Organização de ultraconservadores católicos, o Centro Dom Bosco Fé e Cultura, entrou, em 2018, com processo junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para impedir que Católicas pelo Direito de Decidir utilizem a palavra católicas no nome. CDD apelou de decisão da 2ª instancia, que favoreceu o Centro. O processo está em fase de decisão se seguirá ou não para instâncias superiores (STJ e STF).
Tras 20 horas de debate y con 131 votos a favor y 117 en contra, Diputados le dio media sanción al proyecto de legalización del aborto.
La ONG Chicas Poderosas Argentina lanzó su investigación “Los derechos no se aíslan”, un conjunto de historias contadas en diversos formatos sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de coronavirus en las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.
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Elas também têm menos acesso a anestesia durante o parto normal e morrem mais em decorrência da gestação
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) presentó su Protocolo de atención y actuación ante casos de acoso sexual. La decana, Carmen Midaglia, destacó que el documento establece las conductas «que no van a ser más aceptadas y que van a ser sancionadas en esta casa de estudios».
Las medidas de confinamiento para la prevención de contagio implicó un mayor uso de internet, dejando en evidencia, entre otras ocsas, que la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes tiene una expresión en dicho entorno que debe ser contemplada por la legislación en esa materia.
La "Ley OlimpiA" introduce reformas al Código Penal que sancionan con severidad la violencia digital y mediática, además de combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales.La iniciativa lleva el nombre de Olimpia Coral Melo, originaria de Huachinango, Puebla, que es una víctima de ciberviolencia.
En el marco del “Día Internacional para la prevención del Abuso Infantil”, México ha sido protagonista de cientos de titulares de prensa a nivel internacional por encabezar la lista de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores tasas de abuso sexual infantil. A través de organizaciones de la sociedad civil y varios actores políticos, la sociedad mexicana ha sido llamada a reflexionar sobre este problema cuya gravedad ya se conocía antes de la pandemia de COVID 19, pero que tras las medidas de confinamiento forzoso tomó una dimensión sin precedentes.
El presidente argentino, Alberto Fernandez, anunció hoy martes 17 de noviembre el envío del proyecto de ley de legalización del aborto. El mismo contemplará los consensos básicos recogidos del debate parlamentario del 2018.
El envío de este proyecto es un compromiso asumido por el presidente en su camapaña electoral. Según varios medios de prensa el proyecto de ley ya se encontraba listo para ser enviado pero debió postergarse a raíz de crisis sanitaria.
El actual gobierno de Brasil, a pesar de los acuerdos que éste país ha ratificado, propuso de manera conjunta a los gobiernos de Estados Unidos, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda la firma de una declaración contra el derecho al aborto y en defensa de la salud de las mujeres y del papel de la familia como unidad fundamental de la sociedad.
La denominada "Declaración del Consenso de Ginebra" (VER TEXTO) fue firmada por los países promotores del acuerdo junto a otros 31 Estados el pasado 22 de Octubre y permanece abierta a nuevas adhesiones.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) aprobó el informe “Prevención del Embarazo en Adolescentes en el actual contexto de emergencia por COVID-19” que presentará nuevas recomendaciones para la prevención del embarazo en adolescentes en el Perú.
IPS decide retirar nuevamente un anticonceptivo del mercado, esta vez el Conti-Marlon 20, debido a un “error en el esquema de administración (...)”. Este se suma a los tres anticonceptivos que han sido retirados durante este año.
En el mes de septiembre se cumplieron 30 años de la declaración de San Bernardo, como también 3 años de la vigencia de la Ley IVES. En tiempos de pandemia la situación ha empeorado, el Estado no ha garantizado el acceso a una salud que certifique el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como tampoco el acceso a la ley Ives, por lo que muchas mujeres siguen abortan peligrosamente en clandestinidad.
En el contexto de la Pandemia, se denuncia un alto número de casos en que a las mujeres se les niega la posibilidad de entrar al parto con acompañante y solo pueden ser acompañadas por el personal de salud a pesar de no tener un contagio positivo confirmado. Los hospitales y el gremio de matronas piden lineamientos técnicos que salgan desde el gobierno para, entre otras cosas, regular el acompañamiento durante el parto y la aplicación de PCR preventivo para mujeres embarazadas, los cuales frente a la ausencia han mostrado sesgos importantes de clase.
Previo a la celebración del 28S, tres organizaciones de mujeres y feministas - el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Programa Feminista La Corriente y la Coordinadora de Mujeres Rurales - fueron objeto de asedio, arbitrariedades y agresiones por parte de la policía.
El proyecto fue elaborado por la Red de Padres Responsables y establece que la educación sexual “atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas” y que todo padre tiene “derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos”
Celia, de 34 años,es una activista y mujer transgénero con gran liderazgo en la Isla de Ometepe (Moyogalpa, departamento de Rivas) que ha sido detenida arbitrariamente en dos ocasiones. Desde el 30 de setiembre permanece en huelga de hambre como medida de protesta ante las condiciones inhumanas que viven en la prisión y en demanda de libertad ante su injusto encarcelamiento.
Luz estuvo con prisión preventiva dos años, acusada de un intento de homicidio del que no habían pruebas firmes. Durante el juicio su defensa trató de enseñarle al tribunal claves sobre las violencias estructurales que hacen que las personas T sean criminalizadas. Hoy la absolvieron de todos los cargos.
Este 28 de septiembre, la policía retuvo y agredió con excesivo uso de la fuerza a manifestantes de la marcha por la despenalización del aborto en Ciudad de México y Veracruz.
Para hacer frente a la nueva ofensiva del gobierno contra el derecho al aborto, feministas, sociedad civil y movimientos sociales se articulan. Se acciona una Alerta Feminista, mecanismo creado para momentos donde se ataca gravemente a los derechos reproductivos.
