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Organizaciones feministas alertan por cambio en Código Orgánico de Salud

Cuenca, Ecuador
Alertas Latentes
Última Actualización: 13-08-2018
  • Tipo de Alerta Alertas Latentes
  • Fuente Construyendo Igualdad Articulación Feminista
  • Fecha de la alerta04-06-2018

Descripción

Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en una conferencia de prensa el 28 de mayo de 2018, representantes de cuatro organizaciones de mujeres (Mujeres con voz, Frente Ecuatoriano para la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador y Construyendo Igualdad Articulación Feminista), expusieron algunos temas que consideran pendientes legislativos a fin de construir una política pública que garantice la salud de las mujeres ecuatorianas.

Entre esos temas, mostraron su preocupación en lo que respecta al tratamiento parlamentario del proyecto del nuevo Código Orgánico de Salud, exigiendo que el mismo cumpla una perspectiva de género y no suponga una regresión en los derechos ya adquiridos. Les preocupa el capítulo relacionado a los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes, pues tal como está planteado en el proyecto, para acceder a métodos anticonceptivos deberán contar con la autorización de los padres o representante legal, y esto estaría restringiendo el acceso a dichos métodos.

Pidieron además que el marco jurídico tenga sinergia y coherencia con otras leyes, como ser la Ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y el Código Orgánico Integral Penal. Consideran además,  que no se deben incorporar artículos represivos, impulsados por "grupos fundamentalistas y anti derechos".

Recordaron además que la legalización del aborto es una deuda pendiente que el Estado ecuatoriano mantiene con las mujeres de ese país, destacando que obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado es violencia simbólica, violencia estatal y violencia ginecobstétrica. Enfatizaron que el embarazo infantil en Ecuador no encuentra respuestas integrales por parte del Estado, no interpretándose la ley que permite interrumpir esos embarazos por motivos que afectan la salud de esas niñas embarazadas, por no interpretar al mismo tiempo que dichos embarazos son producto de violencia sexual por su entorno familiar o cercano, lo que afecta su salud mental. Es así que estas niñas son forzadas por el Estado a continuar con embarazos que afectan su salud.

En relación al Consenso de Montevideo

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