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Justicia argentina discrimina a joven trans

Entre Ríos, Argentina
Alertas Latentes
Última Actualización: 04-08-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente abosex.com.ar
  • Fecha de la alerta11-05-2018
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Un joven trans, que actuó en defensa propia luego de reiterados ataques por su condición sexual  por parte de tres hombres, fue condenado a cinco años y medio de prisión por tentativa de homicidio. Durante todo el proceso judicial Joe fue tratado en femenino, sistemáticamente fue negada su identidad.

En un video que publicó en redes sociales describe cómo fue hostigado desde que tiene memoria, por su orientación sexual y su identidad de género. “Siempre fui objeto de su constante discriminación, primero como homosexual y luego, cuando se enteraron que era un hombre trans, con mucho más énfasis”, cuenta.

Estudiante de derecho, y profesor de inglés, de condición humilde, en octubre de  2016 Joe fue atacado en su propia casa por tres varones que ya lo habían agredido en ocasiones anteriores.

El día del ataque los hombres se metieron a la fuerza a la casa y comenzaron a insultarlo y a intentar golpearlo. Uno de los agresores tenía una trincheta escondida en la manga. Según el relato del defensor oficial, Joe buscó un arma de aire comprimido que su padre tenía guardada. Tomó el arma para asustarlos y terminó disparando. El balín impactó en el cuello del agresor. Pese a que nunca estuvo en peligro su vida, permaneció internado unos días.

Dos meses después, el 3 de diciembre, ese mismo hombre prendió fuego la casa de Joe. Esa causa todavía no llegó a juicio. En ese momento, el joven trans fue a la comisaría pero la policía no tomó su denuncia ni fue escuchado. Lo detuvieron por la agresión anterior y pasó seis días detenido.

El pasado 23 de abril fue el inicio del juicio oral en el Tribunal de Juicio de Apelaciones deParaná con asiento en La Paz (Entre Ríos) a cargo de la jueza Cristina Lía Vandembroucke. Allí Joe, fue sentenciado por “tentativa de homicidio” a 5 años y seis meses de prisión. El fiscal Santiago Alfieri había pedido 8 años, negando la posibilidad de la “legítima defensa”, expresando "A la fiscalía le interesa dejar en claro que se trató de un caso de tentativa de homicidio lisa y llanamente. No hubo ningún tipo de agresión previa que justificara la violencia ejercida por Joe. Tomó su arma adentro de la casa, caminó diez metros hacia el arco perimetral de su casa y le disparó a una distancia de 1,88 metros al cuello de esta persona". Agregando que la referencia al hostigamiento por su condición sexual recién fue expuesta en la instancia del juicio oral.

Organizaciones LGBTTIQ entregaron a la Casa de la Provincia de Entre Ríos en Buenos Aires un documento donde expresan su repudio a esta sentencia, exigiendo se revierta la misma. En ese documento, se expresa que Joe “Fue sometido a un proceso signado por la transfobia, discriminación en su lugar de origen, y sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico, asistencia, o ayuda (…). La defensa en un contexto de hostigamiento sistemático y de vulneraciones de derechos humanos no puede ser tratada por la justicia como una agresión más. La justicia no puede ignorar que estos ataques fueron por ser un varón trans, además de que debe meritar el contexto de vulnerabilidad social de Joe y su familia”. Y concluye así: “Las personas trans tienen igual derecho a trato digno en todo contexto, pero el sistema judicial es cisexista, y niega el derecho a defenderse que ejerció Joe al ser atacado en su propio hogar. El cisexismo es un sistema de opresión que privilegia ciertas identidades por sobre otras, restringiendo el acceso a derechos básicos. Si Joe fuese una persona cisgénero (es decir, no trans) jamás hubiese sido procesado por defenderse”.

En relación al Consenso de Montevideo

Argentina es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Estos hechos contravienen especialmente las siguientes medidas del Consenso:

34: Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva;

35: Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

36: Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación;

57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo 24 culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.
 

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