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Creciente número de ataques violentos a personas LGBTI

Tegucigalpa, Honduras
Alertas Latentes
Última Actualización: 31-08-2019
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  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente NODAL
  • Fecha de la alerta29-05-2018
  • Comunidad vulnerada Mujeres

Descripción

Entre 2017 y lo que ha transcurrido de 2018, son 40 las personas de la comunidad LGBTI,  que han muerto en forma violenta en Honduras, mientras el Estado hondureño se muestra pasivo frente a estos atentados discriminatorios.

Es así que en su Declaración de Fin de Misión, Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en su  visita a Honduras entre el 29 de abril y el 12 de mayo, hizo un llamado al Gobierno de ese país, por lo que entiende es un flagelo que avanza y que no encuentra ofensiva oficial, como son los crímenes de odio cometidos contra personas debido a su orientación sexual. A la vez que exige se investigue a la mayor brevedad posible los crímenes cometidos contra personas LGBTI. Además de manifestar su preocupación por el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTBI, la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total.

Según el informe, entre 2008 y 2018 han sido asesinadas en Honduras 295 personas LGBTI, de los cuales 11 eran defensores de derechos humanos. El relator señaló que en el país los miembros de la comunidad LGBTI son “víctimas de estigma, discriminación y violencia por su orientación sexual e identidad”. A lo que agregó que, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego y blancas en el interior de su vehículo, casa, lugar de trabajo o en la calle.

Algunas recomendaciones del Informe:

La Constitución de Honduras de 1982 garantiza el principio de no discriminación, en particular por motivos de sexo (art. 60), el derecho inviolable a la vida, la dignidad, la integridad física, moral y mental y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También garantiza la libertad de opinión y expresión (art. 72), de circulación (art. 81), de pensamiento, religión, reunión y asociación (art. 78), y reconoce el derecho de hábeas corpus y el recurso de amparo (art. 182).  A su vez, el Estado Hondureño ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos pertinentes, y estos forman parte del derecho interno, sin embargo, se nota una gran brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional.

Por otra parte, Honduras aún no es parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Frente a esto, el Informe recomienda: La ratificación de esos instrumentos proporcionaría a los defensores y defensoras de derechos humanos instrumentos importantes para hacer efectivos los derechos de la mujer, los niños y los derechos económicos y sociales y contribuiría a aumentar la rendición de cuentas.

En cuanto a la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, el relator informa que es preocupante  la práctica generalizada de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su labor en el ámbito de los derechos humanos, en particular en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de expresión. Por lo que recomienda:se revisen las leyes utilizadas para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su trabajo legítimo, con miras a que su contenido y ejecución se ajusten al principio de legalidad y a otras normas internacionales de derechos humanos.

Respecto a la situación de Defensores y Defensoras de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, le preocupa el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTB y la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total. Según los informes recibidos, desde 2008 hasta principios de 2018, ha habido en Honduras al menos 295 asesinatos contra personas LGBT, 11 de los cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Sólo en 2017, se han reportado 34 asesinatos contra personas LGBTI. A la vez que,  fueron muy preocupantes los testimonios de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI que denunciaron la inacción del Estado para reducir el uso por parte de los medios de comunicación de la incitación al odio contra ellos y la comunidad LGBTI. Me explicaron cómo los programas de televisión a menudo transmiten programas y debates morales en los que se utiliza la religión para discriminar, desaprobar y generar odio contra los miembros de estas comunidades. A raíz de esta situación, recomienda al Estado de Honduras a que elaboren protocolos de investigación contra los ataques a defensores y defensoras LGBTI.

 

 

 

 

 

En relación al Consenso de Montevideo

Honduras es uno de los 38 países que aprobaron el Consenso de Montevideo. Lo cual implica que el Estado debe desplegar una serie de acciones que garanticen, promuevan y reconozcan los derechos humanos que se incluyen en este consenso.

El Consenso contiene 120 medidas prioritarias en 8 temas: 1- Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; 2- Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 3- Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; 4- Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; 5- Igualdad de género; 5- La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; 6- Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; 7- Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos; 8- Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Estos hechos contravienen especialmente las siguientes medidas del Consenso:

11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;

33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia; 

34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva; 

35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales; 

36. Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación; 

37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;

57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

Las medidas que se mencionaron anteriormente no son exhaustivas.

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