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Preocupa el gran número de objetores de conciencia al aborto por tres causales aprobado en 2017

Santiago, Chile
Alertas Latentes
Última Actualización: 29-11-2018
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Organizaciones defensoras de DDHH
  • Fecha de la alerta25-04-2018

Descripción

En 2017, se aprobó la Ley Nº 21.030 de interrupción del embarazo por tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. No obstante, la ley prevé la posibilidad de que los y las profesionales de la salud puedan utilizar la objeción de conciencia, argumento que en algunos casos, puede significar un retroceso en este avance de reconocimiento de los derechos de las mujeres

Y esto es lo que está sucediendo en algunos lugares como Osorno, Valonar y Huasco, puesto que, si bien el Art. Nº 119 del Código Sanitario, introducido por la Ley Nº 21.030, establece las condiciones de que cada centro hospitalario debe contar con por lo menos un equipo sin objeción de conciencia, en la práctica, en esos lugares no sucede.

La objeción de conciencia masiva, expone a las mujeres a dificultades tales como tener que desplazarse geográficamente para poder cumplir con su voluntad de interrumpir el embarazo, vulnerando así su derecho regulado por ley.

Existe preocupación a nivel de parlamentarios/as, y académicos/as y profesionales de la salud, en torno a que la herramienta de la objeción de conciencia ponga trabas a esta ley que establece y debiera garantizar, que bajo esas tres causas el aborto es libre y gratuito.

En este sentido, el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, advirtió que la ley puede transformarse en letra muerta. La objeción de conciencia viene a fortalecer a las instituciones que reproducen una visión moral y conservadora en torno a a problemática del aborto.

10 de mayo 2018:

La Contraloría General de la República emitió un dictamen durante la tarde de ayer en el cual se indica que no se ajusta a derecho el protocolo de objeción de conciencia por la Ley de aborto en tres causales.

No se ajusta a derecho porque “los establecimientos públicos de Salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”.

Agregaron que “las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la Objeción de Conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud , y que forman parte de la red pública de Salud”.

En relación al Consenso de Montevideo

Chile es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Este caso contraviene las siguientes medidas del Consenso:

Medida 35: Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

Medida 40: Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

Medida 42: Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.

Medida 43: Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;

Medida 46: Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.

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