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CIDH expresa preocupación por uso de violencia sexual durante detenciones arbitrarias

Managua, Nicaragua
Alertas Latentes
Última Actualización: 16-10-2018
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente www.cenidh.org
  • Fecha de la alerta18-04-2018

Descripción

En la mañana del 14/10/2018 secuestraron a HAYDEE CASTILLO FLORES, afiliada a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) desde hace muchos años.

Haydee estaba a punto de viajar a Washington a presentar denuncias ante la CIDH cuando fue detenida antes de que el avión despegara. Tenia medidas cautelares ya que había sido amenazada reiteradas veces.  El gobierno le acusa de "financiar al terrorismo".

Asimismo la RSMLAC denuncia que en el marco de la marcha "Unidos por la Libertad en Managua y por la libertad de las y los presos políticos" reprimieron y detuvieron a 40 personas.

Organizaciones presentan denuncia frente a la CIDH

Una docena de organizaciones nacionales e internacionales presentaron durante el 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), información respecto de la situación de criminalización y violencia que enfrentan quienes se oponen al gobierno. 

Dentro de los hallazgos presentados, se documentó que varias personas han sido sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ello como estrategia para extraer información. 

Las mujeres enfrentan amenazas de violación sexual, las cuales en algunos casos se concretan, además, también se han recibido testimonios de hombres agredidos sexualmente.

Las organizaciones también hicieron referencia a las irregularidades en los procesos penales, y a la utilización de tipos penales como el delito de terrorismo, para criminalizar a defensores/as, líderes y lideresas sociales. Además, se ha constatado que los procesos se llevan a cabo a puertas cerradas, y las autoridades presentan testigos y víctimas falsas, entre otras irregularidades.

Las manifestaciones

Las manifestaciones de la ciudadanía comenzaron en la tarde del miércoles 18 de abril, luego de que el Presidente Ortega anunciara una reforma de la Seguridad Social aprobada unilateralmente por el gobierno.

Ortega ordenó reprimir las manifestaciones y censuró a por lo menos tres medios de prensa independientes. El mandatario obligó a Telcor (institución reguladora de las telecomunicaciones) a que sacara del aire las transmisiones de los canales 100% Noticias y Canal 12, únicas televisoras independientes del país.

Esta práctica es extendida durante los once años que lleva gobernando el país. Hace no mucho tiempo censuró y ordenó incautar los equipos de la radio  “Radio Voz de Mujer”, localizada en Jalapa, una comunidad ubicada a unos 300 kilómetros de Managua, por transmitir información crítica del Gobierno, relacionada principalmente a la negligencia con la que las autoridades manejan la epidemia de feminicidios. También a lo largo de su gobierno han sido censurados programas que promueven debates críticos sobre el accionar del gobierno. Así como también han amenazado a decenas de periodistas.

Sobre la reforma de la Seguridad Social: 

-Para los y las trabajadoras: Aumenta la tasa de cotización de 6.25% a 7%.

- Para empleadores: Se incrementa la tasa de cotización de 19% a 22.50%.

-Para los y las jubiladas: Tendrán que aportar el 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades.

Informe del CENIDH

El último informe del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos del 2016, ya alertaba sobre la situación alarmante de los derechos humanos en Nicaragua.

El Informe permite visualizar la vulneración por parte del Estado de Nicaragua de los derechos humanos de la ciudadanía.

En particular, y en lo que refiere a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se refiere allí a casos de violencia obstétrica, violencia sexual, al ocultamiento por parte del Estado de casos de femicidio, y al mantenimiento de la penalización del aborto terapeútico.

En el Informe, se destaca que “El gobierno de Nicaragua mantiene su política de nombramiento de mujeres en cargos públicos y sus autoridades se refieren a ésta con frecuencia para demostrar supuestos avances en la igualdad de género; sin embargo, la decisión no ha tenido mayor impacto en promover una agenda en favor de los derechos de las mujeres, ni leyes, normas o políticas públicas dirigidas a mejorar su calidad de vida y la posibilidad de que alcancen sus proyectos personales. 

En cuanto a la violencia sexual, mediante el empleo de datos recabados por el Instituto de Medicina Legal entre los años 2013-2015, se citan cifras que alarman: “de 3,342 casos de violencia sexual, el 37% de estas denuncias (1,244), señala a los conocidos como los primeros sospechosos del abuso. Luego indica que un familiar es el segundo agresor de las mujeres y las niñas, con el 24% de responsabilidad (793), y en tercera posición se encuentran las parejas con el 22% de participación (722), asimismo se indica que las principales víctimas de estas agresiones son las niñas entre los 13 y 17 años, que representan el 89% de todas las investigaciones. Una de las consecuencias de la violación es el embarazo impuesto, lo que genera la maternidad de las niñas. Así hemos visto, cómo Nicaragua se posiciona como uno de los países con la tasa más alta de embarazos tempranos en América Latina” 

En cuanto a la violencia de género, en este Informe se hace hincapié en cómo el gobierno opera para ocultar las verdaderas cifras de femicidio. Tal es así, que se cambió la figura jurídica que tipifica estos casos, aplicando sólo cuando la muerte o la agresión de la mujer por parte de su pareja o ex pareja se da en el ámbito privado, excluyendo el ámbito público, otrora considerado en estos delitos. Con esto, lo que se logró fue una baja de cifra de femicidios, y aquellos que ocurrieron en ámbitos públicos fueron considerados asesinatos comunes, y por ende, no fueron juzgados por jueces especializados en este tipo de violencia.

En cuanto a la penalización del aborto, se destaca en este informe como el Parlamento nicaragüense, rechaza en el 2016,  una propuesta de un Comité Promotor de despenalizar la interrupción del embarazo por motivos de salud de la mujer, lo cual se creía podía incidir positivamente en la baja de la tasa de muertes maternas por embarazos de riesgo, haciendo así, que las mujeres sigan sufriendo las consecuencias de la ley actual en sus vidas. Frente al rechazo parlamentario, se presenta un recurso de amparo en contra de la Asamblea Nacional. Al cierre del informe, la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua decidió declarar improcedente el recurso, argumentando que no se puede recurrir contra del proceso de formación de ley desde la introducción de la iniciativa de ley hasta la publicación del texto definitivo según se indica en el Arto. 55 numeral 6 de la ley de amparo. Tal proceder revela que en Nicaragua no se respeta el derecho de participación ciudadana en el proceso legislativo reconocido en la Constitución.

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