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Justicia por Juana

Salta, Argentina
Caso Emblemático
Última Actualización: 13-08-2018
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  • Tipo de Alerta Caso Emblemático
  • Fuente Católicas por el derecho a decidir_Argentina
  • Fecha de la alerta15-11-2015

Descripción

Documento elaborado por Catolicas por el Derecho a Decidir para ser presentado en Cuasa Abierta en el marco de la III Conferencia sobre Población y Desarrollo de la CEPAL. Lima-Perú. 

Descripción de los hechos:

El 15 de noviembre de 2015 Juana, una niña wichi de 12 años con una discapacidad (retraso madurativo severo y epilepsia focal no diagnosticada al momento en que suceden los hechos), que vive en Alto la Sierra (Departamento Rivadavia, Provincia de Salta, Argentina), fue atacada sexualmente por nueve criollos dentro de las tierras que ocupa ancestralmente la comunidad. De entre los atacantes cuatro eran menores de edad y cinco son mayores de edad.

Al día siguiente, su familia presentó la denuncia por la violación en la policía de Alto la Sierra. Además, ese mismo día Juana fue revisada por el Dr. Mamani (un médico boliviano sin matricula habilitante en Argentina), quien constató la presencia de violencia. El mismo día, Mamani llamó a un médico legista de la Policía de Tartagal que es la Cabecera de Salud más cercana y segunda ciudad en cantidad de habitantes de la provincia de Salta, para pedirle que revise a Juana, pero éste nunca se trasladó a Alto la Sierra (tampoco se trasladó a la niña para ser revisada en otra ciudad). En cambio, le pidió que le envíe por whatsapp una foto de la vagina de la niña.

Ante esta situación, Mamani escribió el informe y (como no tiene la revalidación del título en el país) consiguió que lo firme el Director del Hospital de la zona Dr. Carlos Moreno, que es bioquímico.

La investigación penal se inició de inmediato a cargo del Fiscal Dr. Cazon (Juzgado Penal del Dr. Astigueta) y a la semana, ya habían sido detenidos varios de los indicados como responsables de la violación aunque uno de los imputados mayor de edad permaneció prófugo por casi un año. En el marco de esa investigación y en tanto en el ordenamiento Argentino la  representación necesaria de personas menores de edad la ejercen los padres o tutores y el Ministerio Público de Menores interviene en representación de un niño en particular de manera complementaria con los padres o el tutor, o de manera autónoma por omisión o defecto en la representación ejercida por los padres o el tutor, se le dio traslado de la denuncia para su conocimiento a la Asesora de Menores de Tartagal Dra Hernandez. Cabe aclarar que  además el Ministerio Público de Menores tiene la representación de todas las personas menores de edad, sin distinción, con legitimación suficiente para iniciar acciones en resguardo de derechos de incidencia colectiva de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo la Dra Hernandez no inicio ninguna acción en el marco de sus deberes teniendo en cuenta que la figura del asesor de incapaces se erige como el funcionario que, por su naturaleza, características y atribuciones legales, coadyuva a hacer efectivos los derechos y garantías previstos en la normativa nacional e internacional que rige en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes tanto en los ámbitos judiciales como extrajudiciales. 

La investigación luego languideció, recuperaron la libertad los sospechosos y no se avanzó en la recolección de pruebas. El juez de la causa adujo que el médico firmante del certificado de la violación no había sido el mismo que había revisado a la niña constando los daños.

La familia de Juana nunca fue asesorada sobre cómo prevenir un embarazo o enfermedades de transmisión sexual, ni se le ofreció ningún tipo de asistencia o contención para víctimas de violencia sexual tal como correspondería según La Guía de Procedimiento para la Atención Integral de toda Victima de Violencia Sexual  y la concreta atención de los Abortos no Punibles de la Provincia de Salta. Tres meses después, la familia sospechó que Juana podía estar embarazada, y un médico, que llegó a la zona por iniciativa propia, comprobó el embarazo por un examen clínico. Tampoco en ese momento se le explicó sobre su derecho a interrumpir el embarazo, causal permitida según el Código Penal Argentino en el art 86 Inc 1 y 2 y del cual la Corte de Justicia de la Nación había precisado el alcance de la norma en el conocido como “Caso “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva” en Marzo de 2012.

A esa altura de los hechos, el diputado provincial del Departamento Rivadavia,  Ramón Villa, tuvo conocimiento de todo lo ocurrido desde la violación y, cuando se confirmó el embarazo por el examen clínico, solicitó telefónicamente atención para la niña a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Dra. Pamela Calletti, con el fin de que pudiera ofrecerse una atención integral como víctima de violencia incluyendo la interrupción legal del embarazo. Para ese momento Juana ya contaba con 5 meses de embarazo lo cual venía a hacer no viable el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en Salta pues  su protocolo para casos de ANP incluía una cláusula (decreto 1170/12 del Ejecutivo provincial)  en virtud de la cual solo se acepta la interrupción “hasta las 12 semanas de gestación” (artículo 8) en contravía de la regulación Argentina. El Ministerio de Justicia y DDHH contesto que era un asunto del Ministerio de Asuntos Indígenas y este último contesto que en realidad se trataba de un asunto del Ministerio de Salud.

