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El aborto legal y seguro: la gran deuda de la revolución

Distrito Capital, Venezuela
Alertas Latentes
Última Actualización: 31-08-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Red de Información por el Aborto Seguro
  • Fecha de la alerta02-05-2018
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Las penas para una mujer que realice un aborto van de seis meses a dos años de prisión, mientras que la pena para la persona que realiza la interrupción alcanza los tres años.

Venezuela desoyó las recomendaciones que hizo en el 2014 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el cual aseguró que el país debería modificar su ley y se mostró “preocupado por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los programas para reducir estos embarazos”.

Esta situación encuentra un agravante en el alto índice de embarazo adolescente, que según datos oficiales del 2016, la cifra se mantiene y muestra tendencia al ascenso.

En una entrevista a L´Ombelico del Mondo, la vocera de la Red de Información por el Aborto Seguro, Mariana García Sojo, aseguró que si bien con la Revolución Bolivariana se han acumulado varias victorias aún “falta mucho por discutir en materia de feminismo y de género”. En este sentido, afirmó: “El aborto es una gran deuda”.

García Sojo destacó que, en los casos permitidos por la ley, en los cuales las mujeres acuden a abortar, no pueden hacerlo  puesto que en los centros  de atención pública no se cuenta con acceso al misoprostol o mifepristona.

A esto agrega, que como Venezuela no cuenta con cifras oficiales sobre el aborto, es muy difícil hacer un abordaje certero del tema, dado que “ El único dato que tenemos proviene de un documento del 2013, donde se reconoce que existe un subregistro, es decir, un registro no sistemático donde no se diferencia entre abortos inducidos o abortos espontáneos. Además, se estima que el aborto es la tercera causa de maternidad materna o el 10% de las muertes maternas del país, lo cual es decir bastante porque en estos momentos Venezuela tiene cifras de mortalidad materna que está en los tres dígitos, las cifras más alta de la región.”

Movilizaciones

El 28 de setiembre, en ocasión del  Día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe, movimientos de mujeres venezolanas se movilizaron exigiendo se amplíe el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. En su plataforma resaltaron los siguientes pendientes en la legislación venezolana:

  • Despenalización del aborto.

  • Libre derecho a la sexualidad.

  • Legalización de las familias homoparentales.

  • Ampliación de programas de educación sexual, para el placer y reproductiva.

  • Entrega gratuita de anticonceptivos en el sistema público de salud.

 

En relación al Consenso de Montevideo

Venezuela es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Estos hechos contravienen especialmente el cumplimiento de las siguientes medidas: 

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro,
mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la
información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción
oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos; 

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas. 
 

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