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Las consecuencias del conflicto en los derechos sexuales y reproductivos

Managua, Nicaragua
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-11-2018
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Organizaciones defensoras de DDHH.
  • Fecha de la alerta18-04-2018

Descripción

Contexto reciente

El protesta social que explotó en Managua y en varias ciudades más de Nicaragua, dejó en evidencia una sociedad cansada de los constantes abusos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente, Rosario Murrillo. Ortega ostenta el poder desde hace tres periodos de gobierno. Su esposa es vicepresidenta desde el 2017. Durante los últimos años, se ha ido incrementando los abusos de poder y la constante vulneración a los derechos humanos de las personas. La violación del derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica ha sido una acción reiterada del gobierno del presidente Daniel Ortega.

El hecho que propició las diversas manifestaciones fue una reforma sobre la Seguridad Social. El 16 de abril de 2018 el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprobó la reforma al sistema de seguridad social, la cual fue ratificada al día siguiente por el presidente Daniel Ortega a través del Decreto Presidencial 03-2018, publicado en La Gaceta Oficial de 18 de abril del 2018

La cual implicaba, entre otras cuestiones:

-Para los y las trabajadoras, aumento de la tasa de cotización de 6.25% a 7%.

-Para empleadores, un incremento de la tasa de cotización de 19% a 22.50%.

-Para los y las jubiladas, obligación de aportar el 5% de la pensión por concepto de cobertura de enfermedades.

Esto provocó manifestaciones en varios puntos del país, resultando varias universidades ocupadas. La dupla Ortega-Murillo ordenó reprimir las manifestaciones y censuró a varios medios de prensa independientes.

Ya han pasado siete meses desde comenzó la represión a la población que se manifiesta pacíficamente. Aumenta la cantidad de personas presas por la irregularidad en los procesos penales que ha utilizado a discreción el delito de terrorismo, para criminalizar a defensores/as, líderes y lideresas sociales. Además, se ha constatado que los procesos se llevan a cabo a puertas cerradas, y las autoridades presentan testigos y víctimas falsas, entre otras irregularidades. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos van 321 muertos y 602 presos y presas políticas en Nicaragua.

La protesta social encabezada por el movimiento estudiantil demanda el fin de la dictadura, con apoyo de toda la ciudadanía y sostenida desde hace varias décadas por las feministas nicaragüenses, ha llevado al gobierno nacional a aplicar ésta política de terror y represión.

Situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres y niñas

El último informe del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos del año 2016, alertaba sobre la situación alarmante de los derechos humanos en Nicaragua en consecuencia de los constantes abusos del gobierno Ortega-Murillo,

En particular denuncia la alarmante situación de violación de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas; documentando denuncias de violencia obstétrica, violencia sexual, ocultamiento por parte del Estado de casos de femicidio, y  las altas tasas de mortalidad materna por la penalización del aborto.

Sobre la violencia sexual, se citan cifras que fueron recabadas por el Instituto de Medicina Legal en 2013-2015 sobre 3340 casos de mujeres que sufrieron y denunciaron violencia sexual. Se evidencia que más del 80% de estas denuncias fueron contra hombres cercanos (familia, pareja) o conocidos. Así como también se señala que el 89% de los casos son de niñas entre los 13 y 17 años. Esto implica un alto porcentaje de embarazo infantil. Nicaragua se posiciona como uno de los países con la tasa más alta de embarazos tempranos en América Latina”

En cuanto a la violencia de género, se hace hincapié en cómo el gobierno opera para ocultar las verdaderas cifras de femicidio. Tal es así, que se cambió la figura jurídica que tipifica estos casos, aplicando sólo cuando la muerte o la agresión de la mujer por parte de su pareja o ex pareja se da en el ámbito privado, excluyendo el ámbito público. Esto implicó que las cifras de femicidio bajarán ya que no se tienen en cuenta aquellos que ocurrieron en ámbitos públicos. Siendo considerados homicidios comunes, y por ende, no fueron juzgados por jueces especializados en este tipo de violencia.