En este momento donde están surgiendo una cantidad de testimonios que describen abuso sexual, desde Cotidiano Mujer (integrante de la AFM) queremos aportar todas las herramientas que tenemos para apoyar a quienes se encuentren en esa situación. Por esa razon, difundimos esta guía antes de haber sido presentada públicamente.
“La libertad es mi causa” es la consigna bajo la cual 91 organizaciones y 134 activistas por los derechos de las mujeres, que integran el Movimiento Causa Justa, se organizaron para presentar una demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal.
Un proyecto de ley propone la creación de Casas de Partos y Nacimientos: lugares destinados y acondicionados para partos fisiológicos y de bajo riesgo, con características similares a un hogar. En estas “casas”, profesionales calificadas/os matriculadas/os, trabajadores/as especializados en el entorno del nacimiento, brindarán cuidados y asistencia a las personas con capacidad de gestar y sus familias o acompañantes, durante la etapa preconcepcional, prenatal, parto y post parto.
Son 11 los proyectos que ya empezaron a discutirse en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Más allá de las particularidades de cada uno, la ley supondría la incorporación de 40.000 personas trans y travestis al mercado laboral formal.
En marzo de 2018, el Senado de México aprobó un proyecto, que contaba con la anuencia previa de Diputados, el cual establecía una modificación en la Ley General de Salud a través de la cual se contemplaba la posibilidad de que el personal de la salud pudiera alegar objeción de conciencia en prácticas médicas, como ser, en el caso de la interrupción de un embarazo.
La reforma aprobada por el Senado señala que el personal de la salud puede negarse a brindar un servicio por considerarlo inmoral o no ético. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) le pidió al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que ejerza su potestad de veto ante esta medida que es considerada una regresión en el progreso logrado hasta ahora en el reconocimiento de los derechos de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos.
La CDHDF, en ese Oficio enviado al Presidente, destaca que de acuerdo a instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, el libre ejercicio de la libertad de religión o de creencias puede ser restringido con el fin de proteger “la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”. Además recordó que en la Recomendación No. 24 de la CEDAW, se establece que la negativa de un Estado a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer, en condiciones legales, es discriminatoria.
Al pedido de la CDHDF, se sumó el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, quien también le pidió al Ejecutivo vete la reforma, enfatizando en la obligatoriedad del Estado de garantizar la prestación de servicios de salud suficientes para realizar los procedimientos médicos a los que tiene derecho la ciudadanía. A la vez que alertó sobre la posibilidad mediante esta reforma de que se obstaculice el ejercicio pleno de todas las personas al ejercicio de sus derechos humanos.
En la misma línea, también se manifestaron senadoras, candidatas a cargos de elección y feministas, quienes además de solicitar el veto presidencial al Art. 10 Bis de la Ley de Salud, alertaron que la redacción general que se le ha dado al artículo en cuestión, podría ocasionar por un lado, la interferencia en la atención médica que requiere un paciente, por motivos de índoles moral, y por otro, que el médico imponga al paciente sus creencias o condicione sus servicios. Las mujeres también hicieron un llamado para que se respete la laicidad y la democracia, en particular cuando la objeción de conciencia violenta el Estado laico, porque antepone una visión no laica y no científica, al derecho fundamental de la salud; además de que este concepto puede ser usado contra la interrupción legal del embarazo.
Objeción de conciencia y la vulneración de derechos (Fragmento del artículo de María del Pilar González Barreda en Animal Político):
En el caso de México, existen profundas diferencias que se traducen en desigualdades materiales y perjudican en mayor medida a quienes están en situación de vulnerabilidad. Históricamente, la diferencia sexo-genérica ha supeditado a las mujeres al control masculino, entre otros aspectos, por la (re) producción de asignaciones socioculturales impuestas que tienen efectos en aquellas que se encuentran en posiciones desaventajadas no sólo por ser mujer, sino por diversos factores como la condición económica, la pertenencia a una comunidad indígena o por razón de edad. Este tipo de reformas parecen no tomar en cuenta los obstáculos que tienen las y los mexicanos para ver protegidos sus derechos humanos. Por cuanto hace a la salud sexual y reproductiva, la discusión en el Congreso fue omisa en considerar el contexto de violencia que viven las mujeres y que en muchas ocasiones es fortalecida por el propio Estado; así, las consecuencias de la violencia sexual, la falta de operatividad institucional y fundamentalmente los casos documentados sobre la negativa para acceder al aborto cuando el embarazo es producto de una violación, tendrían que haber sido considerados y tomados en cuenta en la discusión parlamentaria.
Esta adición a la LGS puede ser un mecanismo para obstruir la protección de los derechos humanos, una forma de perpetuar el control estatal de los cuerpos de las mujeres, previsto en la norma jurídica. (...)
La regulación jurídica de la objeción de conciencia requiere de un análisis crítico sobre las implicaciones y los alcances que tendría en una sociedad que irrumpe cotidianamente contra sus miembros, ya que puede ser usada como otro mecanismo de discriminación para negar derechos humanos al poner en riesgo las vidas marcadas por diferencias estructurales. Bastantes obstáculos existen ya (socioculturales, económicos, de política pública, de impartición de justicia), para que la objeción de conciencia sea utilizada como otra ‘modalidad’ para negar la condición de ciudadanía plena a las mujeres mexicanas.
Estas reformas van en contra del cumplimiento de las medidas abajo citadas:
40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;
42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos;
14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos.
Ver másLa AFM es una corriente de pensamiento y acción política feminista que tiene como eje central de su estrategia, promover el desarrollo de un campo político feminista a nivel regional y global.