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Persecución a defensoras de derechos humanos

, Nicaragua
Alertas Latentes
Última Actualización: 19-07-2021
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Redes feministas
  • Fecha de la alerta08-07-2021
  • Comunidad vulnerada

Descripción

Actualmente en Nicaragua hay diez mujeres consideradas “presas políticas” por el gobierno de Ortega. Desde hace varios años este país viene en una escalada represiva que se profundiza a medida que se acercan las elecciones en el mes de noviembre, donde Ortega aspira a una nueva reelección. 

Las mujeres consideradas “presas políticas” en Nicaragua son: la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, la ex guerrillera sandinista y ex ministra de Salud Dora María Téllez, las dirigentes y lideresas Violeta Granera, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, la exprimera dama y exdiputada María Fernanda Flores, más las activistas Karla Vanessa Escobar, Julia Hernández y María Sánchez.

El paradero de ocho de esas mujeres presas no ha sido revelado aún por el gobierno, y se desconoce el mismo desde el 28 de mayo de 2021

Chamorro y Flores están bajo régimen de “casa por cárcel”, en el caso de la primera tiene restricciones para ver a familiares y a su defensa. Mientras que de las demás lideresas y dirigentes se presume que están en la cárcel El Chipote, denunciada por defensores de derechos humanos como supuesto “centro de torturas de la Policía”, mientras que las activistas se encuentran en la penitenciaría La Esperanza.

Estas mujeres no sólo han sido judicializadas por su actividad en pro de la defensa de los derechos humanos, sino que no cuentan con las garantías del debido proceso para acceder a una legítima defensa. 

La organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), exigió al gobierno de Ortega el cese de la represión y persecución de mujeres que han denunciado violaciones a sus derechos, solicitando que se“detenga inmediatamente la represión, la persecución y las distintas violencias hacia lideresas, periodistas, feministas, activistas, defensoras de derechos humanos, quienes han denunciado violencia sexual, tortura, hostigamiento, violación y humillaciones sexuales en centros de detención y en sus territorios”. IM- Defensoras, también reclamó la derogación de leyes recientemente aprobadas que “violan los derechos civiles y políticos de las personas, y restringen la capacidad de incidencia de las mujeres y sus organizaciones”.

En este contexto, un grupo de organizaciones solicitó a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU; a Margaret Macaulay, Comisionada y Relatora de los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), un pronunciamiento e intervención que permita, entre otras cosas, poner fin inmediato a la persecución y represión de mujeres defensoras de derechos humanos y de sus organizaciones

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