En lo que respecta a la despenalización del aborto, se documenta que en el 2016 el parlamento rechazó una propuesta del Comité Promotor de despenalizar la interrupción del embarazo por motivos de salud de la mujer. La penalización tiene consecuencias directas en la alta tasa de mortalidad materna que existe en el país.

En el informe también se denuncia como el gobierno de Nicaragua utiliza el nombramiento de mujeres en cargos públicos para demostrar supuestos avances hacia la igualdad de género. Sin embargo, estos nombramientos no han tenido impacto directo en la promoción de una agenda en favor de los derechos de las mujeres. Tampoco se han aprobado leyes, normas o políticas públicas que promuevan una mejor calidad de vida para las mujeres y niñas.

 

Denuncias contra el gobierno nicaragüense

A continuación se detallan algunas de las denuncias realizadas por diversas organizaciones.

Una docena de organizaciones nacionales e internacionales presentaron durante el 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (realizada a finales de septiembre y principios de octubre de 2018), información respecto a la situación de criminalización y violencia que enfrentan quienes se oponen al gobierno.

Dentro de los hallazgos presentados, se documentó que varias personas han sido sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el objetivo de extraer información sobre opositores/as al gobierno. Particularmente se registraron casos de violencia sexual hacia las mujeres.

Por otro lado la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe publicó un comunicado el 2 de octubre donde denuncia los abusos del gobierno y el alto número de personas asesinadas y presas. Destacan que la dictadura continúa con su política de terror y muerte, ensañandose con las mujeres y jóvenes a quienes secuestra, tortura y enjuicia, aplicándoles la reciente aprobada ley contra el terrorismo.

Denuncian que Ortega y su partido -junto a conservadores y liberales- son responsables de la penalización absoluta del aborto, desde el 26 de octubre del 2006. Además de acusar a defensoras de derechos humanos, derechos sexuales y derechos  reproductivos por “apología del delito y asociación ilícita para delinquir” entre los años 2007 y 2008-, oculta las muertes maternas, cambia la clasificación internacional bajando de manera artificial la tasa nacional, enmascara las muertes por aborto e impide conocer cualquier estadística nacional sobre la salud de las mujeres.

En el mes de mayo pasado una de las jóvenes detenidas denunció que fue sometida a torturas por las cuales abortó mientras permanecía detenida en la cárcel de El Chipote, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial, encargada de interrogar y remitir a juicio a manifestantes pacíficos y desarmados, de todas las edades. El Chipote, una tétrica cárcel en lo alto de la Loma de Tiscapa, fue uno de los principales centros de tortura de la dictadura somocista. Cuarenta años después, sus celdas encierran a las nietas y los nietos de la Revolución Sandinista y a toda clase de defensores de derechos humanos que participaron de la propia revolución.

Elsa Valle, una joven universitaria que pasó seis días en el Chipote y luego en la Cárcel de Mujeres La Esperanza denunció que pasó con mareos y vómitos por los que pidió ayuda e informó que estaba embarazada; sin embargo por los malos tratos recibidos y la falta de atención a su salud finalmente abortó luego de tener importante sangrado. El diagnóstico se hizo una vez que recuperó la libertad, cuando se detectó una infección por restos del aborto, que pudo costarle la vida. Elsa además, camina con muletas dado que sufrió un esguince que nunca fue tratado.

Otro caso similar fue denunciado el 19 de octubre por el Movimiento por la Autonomía Universitaria UNI, sobre la joven María Alejandra Castillo García, estudiante de Geología de la UNAN Managua, quien fue detenida arbitrariamente el pasado 23 de septiembre y se encuentra en la cárcel Chipote; fue trasladada el día de ayer (18 de octubre) al Hospital Bertha Calderón, tras haber sufrido un aborto espontáneo le produjo un intenso sangrado por 15 días y que no fue atendido por las instancias médicas de Auxilio Judicial. Al llegar al Hospital fue diagnosticada con un aborto incompleto y le programaron para el día siguiente un legrado. Este no fue realizado por que la policía obligó a Alejandra a dejar el hospital y se negaron a que recibiera la atención de salud pertinente.


