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Denuncia de abuso sexual de una adolescente evidencia fallas del sistema judicial

Montevideo, Uruguay
Caso Emblemático
Última Actualización: 18-09-2018
  • Tipo de Alerta Caso Emblemático
  • Fuente
  • Fecha de la alerta03-05-2018

Descripción

Sobre finales de abril de 2018, cobra notoriedad la denuncia de una alumna de enseñanza media, de 16 años, de ser víctima de abuso sexual por parte de su padre, y su tío. La adolescente le cuenta en primera instancia a una docente de su centro de enseñanza, y esta docente, procede siguiendo el protocolo de ANEP para casos de violencia doméstica en adolescentes, y la denuncia llega al Poder Judicial.  Enterados, el padre denunciado, y su madre, concurren a buscarla al centro de estudios, la retiran violentamente, golpeando a la adolescente y a una profesora. Interviene la justicia, con una resolución alarmante, de que la joven permaneciera bajo la tutela de su madre, mientras se iniciaba el procesamiento judicial correspondiente a los hombres denunciados.

Esta situación, generada por el Poder Judicial, de exposición de la víctima de abuso sexual, de volver a vivir junto a su madre - quien también ejerció violencia sobre ella cuando se enteró de la denuncia - vulnera gravemente los derechos de esta adolescente, la deja desprotegida y expuesta a más situaciones de violencia.

Frente a esta grave situación, diversas organizaciones se manifestaron en un comunicado de prensa único, denunciando la actuación judicial.

Finalmente, la Justicia determinó prisión preventiva del padre, por 90 días, y de la madre, por 30 días, y encargó a un familiar el cuidado de la adolescente, y sus cinco hermanos, también menores.

Comunicado de prensa (26/4/2018):

Las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes no toleramos más que el sistema de justicia que debe proteger y velar por los derechos de la infancia y la adolescencia, actúe de forma inoperante, negligente, re victimizando y vulnerando los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Hace más de 15 años venimos manifestando y trabajando en la capacitación, en la producción de conocimientos, siendo testigos de los fondos económicos y humanos  que el sistema de protección y de justicia destinan para capacitar a sus operadores y operadoras, sin embargo, se continúan cometiendo horrores como los sucedidos en   este caso. Errores que, sin ánimo de culpabilizar, parten del desconocimiento de cómo intervenir en situaciones de violencia y riesgo de vida como la que acabamos de presenciar en estas últimas horas.

Hace más de 15 años que expresamos una y otra vez:

1.Todas las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescente son graves, ninguna debe ser minimizada, ni desestimada. Siempre la primera acción a seguir es interrumpir la situación de violencia, generando estrategias de protección, siempre pensadas y acordadas con los y las adolescentes.

2.Las situaciones donde hay castigos físicos severos y abuso sexual son de  alto riesgo y requieren inmediata intervención y protección, separando (momentáneamente) a quien violenta del niño, niña y/o adolescente. Aunque la persona agresora haya sido alejada del hogar, si  el resto de la familia no protege, no cree y culpabiliza a la víctima, NO ES UN LUGAR DE PROTECCIÓN, ES EL PEOR LUGAR DONDE SE PUEDE DEJAR A UNA PERSONA QUE ESTÁ EN UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA.

3.Jamás permitir que vuelva a su casa, un niño, niña y adolescente que pide ayuda, que denuncia abusos sexuales y violencia doméstica y que manifiesta que se le saquen de su hogar porque ya no aguanta más. El juez o la jueza debe garantizar su protección real e inmediata.

4.Si a un niño, niña o adolescente no le brindamos protección en el momento adecuado, en la situación de crisis, cuando hace el relato, posiblemente se retracte (como en este caso) negando todo lo relatado y pedirá volver con su familia, porque la ambivalencia y la retractación son características e indicadores de esta problemática y porque se trata de una estrategia para sobrevivir.

Exigimos que alguna institución y/o organismo sea responsable de haber determinado que, durante 4 días, esta adolescente haya permanecido junto a su familia, que no le cree, no la apoya y la violenta.

Exigimos que alguna institución y/o organismo se haga responsable por no haber tomado medidas de protección inmediata, adecuadas, garantizando la integridad física  y emocional de una adolescente que tenía el rostro totalmente lastimado y que estaba denunciado abuso sexual y violencia en su hogar.

Exigimos saber ¿Por qué la justicia penal no  actuó inmediatamente? Si alguien roba un comercio se actúa inmediatamente y los presuntos rapiñeros van presos preventivamente.

Si una adolescente es sacada de los pelos de un centro educativo, golpeada y arrastrada por su padre, éste queda libre, no va a prisión preventiva. ¿Cómo es posible? ¿En qué país vivimos?

¿La propiedad tienen más valor y prioridad que las personas?

¿Un violento y presunto abusador sexual puede hacer cualquier clase de  desmán, pegar, amenazar, insultar a su hija y a las personas que intentaron  defenderla y quedar libre?

En la audiencia, la adolescente pidió volver a su casa.

¿Qué clase de justicia tenemos que nadie pudo determinar que estamos frente a un discurso bajo presión, bajo apercibimiento y bajo coacción, producto del terror y las violencias que la adolescente habrá soportado durante esos 4 días en su casa?

¿Nadie se va a responsabilizar de todo este desastre?

¿Nuestro sistema de justicia para qué sirve? y ¿a quién protege? En este caso solo sirvió para destrozarle la vida a una gurisa.

Solo sirvió para sembrar el terror en otros niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual.

¿Quién se va a animar a denunciar si te devuelven a tu casa?

No lo podemos tolerar.

En relación al Consenso de Montevideo

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