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Brasil autoriza el cambio de nombre en documento de identidad a transgéneros

Distrito Federal, Brasil
Avance
Última Actualización: 04-08-2019
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  • Tipo de Alerta Avance
  • Fuente
  • Fecha de la alerta09-03-2018
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

El 1° de Marzo, en una votación de 10 votos contra 0, el STF aprobó que  transexuales y transgéneros tendrán derecho a cambiar el nombre y el género en el documento de identidad, sin necesidad de hacer un tratamiento hormonal o un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo.

El trámite consistirá en presentarse en el Registro Civil, ser mayor de 21 años y declarar su nuevo nombre, es decir, no mediará una instancia judicial para poder solicitarlo.

Resta ahora, que se reglamente conforme a la Constitución Federal en el Artículo 58 de la Ley 6.015/1973, que contiene las disposiciones sobre los registros públicos.

La Presidenta del Supremo Tribunal, Ministra Carmen Lúcia, consideró que se está frente a un avance en la materialización del principio de igualdad, en el sentido de no discriminación y eliminación de preconceptos, en un intento de alinear la Constitución Federal y los pactos internacionales sobre los derechos fundamentales.

Existe consenso a nivel de todos los votantes del STF en que con esta modificación lo que se busca es preservar los derechos de grupos minoritarios expuestos a situaciones de vulnerabilidad.

La medida se considera un gran paso en un país donde según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra) tiene el mayor índice de asesinato contra personas transexuales. En 2017, se incrementó un 15% ese índice respecto al 2016, se cometieron 445 crímenes contra la comunidad LGBT.

En relación al Consenso de Montevideo

Brasil es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Estos hechos promueven las siguientes medidas del Consenso:

11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia; 

34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva; 

35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales; 

36. Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación; 

37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;

57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.
 

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