Sobre detenciones arbitrarias

También se deja constancia que las detenciones arbitrarias son justificadas mediante la reciente aprobada ley de terrorismo. Tal es el caso de Haydee Castillos Flores, integrante de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC). Haydee estaba a punto de viajar a Washington el día 14 de octubre de 2018 para presentar denuncias ante la CIDH cuando fue detenida antes de que el avión despegara. Tenía medidas cautelares ya que había sido amenazada reiteradas veces. El gobierno la acusa de "financiar al terrorismo".

Por otro lado, a principios de noviembre la policía detuvo a manifestantes en Somoto y en un shopping de Managua, a quienes imputaron con cargos penales. Además, a mediados del mes volvieron a detener a la estudiante Elsa Valle Montenegro -que había sido liberada en septiembre-  esta vez junto a su hermana Rebeca. Fueron golpeadas por los antimotines, quienes casi asfixian a Elsa. Las llevaron hasta la cárcel El Chipote y las liberaron el mismo día. Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), afirmó que “tanto Elsa como su familia han sido víctimas de una persecución con motivación política”.

La CIDH, por su parte, otorgó medidas cautelares a siete presas políticas: Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Dilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera, Solange Centeno Peña y Nelly Marilí Roque Ordóñez. Según distintos medios, se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia” por la última golpiza que recibieron dentro del Sistema Penitenciario Nacional. Hace más de tres meses que están encerradas en la cárcel La Esperanza y están siendo procesadas por terrorismo, crimen organizado, tortura, robo y obstrucción al servicio público, entre otros delitos.

Por otro lado, la Dirección de Migración y Extranjería citó para el lunes 26 de noviembre de 2018 a la activista Ana Quirós. La activista, especialista en salud pública, es de origen costarricense, pero hace 20 años que tiene la nacionalidad nicaragüense y ha sido una de las voces más críticas en contra del régimen desde que iniciaron las protestas el pasado abril.

Quirós fue una de las primera víctimas de la represión orteguista durante las protestas que iniciaron el pasado abril. En la protesta del 18 de abril realizada en Camino de Oriente fue arrastrada por motorizados.

Luego de que asistió a la Dirección de Migración, pasaron más de 12 horas donde no se sabía nada de ella. Finalmente el régimen orteguista le quitó arbitrariamente la nacionalidad nicaragüense, expulsandola a su país de origen, Costa Rica.

Además de Quirós, Migración ha citado a las españolas Ana Ara y María Jesús Ara y la suiza Beatriz Huber, quienes trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Las tres son residentes en el país.

Sobre la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”

La mencionada ley fue aprobada el lunes 16 de julio del 2018 por un Congreso dominado mayoritariamente por el Gobierno, es un texto muy vago que habilita la criminalización de manifestaciones pacíficas.

Preocupa especialmente el artículo N°394, que define como terrorista a alguien que cause la muerte o lesiones a personas que no participen en un conflicto armado, destruya bienes públicos con la intención de intimidar a la población y altere el orden constitucional. Es decir que cualquier persona que ejerza su derecho a manifestarse podría ser tachada de terrorista.

La Oficina del Alto Comisionado alertó que se está cometiendo una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, que incluyen  ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de expresión de las personas. Además, se han producido campañas de incitación odio y difamación, incluso contra defensores y defensoras de los derechos humanos. “El telón de fondo de todas estas violaciones es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso”.

 

En relación al Consenso de Montevideo

Nicaragua es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Nos interesa destacar aquí las graves vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas que se ha dado históricamente en este país pero que se ha exacerbado en la actual situación de conflicto.

A lo largo del presente texto se han documentado una serie de hechos que dan cuenta de ello. A continuación se mencionan las principales medidas que se contravienen frente a la actual situación.

Medida 35: Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

Medida 37: Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;  

Medida 40: Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

Medida 42: Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.

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