Dos meses después y ante la falta de respuestas, Villa informó el caso en la Cámara de Diputados. En una reunión realizada a instancias de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Provincial, el fiscal Cazón a cargo de la investigación de la violación, habría dicho que “si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más, además, no es común que la víctima quede embarazada” (consta en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta, que se adjunta) .La Cámara de Diputados pidió que se abran sumarios para evaluar las posibles responsabilidades de los funcionarios que omitieron garantizar el acceso al Aborto No Punible (ANP), pertenecientes a: Ministerio de Salud / Justicia y DDHH / Infancia / Asuntos Indígenas cuyas copias se adjuntan.  El director del Inadi salteño, Dr. Ulloa, también presentó una denuncia por discriminación contra los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y de Justicia y Derechos Humanos.

Al tomar estado público, el movimiento de mujeres y feminista de Salta tomo intervención a través de la Abogada feminista Monica Menini, miembra de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Para este momento Juana, quien ya contaba con 7 meses de embarazo, fue trasladada hasta Tartagal, donde le hicieron una ecografía y determinaron que el feto era anencefálico. Por ello, fue llevada a la Maternidad de Salta, donde confirmaron el diagnóstico y, tras realizar una junta médica, le hicieron una cesárea.

Realizadas las pericias del feto el juez puso en duda que el embarazo de Juana fuera resultado de la violación en banda basándose en el informe del Centro de Investigaciones Fiscales, que por el tiempo de la gestación periciada en el feto daba a entender que éste tenía una edad gestacional superior a la esperada según el momento de la violación. Finalmente  dichas actuaciones se archivaron porque no hubo ni una sola pista que corroborara la hipótesis.

El ministro de la Corte Superior de Justicia de la Provincia de Salta, Dr. Abel Cornejo, pidió el jury de enjuiciamiento para el juez y el fiscal intervinientes en la investigación de la violación. El 30 de junio de 2016 se dio traslado a los implicados y se retomó el trámite en agosto. El  pedido de jury apuntó a fallas en la investigación, no se cuestionó la falta de acceso al ANP y finalmente no prosperó porque fue declarado inadmisible.

Un informe del miembro del Jury por la cámara de diputados provincial, Dr. Raúl Medina, sobre la forma en que ese organismo resolvió el pedido de juicio político, que había elevado el abogado Abel Cornejo, ministro de la Corte de Justicia de Salta, fue contundente y dijo que “el  resultado del Jury fue catastrófico para la provincia de Salta”.

En el transcurso de tres años, entre 2013 y 2016, hubo tres jurys de enjuicimiento (Juez de Familia Dr. Victor Soria, Juez Penal Dr. Astigueta, Fiscal  Dr. Cazon) y un pedido que no fue aceptado a la Asesora de Menores Flores Larssen. Todos por vulnerar derechos de niñas abusadas sexualmente a las que se le negó el derecho al aborto. En el año 2013 también el jury al Dr Soria fue declarado inadmisible y también fue solicitado por los miembros de la Corte de Justicia.

El legislador representante de la cámara de Diputados de la Provincia en Jury de enjuiciamiento, Dr. Medina, repasó detalladamente artículos de la ley de Jury, los comparó con la decisión tomada por la mayoría – es decir los tres representantes del Senado y dos de la Corte de Justicia- y afirmó que “se trata de un mecanismo del lenguaje que encierra el adulterio de la ley, hay situaciones que es necesario esclarecer, no solo por el caso, sino por la situación catastrófica, desastrosa en el que quedamos si este fallo sigue vigente”. Efectivamente, se buscó enjuiciar por la negligencia y por las faltas graves y nunca se llego a nada…el lobby de la Iglesia que no podemos demostrar pero que se vio recorrer el senado provincial e incluso la casa de gobierno protege a los jueces en estos casos.

El fiscal que intervenía (Dr. Cazón) fue reemplazado por un nuevo fiscal, Dr. Cabot, quien actúa con el Dr. Obeid, Fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, quienes continuaron la investigación. El Procurador de la provincia había instruido que se indague las posibles responsabilidades de operadores del fuero judicial y estatal, que no implementaron la guía para víctimas de abusos sexuales, que incluyen la posibilidad del ANP (quedarían incluidos organismos del Poder Judicial, del  Ministerio Público, y de los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y derechos Humanos y Justicia), sin que haya prosperado ninguna investigación al respecto.

En resúmen el caso de Juana presenta la vulneracion mútliple de los derechos de una menor que fue violada y a quien se le obligó a continuar con un embarazo forzado que resultó ser el de un feto anecefálico. En ningún momento se la oriento e informó para el manejo integral de la violencia sexual incluida la posibilidad de interrumpir el embarazo. Adicionalmente el caso refleja las interferencias múltiples de distintas autoridades del estado que le negaron a Juana la garantía de sus derechos.

Instancias estatales responsables: Poder ejecutivo y judicial provincial; Ministerio Público de la Providencia de Salta.

En este caso el Estado  incumplió, entre otros, su compromiso de “garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia. La protección y el ejercicio de los derechos humanos y de dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad. Así como el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta” (Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Medidas 7 y 14. Cap.B)

En relación al Consenso de Montevideo

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