.

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