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243 mujeres han sido criminalizadas por abortar en los últimos 6 años.

Quito, Ecuador
Alertas Latentes
Última Actualización: 18-09-2018
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente geografiacriticaecuador.org
  • Fecha de la alerta08-10-2017

Descripción

Los artículos 147, 148 y 149 del nuevo Código Penal Integral aprobado en el año 2014, tipifican el aborto como un delito y establecen penas tanto para el personal de salud que haya realizado un aborto como para las mujeres que hayan decidido practicarse un aborto (prisión para el médico de entre 1 a 3 años,  y entre 6 meses a 2 años para la mujer que lo autorice).

Mientras que el artículo N°150 establece dos excepciones de aborto no punible: "El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental".

Desde el 2013 hasta octubre de 2017 la cifra de mujeres criminalizadas por abortar alcanza las 243. Si se desagrega este dato teniendo en cuenta la aprobación en 2014 del nuevo Código Penal Integral, se puede constatar que entre los años 2013 y 2014 existieron 51 procesos de judicialización por aborto llevados por la Fiscalía General del Estado.

Luego de la aprobación del Código, entre los años 2015 y el 2017 fueron judicializadas 192 mujeres. Mientras que solo en 2017 han sido criminalizadas 62 mujeres. Quito registra un mayor número de mujeres criminalizadas, le sigue Guayaquil, Chimborazo y Loja.

Estos datos, permiten observar que luego de la aprobación del nuevo Código, el número de mujeres criminalizadas es significativamente mayor,  lo que indica un retroceso en la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador.

Del mismo modo, se ha constatado que este aumento tiene que ver con que el personal de la salud, en una clara violación al secreto profesional, denuncia a las mujeres que acuden a los centros de salud por complicaciones con el embarazo. La suerte de las mujeres que acuden a los centros de salud por complicaciones en el proceso de aborto, depende entonces,  de los prejuicios morales y/o religiosos de los profesionales de la salud, y de su ética, cuando deciden si violar o no el secreto profesional. La abogada de Surkuna, Ana Vera, destaca que muchas mujeres acudieron a un hospital con un sangrado, y sobre esa base, se iniciaron los procesos contra ellas, aún en casos donde es difícil distinguir entre la interrupción provocada y la espontánea. Vera agrega que, cuando es el médico quien denuncia se viola el debido proceso, pues este tiene la obligación de guardar el secreto profesional.

En agosto de 2017, el Ministerio de Salud ecuatoriano, emitió un memorando, donde expresaba que se encontraba en un proceso de transformación profunda para poder cumplir el compromiso de garantizar la salud a toda la población, lo que incluía la salud sexual y reproductiva, alertado por la impactante cifra de que el 15.6% de las muertes maternas en Ecuador está relacionado con la interrupción del embarazo en condiciones inseguras. En este sentido, recordaba a los profesionales de la salud, su obligación de preservar el secreto profesional,  a propósito de las denuncias contra mujeres que acuden a los establecimientos de salud tras una pérdida gestacional. No obstante, la Ministra de Salud, debió aclarar, frente a la crítica inmediata de sectores conservadores,  que esto no implicaba en ningún caso la legalización de los casos de aborto sancionados por el Código Orgánico Integral Penal.

Por su parte, el Defensor Público, Ernesto Pazmiño, presentó, a principios de marzo de 2018, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador, una propuesta de despenalización del aborto en el caso de violación, enmarcada en una reforma del COIP. Entiende que el tema de aborto debe debatirse e instalarse en la agenda, y resalta el pedido que el Comité contra la tortura de Naciones Unidas  le hace al Estado ecuatoriano de eliminar de su catálogo de delitos el aborto cuando es por violación. En su argumentación, destaca que el 100% de las mujeres procesadas por aborto son pobres, que el 69% de las mujeres judicializadas por haber interrumpido su embarazo tienen entre 14 y 19 años, y que el 40% son afrodescendientes. Pazmiño afirmó que, si bien la Constitución ecuatoriana otorga a la mujer el derecho de decidir cuándo y cuántos hijos tener, cuando ejercen ese derecho se las criminaliza. Destaca además que es un problema de salud pública, pero también de violencia machista, puesto que hay mujeres obligadas a abortar por sus parejas. Agrega además, que desde su lugar en la Defensoría, está pidiendo que no se criminalice a las mujeres por las decisiones que toman sobre su cuerpo y su proyecto de vida, e insiste en que no se puede obligar a las mujeres a tener hijos de sus violadores, sino que son ellas quienes deben tener el derecho de decidir.

Dos ejemplos que resumen la condena legal y social que sufren las mujeres ecuatorianas (Tomado de El Pais)

“Seguramente esto no conste en el atestado, pero a María, de 26 años, le encarcelaron pocas horas después de abortar. Esta mujer, cuyo nombre cambiamos para proteger su identidad, estuvo detenida cinco meses en la provincia de Esmeraldas (noroeste de Ecuador), después de que le practicaran un legrado. El juez ni siquiera tomó en cuenta que necesitaba unos días para recuperarse y que es padre y madre de dos niños pequeños. Dictó prisión preventiva y sus hijos tuvieron que marcharse con su abuela a otra provincia. María está libre de momento, porque justificó que tiene un trabajo como empleada doméstica, pero hasta que le dicten una sentencia debe presentarse en el juzgado dos veces por semana con fotos que prueben que efectivamente trabaja. Esto es excesivo, a juzgar por Alexandra Lastra, abogada de la Defensoría Pública que patrocina a María. “Lo normal es que le pidan ir cada mes o cada 15 días, y las fotografías son algo insólito”, señala.”

A este caso, se agrega el denunciado por la organización feminista Surkuna, para denotar la presión que sufren las mujeres por parte de la policía y de los médicos para autoincriminarse:  “A Margarita [nombre ficticio] le dijeron que hablara todo, que igual ya tenían su información, que lo peor sería negarlo y que si confesaba no le pasaría nada”. Esta mujer indígena, de 16 años, terminó confesando su falta y pasó ocho meses en prisión.”

El aborto clandestino y el autoinducido: cifras que no cuentan.  

El principal problema de las cifras sobre abortos en Ecuador, es que provienen de aquellos casos que en algún momento del proceso de aborto tuvieron contacto con el sistema de salud. Esto implica, que no se pueda conocer ciertamente el número real de abortos, puesto que no toma en cuenta aquellos que fueron autoinducidos por la propia mujer, empleando medicamentos, y aquellos realizados en consultorios clandestinos; ambos casos, con alto riesgo para la salud de las mujeres. A su vez, todo esto, redunda en una alta tasa de mortalidad materna, tasa que en caso de ser desagregada evidenciaría como fuerte componente las complicaciones por abortos en condiciones inadecuadas.

En relación al Consenso de Montevideo

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