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Justicia por Juana

Salta, Argentina
Alertas Latentes
Última Actualización: 05-02-2018
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Católicas por el derecho a decidir
  • Fecha de la alerta15-11-2015

Descripción

Descripción de los hechos:

El 15 de noviembre de 2015 en el pueblo de Alto la Sierra, provincia de Salta, una banda de 9 varones criollos atacaron a un grupo de jóvenes mujeres de entre 14 y 15 años de edad. En este grupo se encontraba Juana (nombre ficticio) quien fue arrastrada de los pelos hacia el monte donde fue violada en banda.

Las jóvenes que iban con Juana, corrieron a avisarle de lo sucedido a su madre Francisca, quien se dirigió a la comisaría a realizar la denuncia. La identidad de los varones que las atacaron siempre se supo, pertenecían a la localidad.

También acudió al Hospital de Alto la Sierra con Juana. Nadie le dijo que existe un protocolo para víctimas de abuso sexual en la provincia, que tenía derecho al acceso a la anticoncepción de emergencia, que tenian que llevar adelante una serie de exámenes ante la posible transmisión en el hecho de la violación de enfermedades de transmisión sexual.

Juana pertenece a una familia indigena wichí, tenía 12 años en ese momento y tiene una discapacidad producto de crisis epilépticas que sufrió cuando era una muy pequeña. Francisca, su madre, contó que Juana era una niña hermosa y sana cuando nació pero con el tiempo comenzaron episodios de crisis epilépticas de las que volvía cada vez con mayor disminución en sus capacidades mentales. Con los años y crisis tras crisis, Juana tiene disminuida su capacidad mental, con retraso madurativo. Juana nunca fue a la escuela, a pesar de vivir cerca de una. Sus padres pensaron que su discapacidad era el motivo por el que la escuela no intentó incluirla nunca.

 

Una semana después, la policía detuvo a los violadores y los trasladó a la ciudad de Tartagal. Un mes y medio después fueron liberados y volvieron al pueblo. El juez de la causa penal Dr. Astigueta considero que el certificado médico que daba cuenta de la violación no servía como instrumento público a la causa en tanto estaba firmado por un médico de nacionalidad boliviana que obtuvo su título de médico en Cuba. Ese médico no tiene matricula profesional en Argentina aunque es el único del Paraje Alto La Sierra.

Los diferentes testimonios que Francisca cuenta a Católicas por el Derecho a Decidir, relatan como los violadores se burlaban de ellas, y sus familias les ofrecían dinero y amenzaban para que retiraran la denuncia.

Con el paso del tiempo y esperando que se haciera justicia por lo que le habían hecho a su hija, Francisca se enteró que tenía derecho a una defensa pública, que debía haber actuado la Asesora de Menores e incapaces y que su hija debería haber prestado una declaración ante Cámara Gessel, pero el juez no lo consideró “porque la niña no habla castellano”.

Con el correr de los meses Francisca comenzó a preocuparse porque Juana dormía todo el día, no se sentía bien, la veía deprimida. Juana no se quería levantar de la cama. Estaba embarazada. Asistió al Hospital pero no hubo un control del estado de gravidez con ecografías.

Siendo su caso público en cuanto a la violación y habiendo sido asistida por la violación en ese mismo hospital no recibió el derecho a la interrupción legal de su embarazo por la causal violación, ni siquiera información al respecto. No consta en su historia clínica ni que le hayan informado a su madre ni que su madre haya rechazado la decisión de interrumpir el embarazo, mucho menos consta que le hayan informado ni formulado consentimiento a Juana.  Pero tampoco tuvo seguimiento de su embarazo, producto de una violación.

Hacia fines de mayo de 2016 el legislador por el Depto Rivadavia, Diputado Ramón Villa (FPV), denuncia públicamente en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta el estado de situación del caso, dejando señalado que había puesto en conocimiento de la Ministra de DDHH y Justicia de la Provincia lo que estaba sucediendo tanto por el grave accionar de la Justicia como por la falta de aplicación de los protocolos sobre la Interrupción Legal del Embarazo.

En ese momento Católicas por el Derecho a Decidir hace público el caso y da comienzo al acompañamiento de la familia de Juana y es también cuando las mujeres feministas de todo el país levantan su voz ante la desidia del estado salteño y la vulneración de derechos.

La Cámara de Diputados salteña conformó una comisión que viajó a Alto la Sierra.

Hasta el día de hoy nunca se abrió un expediente sobre la investigación de responsabilidad de funcionarios/as  en el Poder Ejecutivo provincial.

Le hicieron su primer ecografía en 7 meses dando cuenta que el embarazo producto de la violación se trataba de un anencefálico, sin probabilidad de sobrevivencia.

Durante 7 meses una niña de 12 años discapacitada llevó en su vientre el fruto de una violación que no tendría posibilidades de sobrevivir. Se le realizó una cesárea el día 3 de junio de 2016.

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