- Tipo de Alerta Alertas Latentes
- Fuente https://www.animalpolitico.com
- Fecha de la alerta13-08-2018
Descripción
En marzo de 2018, el Senado de México aprobó un proyecto, que contaba con la anuencia previa de Diputados, el cual establecía una modificación en la Ley General de Salud a través de la cual se contemplaba la posibilidad de que el personal de la salud pudiera alegar objeción de conciencia en prácticas médicas, como ser, en el caso de la interrupción de un embarazo.
La reforma aprobada por el Senado señala que el personal de la salud puede negarse a brindar un servicio por considerarlo inmoral o no ético. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) le pidió al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que ejerza su potestad de veto ante esta medida que es considerada una regresión en el progreso logrado hasta ahora en el reconocimiento de los derechos de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos.
La CDHDF, en ese Oficio enviado al Presidente, destaca que de acuerdo a instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, el libre ejercicio de la libertad de religión o de creencias puede ser restringido con el fin de proteger “la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”. Además recordó que en la Recomendación No. 24 de la CEDAW, se establece que la negativa de un Estado a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer, en condiciones legales, es discriminatoria.
Al pedido de la CDHDF, se sumó el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, quien también le pidió al Ejecutivo vete la reforma, enfatizando en la obligatoriedad del Estado de garantizar la prestación de servicios de salud suficientes para realizar los procedimientos médicos a los que tiene derecho la ciudadanía. A la vez que alertó sobre la posibilidad mediante esta reforma de que se obstaculice el ejercicio pleno de todas las personas al ejercicio de sus derechos humanos.
En la misma línea, también se manifestaron senadoras, candidatas a cargos de elección y feministas, quienes además de solicitar el veto presidencial al Art. 10 Bis de la Ley de Salud, alertaron que la redacción general que se le ha dado al artículo en cuestión, podría ocasionar por un lado, la interferencia en la atención médica que requiere un paciente, por motivos de índoles moral, y por otro, que el médico imponga al paciente sus creencias o condicione sus servicios. Las mujeres también hicieron un llamado para que se respete la laicidad y la democracia, en particular cuando la objeción de conciencia violenta el Estado laico, porque antepone una visión no laica y no científica, al derecho fundamental de la salud; además de que este concepto puede ser usado contra la interrupción legal del embarazo.
Objeción de conciencia y la vulneración de derechos (Fragmento del artículo de María del Pilar González Barreda en Animal Político):
En el caso de México, existen profundas diferencias que se traducen en desigualdades materiales y perjudican en mayor medida a quienes están en situación de vulnerabilidad. Históricamente, la diferencia sexo-genérica ha supeditado a las mujeres al control masculino, entre otros aspectos, por la (re) producción de asignaciones socioculturales impuestas que tienen efectos en aquellas que se encuentran en posiciones desaventajadas no sólo por ser mujer, sino por diversos factores como la condición económica, la pertenencia a una comunidad indígena o por razón de edad. Este tipo de reformas parecen no tomar en cuenta los obstáculos que tienen las y los mexicanos para ver protegidos sus derechos humanos. Por cuanto hace a la salud sexual y reproductiva, la discusión en el Congreso fue omisa en considerar el contexto de violencia que viven las mujeres y que en muchas ocasiones es fortalecida por el propio Estado; así, las consecuencias de la violencia sexual, la falta de operatividad institucional y fundamentalmente los casos documentados sobre la negativa para acceder al aborto cuando el embarazo es producto de una violación, tendrían que haber sido considerados y tomados en cuenta en la discusión parlamentaria.
Esta adición a la LGS puede ser un mecanismo para obstruir la protección de los derechos humanos, una forma de perpetuar el control estatal de los cuerpos de las mujeres, previsto en la norma jurídica. (...)
La regulación jurídica de la objeción de conciencia requiere de un análisis crítico sobre las implicaciones y los alcances que tendría en una sociedad que irrumpe cotidianamente contra sus miembros, ya que puede ser usada como otro mecanismo de discriminación para negar derechos humanos al poner en riesgo las vidas marcadas por diferencias estructurales. Bastantes obstáculos existen ya (socioculturales, económicos, de política pública, de impartición de justicia), para que la objeción de conciencia sea utilizada como otra ‘modalidad’ para negar la condición de ciudadanía plena a las mujeres mexicanas.
